Sectarismo y seguridad sanitaria

Muchos colombianos no conocen la meritoria historia del Instituto Nacional de Salud (INS), institución fundada en 1917 por la iniciativa privada de dos insignes médicos, Bernardo Samper Sordo y Jorge Martínez Santamaría, con el propósito de realizar diagnósticos de distintas enfermedades infecciosas y elaborar productos biológicos, como el suero antidiftérico y la vacuna antirrábica.

Aquella institución, originalmente llamada Laboratorio Samper-Martínez, fue adquirida por el Estado a finales de los años veinte, y a ella se integró otra aún más antigua, el Parque de Vacunación, una entidad republicana que heredó la tradición de combate contra las reiteradas epidemias de viruela que afectaron a la Nueva Granada, a donde llegó la vacuna a través de la Expedición Filantrópica pocos años después de su desarrollo por Edward Jenner en 1796.

Colombia debe sentirse orgullosa de sus desarrollos en salud pública. Esos logros incluyen la erradicación de la viruela y la polio, y el descenso de la mortalidad infantil. Más recientemente, en conjunto con el Ministerio de Salud, el reconocimiento como país libre de sarampión y rubeola.

Al instituto se deben muchos de los avances en nuestra capacidad de diagnóstico del país y en la vigilancia epidemiológica. El INS ha contribuido a la extensión de más de 30 años en la expectativa de vida de los colombianos durante el último siglo.

Hoy es uno de los centros de mayor prestancia en la generación de conocimiento en salud pública en el continente, lo cual se debe tanto a la idoneidad de sus funcionarios, como a su autonomía.

Esa gestión se ha sustentado en el liderazgo y reconocimiento público de quienes lo han dirigido. Directores y también científicos como Jorge Boshell, Moisés Wasserman y Fernando de la Hoz, entre otros, han impulsado los avances científicos del instituto en tiempos recientes.

Pero esa notable historia asimismo ha tenido sus momentos oscuros. La salida de Martha Lucia Ospina como directora del Instituto Nacional de Salud (INS) podría marcar el final de un ciclo de 14 años de recuperación del instituto, después de un desafortunado periodo en el cual estuvo politizado.

Como resultado de esa politización se puso en riesgo nuestra seguridad sanitaria en temas críticos como la producción de antivenenos.

Suena increíble, pero durante 13 años, desde 2004 hasta 2017, el país se mantuvo en emergencia sanitaria por desabastecimiento. Debido a problemas de gestión y desfinanciamiento, el instituto no pudo asegurar la disponibilidad de esos biológicos esenciales, en un país donde se presentan cada año más de 4.500 mordeduras de serpiente.

Se perdió hasta la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en 2014. Después de cinco años de arduo trabajo de la entidad, el apoyo del ministerio y el empuje de la dra. Ospina, se recuperó nuestra seguridad sanitaria en antivenenos.

Es necesario proteger al INS para que no se repita lo que ha venido ocurriendo en el Ministerio de Salud, que durante más de 20 años se había consolidado como un organismo rector técnico.

Tanto su estructura como capacidades en los niveles intermedios se había fortalecido manteniendo la estabilidad y cualificación de funcionarios en temas tan críticos como la política de salud pública, la regulación del aseguramiento y de la prestación de servicios, así como la protección social de las comunidades más vulnerables.

Escenario difícil para un ministerio siempre pluralista, que había albergado funcionarios y contratistas con diversas visiones políticas y había sido ajeno al sectarismo, incluso manteniendo funcionarios que venían desde que fue dirigido por exmiembros del M-19.

Sobre ese pluralismo se cimentó la rectoría de la autoridad sanitaria, para proteger la salud de 51 millones de colombianos durante la pandemia.

Más de 200 funcionarios y contratistas del Ministerio de Salud han sido declarados insubsistentes, se les ha pedido la renuncia o se les ha anunciado la no renovación de contrato, con una pérdida de capital institucional sin precedentes.

Salen, entre otros, la mayor parte de los funcionarios que manejaron la epidemiología y comunicación de riesgo durante la pandemia, la gente a cargo del manejo de desastres, de los programas materno-infantiles y algunos muy cualificados en la ejecución de los cálculos para establecer los costos de los planes de beneficios. Una pérdida de capacidad técnica que seguramente llevará muchos años volver a construir.

Preocupa que lo sucedido en el ministerio se extienda al instituto y se inicie una persecución de virólogos, biólogos, matemáticos y otros profesionales que representan el núcleo de la defensa del país frente a los riesgos de salud.

Que agentes políticos del Gobierno, como el senador Bolívar, identifiquen genéricamente a los actuales funcionarios contratistas de instituciones públicas como “uribistas que nos odian” y llamen a suplir los cargos actuales a partir del primero de diciembre con “gente de nuestra causa” es preocupante para el caso de muchas agencias de gobierno. Pero esa doctrina sectaria aplicada en el INS pone en absoluto riesgo la supervivencia de los colombianos.

El instituto es la entidad encargada de expandir las capacidades de diagnóstico para las epidemias y pandemias.

Es el Dane de la salud, ya que realiza los estudios sobre los eventos de salud pública lo cual incluye evaluar las intervenciones del propio Ministerio de Salud. Coordina la red de genómica y la red de laboratorios de salud pública.

Es laboratorio de referencia para el país e incluso para otros países de Latinoamérica. Su idoneidad e integridad es esencial para la salud de los colombianos.

Representa la capacidad del Estado, más que del Gobierno, para diseñar y operar las capacidades científicas para mejorar la salud pública y la seguridad sanitaria, tanto regularmente como en tiempos de emergencias.

Debe mantenerse independiente de los vaivenes políticos y eso pasa por seleccionar una dirección con perfil y experiencia acorde con su misionalidad. En el INS y en Vecol residen la capacidad y el conocimiento para desarrollar y producir vacunas y medicamentos biotecnológicos, no en Drogas La Rebaja.

Si de medicamentos biotecnológicos se trata, están buscando en el lugar equivocado.

El presidente Petro, en últimas el responsable de la salud de todos, tiene esa inmensa responsabilidad histórica de proteger el capital humano y técnico del Instituto Nacional de Salud.