Opinión
Secuestro a la democracia
La campaña Petro Presidente violó —por demasía— los topes electorales, asegurándose su espuria victoria.
El sistema constitucional colombiano prevé la existencia de dos órganos independientes y autónomos del Estado encargados, a su vez, de lo relativo al registro civil y la identificación de los ciudadanos, así como de los mecanismos de participación democrática y las elecciones por voto popular; estas funciones son responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por su parte, lo concerniente a la inspección, vigilancia y control de toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, corresponde al Consejo Nacional Electoral. Sobre este último conviene recordar que dicha autoridad se encuentra bajo la lupa del petrismo recalcitrante que ha atacado de forma inmisericorde a este órgano constitucional y sus miembros por simplemente dejar en evidencia la forma en que la campaña Petro Presidente violó —por demasía— los topes electorales, asegurándose su espuria victoria.
Ahora, a manera de desquite y con un entenebrecido panorama para las elecciones del 2026, el petrismo y la izquierda radical buscan, desde el atrio del poder del Estado, secuestrar la democracia. ¿Cómo? La estrategia ya está develada.
Recordemos como el gobierno empezó una andanada de acusaciones, recusaciones, demandas, tutelas y demás estrategias en contra del CNE; lo anterior al quedar en evidencia las irregularidades de la financiación de la campaña del hoy presidente de la República. Esta estrategia incluyó ‘funar’ a los magistrados a través de las publicaciones de los siempre bien confiables bodegueros pertenecientes a la nómina estatal.
Sin embargo, la estrategia no paró ahí. En otro frente de batalla, el gobierno aprovechando el vencimiento del plazo del contrato de pasaportes, emitió soterradamente la orden presidencial de sacar a como diera lugar de la puja para escoger al contratista que proveyese la expedición de pasaportes a Thomas Greg & Sons. No obstante, y fruto de su afán, torpeza y múltiples errores jurídicos, a la cancillería les correspondió recular y volver a llamar a la multinacional de origen británica ante la imposibilidad de que alguien más estuviese preparado o habilitado para prestar el servicio.
No siendo suficiente lo anterior, el gobierno, consciente de su impopularidad y sin posibilidades electorales válidas y legales de cara a las presidenciales de 2026, decidió meterse de lleno a secuestrar por la falsa vía de la “investigación por afectación a la libre competencia económica en la contratación estatal”, el proceso democrático de 2026. El alfil utilizado para encarar esta estrategia no es otra que la siempre confiable Cielo Rusinque, quien en dos años de gobierno ha recorrido de la mano de su mentor, el estratega Gustavo Bolívar, los más preciados cargos y ternas del orden nacional. Rusinque, caracterizada por su obediencia al dictador, acomoda las funciones de la SIC y, so pretexto de investigar los contratos de la registraduría y con el supuesto fin de “conocer el diseño y ejecución de los procesos de contratación y determinar si existen prácticas anticompetitivas”, invadió el órgano electoral con un detalle no menor. En la contratación de la Registraduría aparece el nombre de uno de los perseguidos de este gobierno, la multinacional Thomas Greg & Sons.
En su ejercicio, la SIC no solo excedió sus funciones e invadió la órbita de competencia de un órgano autónomo e independiente del Estado, sino que solicitó información sensible partiendo de la premisa errada de que los proveedores de la Registraduría hacen las elecciones o escrutan los resultados.
Recordemos que este no es un hecho aislado, ya se había advertido la estrategia contra el órgano electoral en el sentido que el Gobierno nacional no deseaba girar los recursos y así desfinanciar las elecciones de nuestro país. Con Petro y su cuadrilla no podemos creer en casualidades o conjeturas. Él sabe que el pueblo colombiano no quiere más de su empobrecedor y fracasado modelo estatal, por lo que su desespero lo está llevando cada vez más a la orilla de su más absoluto radicalismo y totalitarismo. Es momento para que la Procuraduría General de la Nación active su función preventiva a fin de salvaguardar los derechos participativos de todos los colombianos y podamos resguardar nuestras instituciones democráticas.
Este gobierno insulta la inteligencia de la ciudadanía. Resultan poco creíbles las preocupaciones del gobierno hacia la libre competencia de los proveedores logísticos de las elecciones cuando en las narices de la SIC, el mismo gobierno destina de forma directa y sin licitación millonarios recursos para sórdidos eventos en la plaza de Bolívar o, peor aún, la asignación de los $ 70.000.000 para un documental de la vida de Francia Márquez. Estas denuncias la conocemos gracias a la acertada y valiente denuncia del concejal Daniel Briceño, quien —además— informó en su momento, los notables excesos del superintendente Rusinque, cuyo esquema de seguridad personal alcanza un valor de $ 113.000.000 mensuales durante 8 meses y pagado de los bolsillos de los colombianos.
La democracia debe ejercerse libremente. El mandatario de turno —ilegítimo por demás— está viendo como se le desvanece la esperanza de un proyecto político que fracasó rotundamente y ahora pretende debilitar y socavar el atributo de independencia y autonomía de la Registraduría Nacional del Estado Civil, comprometiendo a su paso el ejercicio libre del voto popular.
Presidente, es su deseo y el de sus lacayos, perpetrarse en el poder “y entrar en la misma tónica de los Maduros…”. El pueblo colombiano lo eligió bajo este esquema democrático, no pretenda secuestrar nuestra democracia; le exigimos que respete a los colombianos y garantice un certamen electoral libre y sin presiones indebidas de su gobierno.
La nueva derecha de este país está llamada a proponer un modelo de gobierno sostenible y sustentable, ya los ejemplos de Argentina y EE. UU. muestran un viraje hacia un nuevo tiempo y un mejor porvenir político para Colombia en el 2026. Reconstruir nuestra nación es la consigna que debe inspirar al pueblo colombiano, ya estamos advertidos de que el socialismo y el mal llamado progresismo no son una opción viable.