Seguridad y Justicia en Bogotá

Las cosas deben ser claras. La seguridad y la justicia son los aspectos más desafiantes en la pospandemia del covid-19. En ese sentido, cada entidad debe asumir la responsabilidad de sus competencias y proceder a trabajar articuladamente por y con la ciudadanía para fortalecer la institucionalidad en Colombia.

En cuanto a la seguridad, debe indicarse que los alcaldes son los jefes de Policía en sus ciudades y deben trabajar de la mano con la Policía Nacional en el ámbito de lo preventivo. Por eso, la inversión en seguridad que realicen los mandatarios locales es primordial. Cámaras de reconocimiento facial, drones, mapas de calor en las zonas donde el delito prolifera, un pie de fuerza de policía preventiva y persecución inteligente a la delincuencia son puntos cruciales contra la criminalidad urbana.

En todo esto, debe destacarse que la Policía Nacional ha multiplicado sus esfuerzos y trabajado con mucho ahínco en esta labor. Los alcaldes deben comprender que su rol de dirección en la seguridad de las ciudades debe ser el de empoderar, rodear y trabajar de la mano con la Policía. Las maledicencias conducen al fracturamiento de la confianza institucional y a la ausencia de resultados.

En cuanto a la justicia, la Fiscalía General de la Nación y los jueces hacen su trabajo con responsabilidad conforme a la Constitución y la ley. El ente acusador investiga cuando los hechos ocurren, es decir, cuando la seguridad ciudadana falla y se genera el delito.

En lo que sabe hacer la Fiscalía que es investigar, los resultados respecto a la inseguridad ciudadana son contundentes. La persecución itinerante con investigaciones previas, la comprensión de los fenómenos criminales, la concentración de actividades investigativas y la articulación son esenciales. En el caso de Bogotá y otras ciudades de nuestro país, el éxito de la entidad está atado a perseguir y judicializar el crimen organizado y sus finanzas criminales. En nuestras ciudades se explica el aumento de la comisión de delitos con la presencia de organizaciones criminales. Lo que podríamos llamar acciones criminales no concertadas o la realización de delitos de oportunidad no son la regla en nuestro país.

En ese sentido y para poner el ejemplo de nuestra capital, la Fiscalía es eficaz en el 84 por ciento de los casos cuando existe orden judicial previa contra el crimen organizado. Es decir, cuando se recibe la denuncia, nuestros fiscales preparan su plan metodológico mientras que el CTI, Dijin o la Sijin, en los territorios, obtienen los elementos materiales probatorios o evidencia física para solicitar ante los jueces de garantías las órdenes de captura. Una vez asegurados los presuntos responsables, otros jueces de garantías legalizan las capturas y se logran las medidas de aseguramiento. Ese es el éxito de nuestra entidad.

El vacío se presenta con las capturas en flagrancia que realiza la Policía Nacional y es allí donde debe trabajarse con mucho énfasis. Es cierto que muchas de estas capturas no logran el esclarecimiento judicial por varios factores. Unos son legales como, por ejemplo, personas capturadas por delitos cuya pena es menor a cuatro años que no comportan medidas de aseguramiento en centro carcelario; otros porque existen delitos querellables; otros factores son operativos como cuando el informe de la Policía es insuficiente para demostrar que esa persona cometió el delito en flagrancia y nuestros fiscales deben dejarlos libres o cuando los jueces consideran que no cabe medida de aseguramiento por considerar que no existen elementos para hacerlo. En Bogotá, por ejemplo, solo el 9 por ciento de las capturas en flagrancia logran medida de aseguramiento y son esclarecidos.

Por eso, en el marco de un trabajo armonioso con las instituciones judiciales y policiales, es necesario buscar soluciones. Unas de carácter legal, como verificar las dinámicas criminales y ajustar algunas penas en el Código Penal, también facilitar aún más los preacuerdos como mecanismo anticipado para terminar los procesos, porque es cierto que el sistema penal acusatorio se hizo para que la minoría de los casos lleguen a juicio y puedan lograrse sentencias condenatorias rápidas. Desafortunadamente, el proceso se entendió por parte de muchos operadores a la inversa y se complejizó tanto, que lograr una sentencia en Colombia es muy demorado y dispendioso.

Otras salidas posibles es el fortalecimiento de los informes de captura que elabora la Policía con el fin de que los fiscales tengan elementos de prueba suficientes para ir ante los jueces. Sin esto, la judicialización efectiva fallará. Debe recordarse que Colombia es un país garantista y sus instituciones se rigen por esa dinámica.

Por último, alcaldes, Policía y Fiscalía deben focalizar la lucha contra el crimen organizado. La Fiscalía trabaja en eso muy bien y hoy somos exitosos al tener tasas de esclarecimiento de más del 80 por ciento en el territorio nacional. El éxito de las instituciones redunda en la ciudadanía. Por eso, ante el reto cotidiano de la criminalidad, la respuesta es trabajo constante y articulado.