Señor canciller, escúchenos

Imagínate salir huyendo de tu hogar porque unos paramilitares te buscan para secuestrarte o desaparecerte. Logras —de milagro— escapar de la injusticia y cruzar las fronteras de tu país, esquivando cientos de alcabalas y controles policiales. Al llegar a tu destino, las autoridades te dicen que debes solicitar refugio porque no existen procesos regulatorios para tu situación. Haces la solicitud con desesperación, narrando entre lágrimas las tragedias que has vivido. Meses después, sigues a la espera de la aprobación de tu refugio, sin poder trabajar y con cada día menos churupitos de esos que te costó ahorrar, ¿cómo te sentirías?

Esta es la situación actual de cientos de venezolanos que se vieron obligados a cruzar la frontera tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Ciudadanos que, a pesar de la crisis, habían aprendido a sobrellevar la situación. Lo que nunca previeron estos compatriotas fue que, por ejercer su derecho a la participación —un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948—, una patrulla del Sebin, DGCIM, CICPC o cualquier otro cuerpo paramilitar bajo el mando de Nicolás Maduro llegaría a sus hogares con la orden de secuestrarlos.

En Bogotá, la Fundación Juntos Se Puede, encabezada por Ana Karina García, ha pedido al canciller Luis Gilberto Murillo que se permita a los solicitantes de refugio trabajar legalmente mientras sus solicitudes son evaluadas. Como refugiado venezolano, apoyo esta iniciativa porque la falta de permisos de trabajo condena a las personas con necesidades de protección internacional a la precariedad. Es necesario implementar cambios que permitan a los refugiados tener acceso a empleos formales desde el inicio del proceso de solicitud.

Cuando crucé la frontera y pedí la solicitud de refugio, mi único documento regulatorio era un salvoconducto que me acompañó por un semestre. Con este documento y sin ahorros —porque estaba recién graduado y los escenarios que me llevaron a quedarme en este país en ningún momento estuvieron contemplados en mi vida—, no pude tener ningún trabajo formal. Me desempeñaba como freelance para sostenerme.

Tuve la bendición de una amiga que me cobijó en su hogar y ahí ya me ahorraba lo del arriendo. Siempre era un problema quién podía recibirme unos pesitos en sus cuentas bancarias, y vivía negociando para que la comisión por recibir este dinero no fuera muy alta, porque ya eran lo suficientemente bajos los recursos que generaba. Este salvoconducto que tuve doblado en mi cartera durante seis meses tenía un apartado titulado “historial de extranjero”, seguido de un número que terminó por convertirse en mi identificación cuando me aprobaron la solicitud.

Algunos podrían argumentar que permitir a los refugiados trabajar sin un estatus legal definido podría ser complicado desde el punto de vista regulatorio. Sin embargo, lo que está en juego es la dignidad y el bienestar de miles de personas. Sin la posibilidad de trabajar, los solicitantes de la condición de refugio se ven obligados a depender de trabajos informales y mal remunerados, lo que afecta tanto su bienestar como la economía local. Al permitirles trabajar formalmente, no solo se les brinda una oportunidad de subsistencia digna, sino que también se fortalece la economía de acogida.

Colombia, que ha acogido a millones de venezolanos, debe dar un paso más hacia la integración real de los que están aquí y de los que seguro seguirán llegando. Si el Gobierno no responde a la solicitud de la Fundación Juntos Se Puede, le pregunto respetuosamente al señor canciller: ¿cómo puede una persona sobrevivir sin permiso de trabajo mientras espera su refugio? La integración efectiva de las personas con necesidades de protección internacional contribuye al desarrollo de las naciones de acogida. Colombia debe aprovechar este potencial y dar a los refugiados la oportunidad de trabajar y aportar al país desde el primer momento.