Sesgos, ideologías y adoctrinamientos

Esta semana han causado revuelo las declaraciones del presidente y la vicepresidente de la República en relación con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mes pasado, cuando la CIDH anunció la visita, el Gobierno ya había reaccionado adversamente, entendiendo que la iniciativa ya mostraba una sospecha de que las actuaciones no eran las debidas. El informe que la institución presentó oficialmente esta semana corroboró la posición que han defendido los organismos de derechos humanos y los medios internacionales sobre el manejo que el Gobierno ha dado a la protesta ciudadana: ha habido un claro exceso en el uso de la fuerza, la Policía ha actuado usando técnicas militares y las investigaciones de los abusos están lejos de tener la claridad y transparencia que se esperan en un régimen verdaderamente democrático. La respuesta del gobierno ha sido que las recomendaciones no son obligatorias y que revelan un sesgo predecible de parte de la institución, como si la institución fuera una organización más de la sociedad civil y no un auténtico cuerpo consultivo de la Organización de Estados Americanos creado por un tratado internacional (Carta Interamericana de Derechos Humanos).

Muchas de las críticas al Gobierno se han centrado en defender a la CIDH de la acusación de sesgo, señalando que no hizo más que investigar y recomendar “neutralmente” la defensa de los derechos. Esta defensa, en mi opinión, es muy problemática. Asume que las normas jurídicas no son el resultado de contiendas políticas y que no implican una redefinición del campo de juego, sino que evocan o reflejan la naturaleza de las cosas. Como si no hubiera un verdadero triunfo de la cultura contra el hábito en adoptar normas que nos ayudan a crecer como individuos y como sociedades. Como si fuera obvio que las normas se cumplieran y produjeran los efectos esperados.

El miedo que suscita el sesgo ha sido movilizado por sectores de la derecha en años recientes en varios escenarios. El sesgo de los derechos humanos al que se refiere el Presidente Duque puede parecer hasta extraño en un país católico con una tradición de más de cuatrocientos años relacionada con la defensa de estos derechos. Solamente se entiende en el contexto de una intención de polarizar usando tonos amenazantes que quitan todo aspecto de naturalidad a lo que habitualmente se considera deseable.

La estrategia se transparenta aún más claramente cuando recordamos lo que hace cinco años pasó con la ideología de género en relación con la educación sexual y el Acuerdo de Paz con las Farc: En abril de 2016, las calles se llenaron de manifestantes que expresaban su oposición a la campaña que había promovido el Ministerio de Educación en relación con capacitación sobre orientación sexual e identidad de género. Según los manifestantes, esta información era peligrosa y debía ser silenciada. Pensaban que la campaña expresaba una postura extrema de la jefe de la cartera y debía ser silenciada. Lamentablemente, la ministra procedió a actuar conforme al tono de pánico despertado por los manifestantes, en lugar de expresar la opinión ponderada que había inspirado la campaña: se trataba de materiales de formación para estudiantes y profesores que desarrollaban la orden de la Corte Constitucional en relación con el caso del joven Sergio Urrego. En ese caso, sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional, la Corte concluyó que el colegio en el que estudiaba el joven había vulnerado sus derechos a la libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad e intimidad. Exigió que, además de las soluciones al caso concreto, se llevara a cabo una campaña de educación masiva sobre la orientación sexual y los derechos de todas las personas a expresarla (numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia).

Entre mayo y septiembre de ese mismo 2016, volvimos a presenciar manifestaciones masivas que repudiaban el Acuerdo de Paz con las FARC por haber involucrado la ideología de género. Algunos señalaron que el hecho de que la palabra género se usara más de 100 veces resultaba problemático y que la intención de que el Acuerdo tuviera valor normativo lo que buscaba era proteger a la misma ideología de género de las justificadas críticas y entronizarla en la Constitución para producir sus efectos nefastos. De nuevo, la reacción de muchos frente a este tono de pánico fue aclarar que la palabra género no está asociada a la ideología, sino al prístino conocimiento científico desarrollado en las facultades de ciencias sociales y humanidades. Una respuesta más sencilla era posible: estar en contra de la injusticia efectivamente es una posición política. La construcción de la categoría de género es parte del proyecto de revelar y debatir la injusticia.

En los últimos meses en los Estados Unidos se ha cuestionado ahora el reclamo de injusticia racial de una manera que es similar a esta del sesgo de los derechos humanos y la ideología de género. Se ha acusado a quienes hacen capacitaciones encaminadas a sensibilizar a las personas sobre sus actitudes racistas de buscar generarles culpa por su raza y por el legado histórico de la supremacía blanca. Los rectores de los colegios públicos que fueron acusados explicaron que ese no era el objetivo de las capacitaciones, puesto que ellos no están de acuerdo con las absurdas ideas del racismo implícito o estructural. Esta actitud, sin embargo, muestra poca comprensión de lo que estaban buscando efectivamente con las capacitaciones que contrataban: sensibilizar tiene sentido si uno cree que hay unas actitudes que no son obvias ni visibles, si uno está convencido de que las injusticias están tan naturalizadas que hay que esforzarse por traerlas a la luz. En el caso del racismo, reconocer el sesgo del sistema necesariamente conlleva admitir y hacerse responsable del privilegio que uno ha gozado por su propia raza o situación. No tiene sentido decir que uno no está haciendo lo que está haciendo. Es como borrar con el codo lo que se hace con la mano.

En mi opinión, lo que se moviliza políticamente para polarizar es la idea de que la neutralidad antecede nuestras acciones y que, en lugar de ser un resultado de la cultura, y un resultado bastante sofisticado, es parte de la naturaleza humana. Cuando los abogados hemos insistido en los derechos humanos, la perspectiva de género y el racismo estructural, no lo hacemos para distorsionar una realidad ausente de conflictos. Por el contrario, el objetivo es mostrar que ese conflicto persiste porque la situación en la que estamos es injusta. Superar esa injusticia, claro, implica no ser neutral, es decir, supone no aceptar las cosas como están sino reclamar para cambien. La CIDH no es neutral cuando dice que el gobierno ha violado los tratados internacionales suscritos por Colombia, pero con sus recomendaciones sí aspira a que se construyan instituciones más justas.