OPINIÓN
Siguen en guerra
Hablan de paz pero promueven la guerra, hablan de Estado Social pero desconocen decisiones judiciales, reclaman derecho a la protesta pero violan derechos de los demás, piden más democracia pero desconocen decisiones mayoritarias.
No importó la pandemia de covid-19 y sus picos más altos, no importó la discutible medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aplazaba las manifestaciones de 28 de abril y 1 de mayo para evitar mayores contagios, no importó la crisis económica ni el desempleo, había que marchar en contra del proyecto de reforma tributaria, que a la postre fue retirado. Entonces, tampoco importó, las marchas continuarían el 1, 3 y 5 de mayo, contra la reforma a la salud, el transporte ilegal o la chatarrización, en fin, en contra de las tantas insatisfacciones.
No importaron las sentencias de la Corte Constitucional (T1059/01, T-926/ y 927/03, T-413/05) que desde el año 2001 indicaron que los paros nacionales no tienen protección constitucional, tampoco importó que la misma Corte insistiera (C-742/12) que la obstrucción de vías públicas es un delito penal y no restringe la protesta social.
En cambio, se dejó muy en claro que el derecho a la manifestación y a la protesta es fundamental, que los excesos de la policía y en particular del Esmad atentan contra los derechos humanos, que la violencia y el vandalismo son hechos aislados repudiables, ajenos a las marchas.
Derribaron estatuas, rompieron cámaras de foto-multas, destruyeron estaciones de transporte, quemaron buses, rompieron puertas y ventanas de establecimientos públicos y privados, atacaron decenas de puestos de policía, cientos de heridos de uno y otro lado, al menos 20 personas muertas, cerca de 80 desaparecidas. Los bloqueos en las carreteras ha causado otras muertes, falta de abastecimiento de oxígeno vital en la pandemia, pérdida de alimentos, imposibilidad de suministro de combustibles a algunas ciudades, en fin, violaciones de otros derechos a las distintas comunidades. Nada importa pues continúan con la estrategia.
Es difícil creer que se trata de manifestaciones pacíficas auténticas y sinceras, cuando alcanzado su objetivo persisten en cualquier otro, cuando se transforman en masas ciegas de energúmenos solo capaces de agredir y destruir sin consideración. Lo menos que se puede decir del comité de paro nacional es su insensatez ante los resultados, lo triste es que su lenguaje de lucha denota la vieja concepción política marxista de odio y división, de todos los medios para alcanzar el fin, de la posibilidad de alianzas siniestras con los disidentes guerrilleros, el terrorismo y el narcotráfico.
Hablan de paz pero promueven la guerra, hablan de Estado Social de Derecho pero desconocen las decisiones judiciales y señalan a las autoridades como sus enemigos, reclaman su derecho a la protesta pero violan los derechos de los demás, piden más democracia pero desconocen las decisiones mayoritarias. No, así no se construye país ni sociedad, así se mantiene el conflicto y la diferencia que todos queremos superar, menos esa perniciosa minoría.
Deben entender que no basta dejar las armas para alcanzar la paz, que no se trata de una lucha social, se deben respetar las instituciones, acudir a los cauces legales para resolver las diferencias, acatar las decisiones a pesar de que sean adversas o parezcan equivocadas, si quieren acceder al poder deben ganar las elecciones en lugar de generar caos y zozobra, en eso consiste el Estado de Derecho y la Democracia.
La pandemia, la pobreza, el desempleo, la desigualdad y los demás problemas no se resolverán mediante la agresión y el atropello, ni siquiera mediante la protesta o la opinión, se requieren soluciones inteligentes y coordinadas, así como recursos que permitan su implementación. No hay otro camino, lo demás solo es atraso.
No se deben tolerar las violaciones a las normas de salubridad pública, la realización de paros prohibidos e inconstitucionales, el delito de obstrucción de vías, el desconocimiento de decisiones judiciales, como tampoco el vandalismo. Siguen en guerra, corresponde la acción del Estado, en defensa de los derechos de todos.