Sin garantía de la propiedad no hay democracia

Si algo merece destacarse del actual gobierno es su habilidad para implementar estrategias que le permiten alcanzar sus objetivos, incluso si esto implica recurrir a métodos cuestionables que en ocasiones rozan los límites de la legalidad. Estas prácticas han contribuido a debilitar aún más nuestra ya frágil democracia.

Un ejemplo emblemático de esta afirmación es la desinformación relacionada con los falsos positivos, un tema doloroso y controvertido. Durante años, se difundió la cifra de 6.402 víctimas, promovida por el Gobierno y sus aliados. No obstante, recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) oficializó una cifra significativamente menor: 1.934 casos. Esto pone en evidencia que la información original, ampliamente difundida, formaba parte de una estrategia para consolidar el poder, un objetivo que lograron a través de la manipulación de un tema tan sensible.

El gobierno actual ha demostrado una estrategia persistente desde la campaña que llevó al presidente Gustavo Petro al poder, enfocada en la apropiación de tierras rurales en beneficio de sus aliados, poniendo en entredicho la garantía de la propiedad privada. Aunque el presidente ha reiterado que su gobierno protegerá este derecho, incluso realizando una declaración simbólica en una notaría para prometer que no habría expropiación en Colombia, los hechos recientes parecen contradecir esa afirmación.

Al inicio del gobierno, se registraron numerosas invasiones de tierras, particularmente en el Magdalena Medio y la Costa Atlántica, protagonizadas por grupos que parecen contar con el respaldo de sectores afines al gobierno. Estas acciones generaron preocupación entre quienes advirtieron que estaban poniendo en peligro la propiedad privada, mientras desde el Gobierno nacional no se tomaban medidas inmediatas. Solo tras la presión pública, la entonces ministra Cecilia López y el ministro de Defensa pidieron a los campesinos que cesaran las invasiones, asegurándoles que se presentaría una reforma agraria para distribuir tierras, tal como se prometió en campaña.

Posteriormente, el gobierno anunció un gran acuerdo con los ganaderos para comprar tierras y entregarlas a los campesinos, pero este proyecto ha sido un rotundo fracaso. Más tarde, en el Plan Nacional de Desarrollo, intentaron introducir la figura de la “expropiación exprés”, que fue declarada inconstitucional gracias al exhaustivo análisis de la Corte Constitucional. Sin embargo, el gobierno no parece dispuesto a abandonar sus intenciones y ahora promueve la creación de la jurisdicción agraria, una propuesta que se está discutiendo en las comisiones primeras del Congreso.

Uno de los artículos de esta jurisdicción agraria establece que, en caso de invasión de tierras rurales, ya no será competencia de la Policía intervenir en un plazo de 48 horas, sino que se requerirá una decisión judicial. Este cambio tendría graves implicaciones, ya que, mientras un juez emite un fallo, podrían pasar meses o incluso años, dejando al propietario sin posibilidades inmediatas de recuperar su propiedad. Esta medida no solo vulnera la seguridad jurídica, sino que también amenaza con desestabilizar profundamente la garantía de la propiedad privada en el país.

En los últimos días, se ha registrado un aumento significativo de invasiones de tierras en el territorio colombiano, lo que resulta particularmente llamativo. Estas invasiones presentan características específicas que ameritan una investigación exhaustiva de la Fiscalía General de la Nación y los órganos de control competentes. Es fundamental esclarecer quiénes están detrás de estas acciones y qué información están utilizando para llevarlas a cabo.

Curiosamente, muchas de las tierras invadidas se encuentran vinculadas a procesos en la misma Fiscalía relacionados con extinción de dominio y están actualmente bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esto plantea serios interrogantes sobre posibles intereses ocultos y la necesidad urgente de garantizar la legalidad y la transparencia en la gestión de estas propiedades.

Está claro que las recientes invasiones de tierras en departamentos como Risaralda, Caldas y Cesar tienen un patrón común: están siendo lideradas por organizaciones vinculadas a miembros activos de partidos políticos como el Pacto Histórico y Comunes, anteriormente asociados a las Farc. Por ejemplo, Armando Andrés Pérez, excandidato a la Alcaldía de Aguachica, y Jenny Flores, quien fue candidata al Senado por Comunes, han estado involucrados. En Risaralda, Fabio Cardona Goez, excandidato del Pacto Histórico al Concejo de La Virginia y presidente de Asocampaje, también figura como uno de los responsables de las invasiones ocurridas recientemente en el municipio de Balboa.

Estas organizaciones, como Asocampaje, han sido beneficiadas previamente con la entrega de tierras y ganado de parte de Daniel Rojas, actual ministro de Educación, cuando se desempeñaba como director de la SAE. Más preocupante aún es que estas acciones se llevan a cabo utilizando vehículos y escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección, con información privilegiada proporcionada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sobre los predios en administración. Además, buscan el respaldo de la Agencia Nacional de Tierras para adjudicar las propiedades a campesinos liderados por ellos, bajo el argumento de que, al ser tierras de la SAE, deben ser entregadas de inmediato, en cumplimiento de promesas de campaña del presidente.

Si el gobierno no garantiza la protección de la propiedad privada y permite este modus operandi, ya sea de manera activa o pasiva, es inevitable que este fenómeno siga expandiéndose. No solo afecta a Cesar y Risaralda, sino que informes serios indican que ya se está extendiendo a otros departamentos como Magdalena, Atlántico, La Guajira, Huila, Córdoba, Caquetá y Meta. Esto ha generado una creciente preocupación entre propietarios de todo el país, quienes temen que sus predios puedan ser ocupados a la fuerza, generando un clima de intranquilidad y desconfianza generalizada.

Cuando afirmo que la democracia solo puede existir donde se garantiza la propiedad privada, lo hago porque esta es la base para asegurar la libertad económica, que a su vez es el fundamento de la libertad individual y del desarrollo económico. La propiedad privada proporciona la seguridad jurídica necesaria para que tanto los individuos como las empresas puedan prosperar.

En contextos como el que parece querer establecer el gobierno del cambio, la única forma efectiva de limitar el poder del Estado es mediante la protección de la propiedad privada. Esta garantía actúa como un freno esencial contra la concentración excesiva de poder, preservando el equilibrio entre el Estado y los derechos de los ciudadanos. Sin esta barrera, el riesgo de debilitamiento de las libertades individuales y económicas se incrementa significativamente.