Sin protocolo

Es falso que respetando los protocolos de salida de los negociadores del ELN ante la ruptura de las negociaciones, el Estado colombiano vaya a garantizar el regreso de los mismos a territorio colombiano para que, desde aquí, pueda combatírseles o hacerles pagar ante la justicia por el atentado en la Escuela de Cadetes.

El dichoso documento firmado por el equipo del entonces presidente Santos establece la posibilidad de que salgan de Cuba rumbo al refugio que les ha concedido Nicolás Maduro y es obvio que eso es lo que terminará sucediendo. Por eso, si de todas formas Cuba va a enviar a los negociadores del ELN a Venezuela para protegerlos, tiene sentido que Colombia asuma una posición dura frente al terrorismo más allá de cualquier protocolo, por varias razones:

En primer lugar, por un puro asunto de coherencia discursiva. Nadie podría entender que habiendo sido los responsables en los 17 meses de negociación de más de 400 actos criminales y más de 100 asesinatos y de tener 13 secuestrados en su poder, lo mismo que de haber perpetrado uno de los más sanguinarios y aleves ataques como el de la semana pasada en Bogotá, el presidente Iván Duque se resignara al cumplimiento de un papelito y les permitiera un tránsito libre de la isla hacia el país donde han planeado y ordenado con total tranquilidad cada acción criminal. Las nuevas violencias se alimentan de ese tipo de incongruencias para multiplicarse y desafiar así a unas autoridades temerosas e institucionalmente débiles.

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Pero, en segundo lugar, el Estado Social de Derecho que rige en nuestro país le impone a Duque la obligación de respetar la jerarquía normativa y cumplir con los compromisos internacionales, de los cuales la Organización de Naciones Unidas es garante. Y es que declarado como un acto terrorista el atentado del jueves 17 de enero por parte del Consejo de Seguridad de la ONU –como logró en tiempo récord el embajador Guillermo Fernández de Soto– a Colombia, Cuba, Noruega, Chile y Brasil no les quedaba camino distinto que cumplir lo dispuesto en la resolución 1373 al amparo del capítulo 7 de la carta de las Naciones Unidas y activar mecanismos de cooperación para que los responsables de ese hecho sean efectivamente llevados a la justicia.

No es posible afirmar que un ‘protocolo’ sin fuerza vinculante para el Estado –como recordaba el constitucionalista Juan Manuel Charry– estuviera por encima de estas convenciones internacionales que sí generan efectos obligatorios para los países firmantes. Por pura prevalencia normativa, el Gobierno tiene razón en que es la resolución de la ONU y no el protocolo con el ELN la que debe aplicarse en estos momentos.

En tercer lugar, se encuentra el argumento de conveniencia política detrás de esta decisión que tomó el Gobierno frente a una guerrilla que sucesivamente le ha mamado gallo a los intentos de una salida negociada del conflicto. Alguien tenía que ponerle coto a unos diálogos que no iban para ninguna parte y mostrar un sentido de legítima autoridad a toda prueba y esta crisis le ha permitido a Duque mandar ese mensaje a sus connacionales.

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Hacia afuera, por su parte, el presidente también se está convirtiendo en un líder que habla igual frente al terrorismo que frente a la dictadura venezolana y el mundo se lo está reconociendo. Esto ha permitido que rápidamente el país adquiera relevancia en el actual concierto internacional y con su canciller han logrado que incluso China y Rusia –como ocurrió en la pasada sesión del Consejo de Seguridad– respalden a nuestra nación en la lucha contra los terroristas.

Sin protocolo, el ELN mata. Sin protocolo, secuestra y extorsiona. Sin protocolo, se adjudica descaradamente sus acciones. ¿De dónde acá Colombia debería reconocer protocolos, más allá del Derecho Internacional Humanitario, para tratar a una guerrilla desideologizada y deshumanizada como es hoy el ELN?