Misión y visión

Nombró una comisión el presidente Iván Duque para resolver el problema de la incitación a los falsos positivos en el ejército, siguiendo el viejo consejo del estadista francés Georges Clemenceau: “Si no se quiere resolver un problema, se nombra una comisión”. Y, en efecto, la pomposamente llamada Comisión de Excelencia Militar no resolvió el problema: lo ocultó.

Era previsible: la integraban tres juristas. Cuando el problema de los falsos positivos, es decir, de los asesinatos de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate y aumentar así el número de bajas del enemigo dando a entender que de ese modo se va ganando la guerra, no es un problema jurídico, sino práctico. Será jurídico, después, el juzgamiento de los responsables (y corresponderá además a los tribunales, y no a tres particulares designados a dedo por el presidente). Pero la solución del problema, entretanto, debe ser práctica.

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Dictaminaron los tres comisionados –un exfiscal y exministro de Justicia, dos exmagistrados de las altas cortes– que, per se, los nuevos instructivos dictados por la cúpula militar “no autorizan, permiten, sugieren ni inducen a conductas criminales constitutivas de homicidio de civiles”. Es decir que el problema no existe.

Los criticó José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, señalando que no habían investigado mucho, puesto que aseguraban que “desde enero de 2019 hasta la fecha” no habían hallado sospechas de que se hubieran cometido falsos positivos. Por lo visto en siete meses los comisionados no solo no habían buscado fuentes de información distintas de las militares, en las cuales, por supuesto, no iban a encontrar marcadas las huellas dactilares del crimen; sino que en esos siete meses ni siquiera habían leído los periódicos. No habían oído hablar de los casos de Tame en Arauca y Tumaco en Nariño denunciados por SEMANA, ni del de Dimar Torres en un cuartel del Catatumbo, negado en un principio por el distraído ministro de Defensa, Guillermo Botero, pero reconocido luego hasta por ese despistado señor, y por el cual pidió perdón públicamente el general Diego Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano. (Del cual, curiosamente, no volvió a saberse: ¿fue pasado a retiro por lenguaraz?). Los comisionados se disculparon de su ignorancia por boca del exfiscal Alfonso Gómez Méndez: “Es que no somos un organismo de investigación”.

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En resumen: la comisión cumplió su misión. No con su propia visión, puesto que no vio nada, sino de acuerdo con la visión proyectada para ella por el Gobierno: sirvió de mampara para que no fuera la Fiscalía independiente la que investigara el asunto de los excesos militares, sino que lo hicieran simplemente “tres prohombres” sin capacidad de investigación ni, claro está, de acusación o de castigo, que en consecuencia se limitaron a mirar la letra del asunto, y no su fondo práctico: no la realidad, sino solo la ficción. Y entregaron su informe –provisional, aunque con cierto retraso– precisamente el día en que en todas las ciudades de Colombia se alzaba un grito contra la incesante matanza de líderes sociales ante la pasividad o con la complicidad de las Fuerzas Militares y de las demás instituciones del Estado. El presidente Duque y su vicepresidenta quisieron unirse oportunistamente a la protesta, como si no se dieran cuenta (y si se daban cuenta es peor) de que la protesta era contra ellos. Y por eso a fuerza de abucheos los sacaron de la marcha acompañados de sus guardaespaldas (pues ellos sí los tienen).

Temprano en su gobierno, Duque empieza a pagar su frase sobre los asesinados, tan indecente como la de la recolección de café que pronunció su jefe, el expresidente Álvaro Uribe, cuando por primera vez se supo de ellos: “Es gente –dijo Duque– que hace cosas que no debería”.