Solvencia moral

En reciente conversación informal salió a relucir el tema de la solvencia moral que deben tener los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, así como a cargos destacados en la administración pública; considerando la gran responsabilidad que tendrán los futuros congresistas al proponer y aprobar las leyes de la República, lo mínimo que deberían tener son cualidades que los hagan dignos de confianza, no solamente de quienes los eligen, sino de la comunidad en general.

Llama la atención que el artículo 172 de la Constitución solo establece que para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años en el momento de su elección. En ningún caso se exige que esta persona, quien va a representar a una porción importante del pueblo colombiano, demuestre que tiene la solvencia moral para ocupar este cargo de tan alta dignidad. Bueno, ya nos metió el gol un expresidente que colocó en el Congreso a quienes asesinaron a miles de colombianos y los constituyentes de 1991 incluyeron en el Artículo 179 el delito político que crea la impunidad, principal ingrediente de la corrupción.

Cuando se va a ocupar un cargo en la administración pública existe un protocolo claro y sano; se exige, entre otras cosas, entregar las credenciales de sus conocimientos, el registro de sus propiedades, la copia de la Declaración de Renta, los extractos bancarios, presentar exámenes psicológicos para demostrar su capacidad para la toma de decisiones, el registro de los cargos desempeñados para ver su trayectoria profesional, la constancia de no tener procesos penales en curso, así como tampoco por alimentos, y anexar unas recomendaciones de quienes dan fe de la solvencia moral de la persona, lo cual es analizado cuidadosamente por la Función Pública.

Cuando alguien aspira a ocupar un cargo dentro de la empresa privada se sigue un proceso similar para demostrar que, efectivamente, quien se va a seleccionar es una persona que reúne las condiciones exigidas para desempeñar el empleo y que es digna de confianza, llegando inclusive a exigir exámenes de polígrafo para ocupar determinados puestos. Cómo sería de importante que se dispusiera lo mismo para quienes van a ser candidatos al Congreso, a las alcaldías, a las gobernaciones, a los consejos municipales, por citar solo algunos ejemplos.

No me imagino qué pensarán el señor Petro, el señor Cepeda, el señor Bolívar, el señor Barreras, el señor Benedetti, la señora Córdoba y otros candidatos que aspiran a ocupar posiciones legislativas o a la cabeza del poder Ejecutivo, si se les exigiera cumplir los protocolos mencionados. Es triste ver cómo personas que por muchos años han estado señaladas públicamente de caminar fuera de la línea estén aspirando, ‘sin ningún empacho como dirían mis amigos, a ocupar nuevamente cargos de tanta responsabilidad.

Pero este no es solamente un tema a considerar por parte de los candidatos, es la cuestión de mayor peso que debe ser analizada por quienes tienen la obligación ciudadana de votar el próximo 13 de marzo para las legislativas y el 29 de mayo para las presidenciales, pues sobre sus hombros recaerá la responsabilidad de elegir equivocadamente a quienes están por fuera de la ley, a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, a quienes se han beneficiado del delito en cualquiera de sus manifestaciones, a quienes no tienen la solvencia moral para representarlos.

El voto ciudadano es sagrado, pero no puede ser usado para favorecer la impunidad que avergüenza a los colombianos, ni para premiar a quienes han causado tanto dolor y destrucción, menos para que el narcotráfico y el terrorismo se apoderen del país. Pensemos en la Colombia de mañana para que no caiga en las redes de la izquierda internacional; por favor, no olvidemos los ejemplos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y hoy Chile, Perú y Honduras. Qué gran responsabilidad les espera a los colombianos.