Fernando Ruiz Gómez  Columna Semana

Opinión

Su crisis inducida

La Corte Constitucional tiene las únicas herramientas que quedan disponibles para paliar esta crisis inducida.

Fernando Ruiz
24 de marzo de 2025

La crisis inducida al sistema de salud se le vino encima al gobierno. Un sistema ahora que naufraga en un mar de pacientes desatendidos y muertes evitables. Como en la parábola, el actual gobierno se encargó de sembrar la cizaña —en medio del sistema— y, a la hora de recoger su cosecha, busca culpables de sus propias acciones y omisiones.

Todo confluye hacia el desastre reiteradamente anunciado desde el principio de las iniciativas de reforma del sistema, y las soluciones que se plantean son completamente descabelladas. Son producto de la desesperación, pero —por encima de todo— de no asumir sus propios errores, de buscar culpables y no responder ahora a miles de pacientes (que en unos meses serán cientos de miles), porque están siendo llevados hacia la más profunda desatención, a la falta de acceso a servicios, tratamientos y medicamentos.

Los agentes del gobierno ya no hablan del crecimiento de la mortalidad evitable, un argumento falaz con el que quisieron justificar su absurda reforma. Saben que la actual crisis trae consigo una estela de enfermedad y mortalidad evitables que afectará directamente a la población. Sin embargo, los colombianos ya empiezan a tener claridad sobre este triste panorama, según lo demuestra la última encuesta de SEMANA y el Centro Nacional de Consultoría: el 23,4 % de los colombianos espera que el próximo presidente se concentre en resolver los problemas del sistema de salud, por encima de otras dificultades también apremiantes como la inseguridad, la paz e incluso la corrupción.

La salud será un factor determinante en los debates y las propuestas para las próximas elecciones de 2026 y, un presidente —en temprana campaña— lo sabe. Cuando el gobierno controla el 60 % del sistema de salud —a través de la Superintendencia Nacional de Salud— es imposible evadir su responsabilidad. Por tal razón, suena absolutamente bizarro que la SuperSalud corra a buscar medicamentos en los anaqueles de las droguerías y emita comunicados de prensa indicando que existen stocks de medicamentos.

Tarde y mal, mi querido Watson: ni una cifra de las fórmulas emitidas que necesitan suplirse, ni una proyección de necesidades y desabastecimiento. Es una superintendencia de bolsillo que solamente se atiene a responder ante las incoherentes órdenes del presidente. Dejó —hace tiempo— de responder a las necesidades de la ciudadanía y está bajo el peso de una corrupción sin límites, que diariamente es denunciada por las emisoras, pero cuya investigación nadie quiere asumir.

La última de sus ‘iluminadas’ ideas es la de implementar la reforma por decreto. ¿Cuál reforma? ¿La misma que se ha presentado reiteradamente y no trae ninguna solución de fondo a los problemas de los pacientes? ¿Habrase visto el talante de las órdenes?: “Que las EPS se dediquen a la gestión logística”. Nadie en el gobierno, ni de ‘los y las’ que pasaron por el Ministerio de Salud entendieron de qué se trataba el aseguramiento. Esa es la principal causa del desastre que vivimos.

La provisión de servicios de salud es una actividad altamente especializada, donde unos manejan el riesgo, otros prestan servicios médicos y otros dispensan medicamentos. Riesgo, práctica médica y logística de suministros son actividades complementarias, pero totalmente diferentes en su naturaleza, sus procesos, sus recursos y tecnologías asociadas. Además, las funciones están definidas por Ley de la República —en especial la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007—. Ellos quieren que, de un día para otro, el carpintero se transforme en plomero. Una historia de fantasía.

Lo que sí no es ficción es la desesperación de los pacientes en las puertas y ventanillas de los servicios médicos y dispensarios. Los colombianos han mantenido —en los pasados diez años— el mayor acceso a servicios y medicamentos en toda Latinoamérica y difícilmente se resignarán a pagarlos de su bolsillo. Algunos de ellos son tecnologías inalcanzables para la mayoría, incluso para la clase media colombiana.

Con ese panorama de extrema afectación al derecho a la salud, esperar otros 16 meses de desastre —más el lapso que un próximo gobierno, y congreso, tome para enderezar el sistema de salud— es demasiado tiempo. Por ahora y, con la urgencia de la situación, la Corte Constitucional tiene las únicas herramientas que quedan disponibles para paliar esta crisis inducida.

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