Su majestad Petro

La semana pasada, el presidente Gustavo Petro les dio la razón a todos aquellos que pensábamos que era un autócrata. A pesar de que todas las señales estaban dadas para concluir que efectivamente lo era, en aras del beneficio de la duda faltaba la prueba reina, y esta de manera contundente floreció el viernes pasado.

Tal vez animado por su roce con la realeza española, el jefe de Estado sorprendió a propios y extraños al asegurar que el presidente es el jefe del fiscal general de la nación. Pero lo más grave no es la afirmación, que, de por sí, es extremadamente peligrosa, sino que esa sea su interpretación de la carta constitucional.

En delirantes declaraciones desde España, el presidente Petro citó el artículo 115 de la Constitución colombiana que establece que “El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”, ignorando que el mismo artículo habla de la autoridad administrativa y que es antecedido por el artículo 113, que dice: “Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado”. Más claro no se puede.

Las declaraciones de Petro lo ponen al mismo nivel de dictadores con ínfulas de reyezuelos que destruyeron los países que gobernaron. Protagonistas de la debacle económica y social de América Latina.

Rafael Correa, el funesto autócrata ecuatoriano, dijo en marzo de 2009: “¡Escúchenme bien! El presidente de la república no es solo jefe del Poder Ejecutivo. Es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, Procuraduría, Contraloría. Todo eso es el Estado ecuatoriano”. ¡Igualito a Petro!

Por su parte, el mercenario bandido y socio de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el 5 de agosto de 2017 fue más allá y destituyó a la fiscal bajo el mismo argumento: “El Tribunal Superior de Justicia ha enviado una comunicación a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la compatriota Delcy Rodríguez, que establece que ha sido suspendida del cargo la señora Luisa Ortega como fiscal, ha sido inhabilitada y, además, se ha prohibido su salida del país y el congelamiento de sus cuentas. Ante eso, se crea un vacío en el Ministerio Público y nosotros hemos solicitado que no solo sea suspendida, sino que sea removida del cargo, ante la plenaria, para que sea sometida a los instrumentos jurídicos correspondientes”. ¿Será eso lo que le espera al doctor Barbosa?

El presidente Petro desconoce flagrantemente que la división de poderes es un principio fundamental de la democracia y se refiere a la distribución del poder en tres ramas distintas: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cada rama del Gobierno tiene su propia función y autoridades específicas, y ninguna necesita la aprobación de las otras para tomar decisiones.

La división de poderes es importante porque ayuda a prevenir el abuso por parte de cualquier rama. Si todas las decisiones fueran tomadas por una sola rama, es posible que se tomaran decisiones impulsivas, arbitrarias y contrarias al interés del pueblo. También, la división de poderes promueve la independencia judicial. El Poder Judicial es una rama del Estado independiente que debe tomar decisiones justas e imparciales sin influencia de ninguna otra rama del poder. La independencia judicial es esencial para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el Estado de derecho. ¿Será que el presidente ahora quiere sacar y meter a la cárcel a quien le parezca con solo mover para arriba o para abajo su pulgar?

Lo positivo es que prácticamente todo el país salió a reclamarle al presidente por tamaña afirmación. Tal vez salvo Roy Barreras, expresidente del Congreso, quien prefirió no hacerlo. Preocupa que sea precisamente el exrepresentante del Legislativo, una de esas ramas independientes del poder, quien hubiera decidido sacarle el cuerpo a una condena vehemente a tan preocupantes afirmaciones. Colombia no se puede dar el lujo de que el Congreso en pleno y las cortes no marquen una raya fuerte de independencia.

El presidente Petro demostró que es un autócrata en potencia. Las instituciones, todas, quedan en alerta y deben defender la institucionalidad y la democracia cada vez que su majestad Petro quiera socavarlas, por supuesto, desde donde corresponde: la ley.