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Tarjeta roja para los bogotanos

El tracón no es sólo por los vehículos particulares, ni el pico y placa todo el día lo va a solucionar. Se necesita empezar por hacer cumplir las normas de tránsito que ya existen.

Semana
2 de marzo de 2009

Gracias a la reciente medida de la Alcaldía de restricción según la placa todo el día, algunos bogotanos se han visto forzados a dejar el carro en la casa y a hacer uso del transporte público. No obstante, en los primeros días no se ha visto la eficacia de la nueva norma y ya se han vivido varios monumentales trancones en la ciudad. Vale la pena preguntarse por qué, antes restringir los derechos de los ciudadanos a movilizarse como mejor les parezca, no hacemos cumplir las normas con las que contamos (en lugar de inventar unas nuevas), y por qué no se complementan estas medidas con campañas de pedagogía que contribuyan a facilitar la movilidad por la ciudad. La administración distrital pierde de vista que una diversidad de factores, diferentes al uso del automóvil, afectan negativamente la movilidad de los bogotanos.

Las conductas irracionales de los conductores de carros particulares y de servicio público hacen parte del paisaje urbano. Así, que los buses crucen el carril izquierdo para recoger a un pasajero en la mitad del carril derecho y que los taxis hagan lo propio, son episodios previsibles; también resulta normal el que éstos conviertan las vías en estacionamientos o en centrales de taxis. El caso de los carros particulares es similar, y es cada vez más frecuente verlos estacionados en vías principales o secundarias. Cada vez más carros invaden las cebras y los espacios de intersección de las calles. Los conductores las bloquean cuando y como les parece, dan reversa cuando se equivocan de salida, y dejan y recoger pasajeros en los carriles centrales de las vías. Como la cereza del helado, el zigzagueo de las motos y su movilización entre los carros hacen de la conducción una tarea peligrosa y difícil.

Este desorden tiene dos motivaciones. Primero, que los ciudadanos no son conscientes de que el cumplimiento de las normas facilita la convivencia de todos. Segundo, que la policía de tránsito es ineficaz en la sanción de las infracciones de los conductores para hacerlos entender, por las buenas o por las malas, que las normas son para cumplirlas.
 
Los policías de tránsito han concentrado su labor en las sanciones por pico y placa, olvidándose de que muchos otros factores contribuyen a facilitar la movilidad de los bogotanos.

El Alcalde parece que piensa igual y se preocupa por restringir el uso de los vehículos particulares, sin atender la siempre pospuesta chatarrización de los buses de transporte público, las rutas piratas que siguen movilizando pasajeros sin control, y la guerra del centavo entre los buses tradicionales.

Gracias a la medida del Alcalde los buses de Transmilenio están más llenos y los pasajeros habituales ahora tienen que compartir el mismo espacio con los nuevos usuarios. Subirse o bajarse de un bus en hora pico es una tarea titánica. Para bajarse el usuario tiene que iniciar su camino hacia la salida del bus por lo menos con dos estaciones de antelación, y una vez en su parada, pelearse con los que tratan de entrar mientras él quiere salir. Todo dentro de la lógica según la cual el que empuja más fuerte llega más pronto a su destino. Ni se diga de los usuarios que deciden sentarse en los fuelles de los articulados, y de los avispados que usan las sillas azules sin tener derecho a ellas.

Los obstáculos en la movilización difícilmente se solucionará con que los dueños de carros particulares dejen el carro en la casa dos veces a la semana, pues mientras se restringe la circulación de carros, hay más buses vacíos dando vueltas por la ciudad en las horas valle, acrecentando, además, la contaminación del aire bogotano.

Pero lo más preocupante es que la medida está afectando más negativamente a los usuarios habituales del transporte público y a aquellos cuyo trabajo depende del uso de un carro para transportar o entregar bienes o servicios, esto es, a aquellas personas que lo necesitan para sobrevivir. Entretanto, otros dueños de carros particulares ya compraron un segundo o tercer carro, y si no lo hicieron, su presupuesto alcanza para viajar en taxi. En una época de crisis económica y de desempleo, restringir las posibilidades de trabajo de miles de personas no parece ser la medida más adecuada.

Aunque la movilidad en Bogotá es un problema serio que impone la adopción rápida de medidas de choque, qué tal si empezamos por hacer cumplir las reglas básicas de la movilidad con las que ya contamos. Mucho cambiaría si finalmente en Bogotá existiera la voluntad política de organizar el transporte público alterno a Transmilenio que comenzó Garzón, pero que está estancado en esta administración, y si se hicieran obligatorias las paradas de los buses en paraderos fijos.
 
También si las infracciones de tránsito de los conductores públicos y particulares fueran duramente sancionadas. Para los usuarios de transporte público, unas normas elementales de organización y convivencia facilitarían enormemente su uso, pero ya que nosotros mismos no podemos dárnoslas, Transmilenio podría establecer un sistema para facilitar la elemental tarea de entrar y salir de los buses, acompañado de una campaña educativa.

Para alcanzar el objetivo de una ciudadanía más educada y más preparada para la convivencia, podríamos sacar del baúl del recuerdo las campañas educativas del ex-alcalde Mockus, gracias a cuyos esfuerzos pedagógicos los bogotanos aprendimos que el cinturón de seguridad no era un accesorio, que era necesario dejar un espacio entre el semáforo y los carros para permitir el desplazamiento de los peatones, y que hay conductas indeseables por parte de los ciudadanos que deberían ser, por lo menos socialmente, sancionadas con un dedo hacia abajo. Si todo eso no funcionaba, entonces las multas estaban a la orden del día.

Creer que la realidad puede normalizarse a través de más y más normas, es sólo muestra de una anomalía burocrática. Por ahora, la tarjeta roja y el dedo hacia abajo, son para todos los bogotanos, empezando por el Alcalde.


*Natalia Ramírez es asesora jurídica del Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), un ente académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad.






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