‘La luz del sol es el mejor desinfectante’

En Colombia hacer control social y veeduría a los recursos del Estado es difícil. Los funcionarios públicos se quejan constantemente del tiempo que dedican a responder derechos de petición. Sin embargo, la realidad demuestra que los ciudadanos enfrentan grandes obstáculos para acceder de manera oportuna a la información pertinente, clara y suficiente que les permita vigilar la acción del Estado.   

Ya había mencionado en otra columna la idea de un portal de información que visibilice todo el recorrido de los recursos en la contratación pública. El escándalo de Odebrecht hace aún más necesaria esta idea. Todos los colombianos hemos visto estas últimas semanas cómo la principal queja de Jorge Enrique Pizano, cuando empezó a encontrar inconsistencias en los contratos de la Ruta del Sol 2, era que los directivos del consorcio no le daban la información que pedía, le ocultaban los documentos y, de esa forma, no le permitían cumplir su labor.  

Como concejal y como senador enfrenté esa dificultad permanentemente. Así fue cuando investigué el cartel de la contratación en Bogotá. El IDU y la Unidad de Mantenimiento de la Malla Vial respondían de manera tardía las peticiones de información y, cuando lo hacían, las respuestas eran incompletas, dispersas o imposibles de entender. Recuerdo que cuando pedí información sobre el otrosí que habían firmado para que los contratistas de la Fase 3 de Transmilenio accedieran a los anticipos sin tener que cumplir los requisitos previamente acordados, me enviaron 10 cajas de papeles, en su gran mayoría absolutamente irrelevantes. La idea de los funcionarios era mandar tanta información que hiciera casi imposible encontrar los documentos clave para demostrar las irregularidades de los cambios en el contrato.  

Algo parecido sucedió en las investigaciones de las irregularidades en los planes de ordenamiento territorial. Algunas alcaldías escogen de manera conveniente qué licencias de construcción mostrar y ocultan documentos que evidencian la falta de sustento de muchas de sus decisiones para definir la participación en plusvalía o las cargas en un plan parcial. 

Si así actúan muchos funcionarios públicos frente a las autoridades encargadas de ejercer el control político, quienes tienen visibilidad y protección legal para hacer solicitudes de este tipo, la situación es obviamente mucho más difícil para los ciudadanos de a pie que quieren ejercer control social.  

La tecnología representa una oportunidad para mejorar de manera radical ese acceso a la información. El Estado colombiano tiene muchos sistemas relacionados con las diferentes etapas del ciclo de los recursos públicos. Las siglas son variadas: SPI, Sinergia, SIIF, Secop 1, Secop 2, RUP, en fin. El problema es que la información en todos esos portales es incompleta, dispersa, segmentada, muy extensa y compleja y, sobre todo, no esta disponible de manera oportuna.  

Si una persona quiere saber todo lo clave con respecto a la obra en el parque de su barrio, o a la vía que pasa por su vereda, tendrá que presentar un derecho de petición o perderse en los portales estatales que muy seguramente no le entregarán la información que le interesa.  

Una solución tecnológica pensada desde el punto de vista del ciudadano, no del funcionario público ni del funcionario de un órgano de control, debería permitirle a cualquier colombiano entrar y preguntar, por ejemplo: “Andenes de la Avenida Boyacá”, y el sistema le debería responder: hay dos proyectos de recuperación de andenes en esa vía; son proyectos con recursos de la Alcaldía local de Engativá; el monto es tal; el contrato  fue adjudicado mediante licitación pública; la ejecución y los pagos van en tal porcentaje; estos son los proveedores ; etc.  

Si la persona quisiera profundizar debería poder acceder a todos los documentos soporte para ver, por ejemplo, cómo se ve reflejado cada pago en la obra, con imagen satelital, a qué proveedor va cada peso. Es una especie de seguimiento en tiempo real a todas las etapas del ciclo de los recursos públicos. Así debería ser con los recursos una alcaldía local, del PAE en una ciudad, o con la plata del Metro de Bogotá. Para cualquier contrato. Esto serviría para que tanto autoridades como contratistas rindan cuentas de manera permanente y así se pueda detectar cualquier irregularidad de manera expedita y oportuna. De implementarse este sistema de publicidad, sería mucho más difícil para un contratista acceder a recursos por obras o labores que no ha hecho o pagar proveedores ficticios o que no han entregado nada. De esa forma se podrían evidenciar contratos falsos como los que fueron usados, por ejemplo, para canalizar los sobornos de la Ruta del Sol. 

Abrir la puerta de la información es clave para prevenir la corrupción. Ese es el espíritu de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esa ley ha servido pero todavía falta avanzar mucho más y en eso la tecnología es la clave. Como lo dijo hace casi un siglo Louis Brandeis, un magistrado estadounidense, “la luz del sol es el mejor desinfectante”. La tecnología es el mejor vehículo para aplicar ese desinfectante.