Temporada de huracanes

Vivimos una época de tristeza e incertidumbre que el rosario cotidiano de malas noticias no ayuda a superar. Esas nuevas calamidades son, hasta cierto punto, previsibles, pero contingentes; podrían o no suceder. Otros eventos futuros, que tendrán ocurrencia en el corto plazo, son inevitables. Esperemos que no generen nuevos actos de violencia y daños institucionales, aunque todos ellos tienen el potencial de ampliar la brecha que nos divide. Diversos sectores de la opinión nacional, entre ellos la Coalición de la Esperanza, la cual, huyendo de la polarización imperante quiere construir una plataforma para afrontar esta compleja coyuntura, deberían aportar análisis serenos frente a los episodios que voy a mencionar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos visitó hace poco y tuvo amplias conversaciones con los diferentes actores de la situación que padecemos. Si bien su presencia en Colombia fue breve, es razonable pensar que, luego de complementar la información recogida en esa ocasión con otras fuentes, tiene ya suficientes elementos de juicio para proferir un reporte sobre la situación y formular recomendaciones al Gobierno. Como este lo reconoce, se han presentado abusos de la Policía, la cual también ha aportado su cuota de muertos y heridos. Cabe esperar que en su informe tendrá en cuenta la responsabilidad de guerrilleros, mafiosos y bandas criminales en los episodios de violencia. Y que asumirá, como supuesto de su dictamen, que el derecho a la protesta está condicionado a su carácter pacífico; bloqueos y actos vandálicos son ilegales. Esa carta pronto nos llegará.

Se lee en el portal de la Comisión de la Verdad que su misión es “el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad…”. Así mismo, que le corresponde “ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad”. La carga utópica de este cometido institucional salta a la vista: lograr que frente a los problemas de violencia que hemos padecido desde hace muchos años concordemos en una visión de consenso. Se ignora que la historia no aporta verdades únicas, sino perspectivas múltiples, provisionales y debatibles. Como eso es imposible, sería estupendo que la Comisión, que con ecuanimidad ha actuado para propiciar encuentros entre víctimas y victimarios, se ocupe en su informe final más del futuro que del pasado; de qué hacer para salir de una situación aflictiva que no hemos superado por completo. Su reporte se divulgará en noviembre.

La Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido numerosas declaraciones de líderes de las antiguas FARC y comandantes de la fuerza pública que han acudido a dar sus versiones sobre los hechos ocurridos y, en varios casos, a reconocer sus responsabilidades. Estas comparecencias voluntarias obedecen al propósito de que se les impongan las penas benévolas propias de la justicia transicional. Es probable que en el corto plazo se dicten algunas sentencias.

No es claro en qué consisten esas penas, que no serán de cárcel. Las restricciones a las libertades de residencia y movimiento dependerán de lo que los jueces dispongan. Las normas dicen que la justicia extraordinaria busca “la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización”. Para esos fines se deben tener en cuenta “las necesidades y la dignidad de las víctimas”. Todo esto es ambiguo. En ninguna parte se dispone la obligación de indemnizar a quienes hayan padecido los daños ocasionados por los procesados, un principio cardinal en el mundo entero que se plasma en los códigos penales y civiles. ¿Será que esa obligación recaerá sobre todos nosotros como responsabilidad estatal? Tampoco existe claridad normativa sobre si la imposición de penas alternativas por la JEP permite que los reos integrantes de la cúpula fariana, que en la actualidad son congresistas, continúen siéndolo. La JEP haría bien en definir en sus primeras sentencias estos puntos para evitarle a la sociedad unas controversias que serían muy dañinas.

Luego de más de nueve años, el proceso contra el expresidente Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal en perjuicio del senador Cepeda probablemente continuará abierto por largos años, una típica manifestación de la ineficacia del sistema judicial. Está previsto que el juez correspondiente fallará el 22 de julio sobre la preclusión de la causa por no hallar responsabilidad en el procesado; esa es la postura que la Fiscalía –la única autoridad dotada de competencia para acusarlo– considera correcta.

Sea cual fuere la decisión del juez, ella será apelada, lo que es normal, y posiblemente cuestionada mediante tutela, cuya naturaleza, como mecanismo extraordinario, ha sido desvirtuada por la jurisprudencia; ahora es como el Ibuprofeno (Mejoral en mi niñez) que sirve para todo. Uribe y Cepeda, tanto como sus seguidores, van a intercambiar duros epítetos y se irán lanza en ristre contra el fallo. Si aquel pierde, dirá que constituye una manifestación inequívoca de que la Corte Suprema lo ha perseguido. Si este fuere el vencido, lo atribuirá a que el fiscal, por su cercana amistad con Duque, carece de objetividad y debió declararse impedido. Cuando llegue el día hundiré la cabeza entre las manos, como lo hago cada que a nuestra selección de fútbol le hacen un gol. ¡Y le hacen tantos!

Briznas poéticas. Jaime García Terrés, gran poeta mexicano: “Acomodo mis penas como puedo, porque voy de prisa. / Las pongo en mis bolsillos o las escondo tontamente / debajo de la piel y adentro de los huesos; …/ Todo por no tener un sitio para cada cosa; / todo por azuzar los vagos ijares del tiempo / con espuelas que no saben de calmas ni respiros”.