Terror en el Bajo Cauca Antioqueño

Desde el pasado 2 de marzo en el Bajo Cauca antioqueño se perdió el control del orden público. Cientos de horas de violencia e incertidumbre han afectado al municipio de Caucasia, centro de las manifestaciones que buscan detener las operaciones de la fuerza pública en contra de la minería ilegal. El presidente Petro, que más bien parece el presidente de Twitter, se mostró incapaz de manejar la situación, recuperar el orden público y asegurar los derechos de la población. Parece casi a favor de quienes han causado tanto terror en esta zona.

Los resultados: muertos, múltiples heridos, confinamientos, quema de vehículos, bloqueo de vías, confrontaciones y escasez de medicamentos y comida.

Las lecciones que nos dejan estos episodios y el panorama de país que reflejan son muy preocupantes. Las organizaciones criminales están ante un escenario perfecto para fortalecerse: la prueba irrefutable de esto es el cinismo sin precedentes y la confianza con la que le exigen al Estado, producto justamente de una complicidad perversa entre el Gobierno y estos actores armados ilegales.

Y es que mientras Petro insiste en que organizaciones criminales de alto impacto ingresen a su “paz total” sin rumbo, que hasta ahora parece más “un salvoconducto” a la impunidad, y se defiende en Twitter de sus desastrosas decisiones, la gente de Tarazá padece un “paro minero” que deja sin agua potable a toda la comunidad, y en la subregión queman ambulancias, carros de transporte de alimentos y maquinarias. ¡Los delincuentes juegan con las camillas como si la situación fuera un chiste!

Mientras esto sucedía, en un nuevo intento de ocultar realidades que desbordan su retórica, Petro afirmaba el miércoles que la situación se estaba normalizando y que el paro se había levantado. Sin embargo, la agremiación de mineros tradicionales y ancestrales respondía que no se había suspendido el paro y que continuaba de manera indefinida. Por su parte, moviéndose como pez en el agua, el Clan del Golfo continúa generando terror y restricciones a la movilidad, al comercio, a los colegios y al transporte, mientras la fuerza pública sigue maniatada, cada vez más desautorizada y sin instrucciones claras sobre su papel frente a grupos armados ilegales que controlan territorio, servicios y bienes públicos, afectando las libertades y los derechos de los ciudadanos a quienes constitucionalmente deben proteger.

Por cuenta de una propuesta de paz tan blandita con los criminales, pero tan dura con los colombianos, la seguridad y el orden público en los territorios se deterioran cada vez más. Esto ya no es una campaña, es un gobierno: es hora de mostrarle al país alternativas de superación del conflicto que generen realmente una convivencia en los territorios, pero sin la renuncia del Estado a proteger a la población civil de cualquier organización armada, que, si no se somete a la ley, debe ser combatida y desarticulada hasta que sea el orden constitucional el que prevalezca.

La pregunta es si el Gobierno nacional está alineado con el interés general de llevar paz a los territorios cuando se demuestra una y otra vez su complacencia con los que no la quieren y, por el contrario, se aprovechan de un proyecto de “paz total” para fortalecerse y ampliar las fronteras del crimen del que se alimentan.

La situación del Bajo Cauca antioqueño es otro resultado más del Pacto de La Picota, en el que el Gobierno, con un silencio cómplice o con marcos jurídicos amañados, ha permitido el fortalecimiento de las estructuras criminales en el país, como el Clan del Golfo, el aumento de cultivos ilícitos y una producción y tráfico de cocaína sin precedentes. Es una muestra, además, de la debilidad institucional y el peligro de pactar con criminales desde campaña, tratar de darles un estatus político y llenarlos de beneficios con la ley de sometimiento, en la que, por ejemplo, el delito de concierto para delinquir tendría una especie de indulto y en la que no hay claridad sobre la protección y reparación a las víctimas.

Las voces de la Fiscalía y la Procuraduría han sido claras: tanto el fiscal Francisco Barbosa como la procuradora Margarita Cabello nuevamente han insistido esta semana en que esta ley podría llegar a legalizar y beneficiar el narcotráfico. Estamos ante una posibilidad real de impunidad absoluta y quizás del lavado de activos más grande en la historia de Colombia. Por eso, insisto, es nuestro deber rodear y replicar las voces que intentan salvarnos del abismo. La alarma está encendida. Lo que estamos viviendo en Antioquia y lo que ocurrió hace unos días en el Caquetá son ejemplos claros de lo que será Colombia entera con un Gobierno cómplice de la ilegalidad. Presidente Petro: someta a los criminales y trabaje de la mano con la fuerza pública, las comunidades y las víctimas. Esa es la forma de hacer la paz al derecho.