Trabajo infantil, tragedia olvidada en la reforma laboral

La exclusión del trabajo infantil en el mundo ha sido una exigencia de años enarbolada por el activista social guatemalteco Fernando Morales de la Cruz. Lo volvió a plantear en el reciente encuentro Unión Europea (UE)-América Latina y el Caribe (Celac). Allí, fustigó a las potencias europeas por valerse, para sus procesos industriales, de esa fuerza laboral infamemente explotada en África, Asia y América Latina. El fenómeno no es exclusivo del Sur, también existe en el Norte.

Morales denuncia, producto por producto y país por país, la oferta de niñas y niños por remuneraciones de subsistencia en condiciones más viles que las descritas por Charles Dickens en las épocas del capitalismo incipiente.

Hablando de incoherencias e hipocresías, la presidenta de la UE, Úrsula von der Leyen, avisa “tolerancia cero”, mientras todos conviven con esta práctica perversa, que les genera pingües retornos.

El trabajo infantil en el cultivo del café es más que evidente en Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Sierra Leona, Uganda y Tanzania. Igual ocurre en el del cacao, la caña de azúcar, las frutas, las flores y el algodón en los distintos países proveedores. El muy reputado “comercio justo” se hace de la vista gorda con tan enorme iniquidad.

Dos académicos, G. Lichand, de la Universidad de Zúrich, y S. Wolf, de la Universidad de Pensilvania, presentaron en febrero 15 de 2023 la investigación ‘Medición del trabajo infantil: el quién, el dónde, el cuándo y el porqué’ (por su título en inglés) y partieron de que la OIT documentó que “160 millones de niños en todo el mundo eran activos trabajadores, 9,6 % de todos los de 5 a 17 años” (OIT y Unicef, 2021).

Lichand y Wolf cuestionaron este dato de la OIT cuando, en un trabajo en los cultivos de cacao en Costa de Marfil, comprobaron que se llega al 38 por ciento. La principal distorsión se da, en general, por el subregistro de los padres en sus respuestas y por diferentes metodologías en varios estudios. Los autores descreen en la reducción del empleo de menores y concluyen que hay fuentes de “presión social para subestimar niños en el empleo, en particular esas economías vinculadas a las restricciones a la mano de obra infantil en las cadenas mundiales de suministro”.

Con base en esa realidad, ajustaron el dato de la OIT a 373 millones de niños y niñas “ocupados”, entre 5 y 17 años (marzo de 2022). Revelan países con porcentajes escandalosos, respecto al total de la población en esa edad, como Chad o Camerún, arriba del 60. En Celac se destacan Haití, con 49,7; Nicaragua, con 50,78; Perú, con 38,6; Bolivia y Paraguay, con casi 35, y Ecuador, con 29,8. Para Colombia es 24,34 por ciento, con 1.843.828 infantes como trabajadores.

El Dane informó también sobre este tipo de empleo en diciembre de 2022. Lo estimó en 12,62 por ciento entre 10,73 millones de la población en la edad objeto y lo clasificó en dos categorías: una, los trabajadores y, la otra, quienes hacen “trabajo doméstico no remunerado en su hogar por 15 horas o más”. Al sumarlos, reportó un total de 1.355.000.

Cualquiera sea la cifra, constituye un execrable modo de informalidad en Colombia. Por ello, resulta insólito que el proyecto de reforma laboral de Petro no traiga apartados específicos para enfrentarla, no obstante que la vinculante Recomendación 146 de la OIT impele a políticas obligatorias. En la exposición de motivos hablan muy campantes de su “abolición efectiva”, aunque aún en el Código del Trabajo todavía no se distinga a los menores en la exclusión de trabajos peligrosos (CST. Art. 242).

Tampoco se propone con máximo rigor la observancia plena del Convenio 138 de la OIT, ratificado por el Estado colombiano, que fija la edad mínima para trabajar en 15 años, vigente a partir de 1973, ni del 182, sobre “peores formas de trabajo infantil”, que rige desde 1999.

¿Cuál es la posible causa de tal omisión, al parecer consentida por los países vigilantes de los “compromisos internacionales” en normas laborales prescritas en los capítulos correspondientes en los TLC? Que Estados Unidos, donde “las tasas de trabajo infantil están aumentando” (Fairr, 20/4/23), es de los 11 países que no ratifican el Convenio 138 y ocho Estados en 2023 tramitan leyes para revertir protecciones contra tal tipo de empleo.

Para esta legislatura se habla de volver a barajar la reforma laboral y buscar un “acuerdo nacional” para concretarla. Ese “acuerdo” debería iniciar por cláusulas que obliguen a prescindir del trabajo infantil, es la peor informalidad. ¿No es acaso tema básico de “justicia social” del que Petro no se acordó en su monserga de dos horas el 20 de julio? Inexplicable e injustificable.