Trámite reforma pensional

El pasado viernes, la plenaria de la Cámara de Representantes, mediante proposición, aprobó, en cuarto debate, el texto definitivo de la reforma pensional, acogiendo en su integridad el texto aprobado, en segundo debate, por la plenaria del Senado.

Los opositores señalan que la proposición se basó en un supuesto inexistente, esto es: que no hubo un debate riguroso, meditado y democrático del proyecto de ley. Es más, que no se consideró, como tampoco se dieron las razones para rechazar el proyecto aprobado por la comisión constitucional competente de la misma Cámara de Representantes. En síntesis, se aprobó el texto del Senado sin debate ni discusión y sin garantías a la oposición.

El Gobierno ha tenido que lidiar con distintas prácticas de la oposición, deshacer los cuórums, proponer impedimentos, agendar otras actividades parlamentarias. Es decir, entorpecer el trámite de los proyectos gubernamentales, más allá de ofrecer las razones de su inconformidad y propuestas alternativas. Para algunos, tales prácticas pueden resultar censurables; para otros, son propias del juego político, siempre que se realicen dentro de las reglas preestablecidas.

En el gobierno anterior, la oposición representada por el actual presidente promovió manifestaciones y bloqueos que desembocaron en el mal llamado estallido social, para intentar bloquear las propuestas legislativas gubernamentales. Estas prácticas sin duda son reprochables por el componente de violencia y la vulneración de los derechos de otros que no participan en las protestas.

En el caso de la reforma pensional, la estrategia de las fuerzas políticas del Gobierno en la Cámara de Representantes, consistente en acoger el texto aprobado en el Senado sin debate, sin posibilidad de modificación y sin espacios para la oposición, puede resultar inconstitucional.

Las consideraciones de la Corte Constitucional, en un caso similar, son apropiadas para esta situación: “El apremio inducido por la terminación de la legislatura derivó además en comportamientos que afectaron de forma grave tanto la participación efectiva de los representantes, como las condiciones para la deliberación sobre las diferentes opciones de regulación. En efecto, el vencimiento del plazo para la aprobación del proyecto y la imposibilidad de activar el trámite de conciliación impidió a la plenaria de la Cámara considerar propuestas alternativas de los textos aprobados esa mañana por el Senado dado que ‘el tiempo estaba en contra de ello’ y, si hubieran sido acogidas, el proyecto se habría ‘hundido’.”

En aquella oportunidad, la Corte Constitucional, sentencia C-074 de 2021, concluyó: “La forma como tuvo lugar su adopción impuso a los representantes la carga de aprobar o improbar en silencio, pues cualquier ajuste que implicara una divergencia con el texto acogido por el Senado no podría ser admitido”. Lo ocurrido aniquiló las posibilidades de representación y deliberación. En la Cámara no fueron garantizadas las condiciones para la formación de su propia voluntad, la cual, finalmente, terminó sustituida por la del Senado. Las circunstancias presentadas evidencian la pretermisión del debate dado que, de la misma forma en que lo dijo la sentencia C-481 de 2019, “está probado que no se formó adecuadamente el consentimiento de la plenaria de la Cámara de Representantes. Ello torna insubsanable el vicio”.

Así las cosas, es probable que la reforma pensional sea declarada inconstitucional. Como dijo una representante, que luego no vaya a decir el Gobierno que se trata de un golpe blando.

En fin, más allá de constituyentes inconstitucionales, se requiere buscar acuerdos y fórmulas de entendimiento con los diferentes partidos políticos. El tiempo pasa y al Gobierno se le esfuman oportunidades históricas, mientras se le acercan tentaciones autoritarias.

Cita de la semana: “Las leyes son los verdaderos planes de desarrollo de este país y desde la oposición se puede ayudar a mejorarlas”. Mi guerra es la paz. Antonio Navarro se confiesa con Juan Carlos Iragorri (2004).