Triple A: ¿Qué dice Martha Lucía Zamora?

“Lo que reclama Canal Isabel (de España) es que no se realice la enajenación temprana del bien hasta tanto el proceso no culmine” y “obramos bajo el principio de precaución y expresamente bajo la égida o recomendación, más que recomendación, bajo la orden expresa del señor presidente de la República”. (https://www.youtube.com/watch?v=l5y_au5qH_A&ab_channel=SociedaddeActivosEspecialesSAES.A.S).

Con estas palabras, Sebastián Caballero, vicepresidente jurídico de la SAE (min 17.45-17.55), y Daniel Rojas (min 33), presidente de esa entidad, acompañados del superintendente de servicios públicos, Dagoberto Quiroga, anunciaron en rueda de prensa el 3 de enero de 2023 que “se abstenían” de cumplir el contrato entre esa entidad y la empresa mixta de Alumbrado Público de Barranquilla, APBAQ, denominada hoy K-yena.

Con él, el Distrito, dueño del 65 por ciento en ella, se proponía consolidar su mayoría en la Triple A, la prestadora de acueducto, alcantarillado y aseo en la capital y municipios del Atlántico. El contrato se firmó el 3 de diciembre de 2021, por $565.000 millones, por el 82,16 por ciento de las acciones correspondientes a las que eran de la empresa española Canal Isabel II, embargadas por corrupción, y ya pagadas en un 50 por ciento.

Previo a la rueda de prensa del 3 de enero, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del Gobierno Petro, alertó sobre un presunto detrimento patrimonial en ese contrato “de por lo menos $400.000 millones” y de “posible peculado por apropiación a favor de terceros” (La W, 26/12/22). Según cálculos de la Superservicios, la empresa a perpetuidad vale $2,4 billones y $1,4 billones a 2033, cuando termina la concesión (ver rueda de prensa).

Preciso. El 14 de enero de 2023, diez días después de la rueda de prensa, la firma española Canal Isabel II, de la comunidad de Madrid, apoyada en el tratado de protección de inversiones entre España y Colombia, presentó la demanda, que “no cierra la posibilidad de negociación”, ante el tribunal de arbitraje Ciadi del Banco Mundial para recuperar las acciones en la Triple A, extinguidas el 4 de abril de 2019 por la fiscalía 38 anticorrupción de Bogotá con respaldo de la Procuraduría y en manos del juez Ower Quiñones (El País, 17/1/23).

La decisión de la justicia colombiana se fundó en un contrato simulado de “gestión empresarial” en el que las firmas españolas recibían 4,5 por ciento de la facturación por labores que nunca hicieron y que entre 2002 y 2017 sumó la indebida apropiación de $236.000 millones. El economista Jorge Vergara, principal analista de todo lo acaecido en la Triple A, acusa que hubo otros contratos ficticios con terceros por $100.000 millones (La Libertad, 19/4/2019).

No fue el único despojo de Aguas de Barcelona y Canal Isabel II, que se sucedieron como socias y operadoras en la Triple A, la primera desde 1996 y la segunda a partir de 2001, en un proceso de 25 años, en el que las acciones del Distrito de Barranquilla se redujeron del 85 al 14,5 por ciento. Fue escandaloso el traspaso triangulado que se dio entre ellas: la participación de Aguas de Barcelona, con el nombre de Inassa, fue transada a una sociedad de terceros del combo Gerlein, radicada en Panamá, por 7 millones de dólares y luego revendida por ellos mismos en 73 millones a Canal Isabel II. El disparate fue calificado en España como un “pelotazo” y tiene audiencia de juicio el próximo 24 de mayo, “que sentará en el banquillo a 22 acusados por la compra de Inassa con un sobreprecio de al menos 19 millones de euros” (EFE, Cope, 11/10/22).

Hubo más despojos. En la contabilidad de la Triple A, bajo la norma contable NIIF, se creó una cuenta de “activos intangibles” que reconocía al socio-operador toda mejora para prestar el servicio aunque esa fuera su obligación. Así, si Inassa perdía la mayoría accionaria, controlaría un porcentaje de los activos. Tan negativa fue, al inicio de la Triple A, la adjudicación de la concesión del aseo a William Vélez que se recuperó en 2020 bajo la administración de la SAE en cabeza del gerente Guillermo Peña, por exigencia reiterada de la Liga de Usuarios y del sindicato SintratripleA.

No aborda esta columna la decisión de la Procuraduría de suspender por tres meses al director de la SAE, Daniel Rojas, mientras investiga todo lo actuado y el de su equipo respecto al contrato con K-yena ni a qué acuerdos podrían llegar. El interés es preguntar a la directora de la Agencia de Defensa del Estado, Martha Lucía Zamora, cuál es la posición de Colombia ante la demanda de la empresa española y frente a su petición, expuesta por Sebastián Caballero en la rueda de prensa, de “no enajenar” hasta que no culmine el proceso. Barranquilla y los atlanticenses reclaman para sí la Triple A y a ellos me uno. ¿Cuáles son las órdenes de Petro?