Un fallo crucial para Venezuela con un epílogo previsible

Venezuela, a diferencia de Colombia, se ha abstenido de aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia, para dirimir litigios con otros Estados. Casi desde el inicio de su vida republicana enfrentó una controversia con el Reino Unido, sobre su frontera con la en ese entonces Guayana Británica que, décadas después, accedería a la independencia con el nombre de Guyana.

En 1899, un tribunal arbitral escogido por Venezuela y el Reino Unido, profirió un fallo estableciendo la frontera.

El tribunal estaba constituido por dos jueces ingleses; dos norteamericanos; y el profesor ruso Federico Martens, de la corte zarista. Cuatro abogados norteamericanos, entre ellos Severo Mallet Prevost, representaban a Venezuela y cuatro ingleses a la Gran Bretaña. Como se puede observar, dos jueces eran británicos, pero no hubo venezolanos porque Londres no lo aceptó.

El 3 de octubre de 1899, el tribunal, falló asignándole a la Gran Bretaña buena parte del territorio en disputa. Sin embargo, preservó para Venezuela todo el territorio del delta del río Orinoco en el Atlántico, que la Gran Bretaña pretendía. El gobierno venezolano en su momento aceptó el fallo.

Uno de los abogados de Venezuela, Mallet Prevost, elaboró en 1944 un memorando que dispuso solo podría abrirse después de su muerte que aconteció en 1949. En él expresaba que había habido presión de la Gran Bretaña sobre el juez ruso. Además, que presumía que había existido un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y Rusia, para que el juez ruso votara a favor de Gran Bretaña.

El memorando dio ocasión a Venezuela para afirmar que el fallo le había cercenado más 150.000 kilómetros de su territorio. En 1962, Venezuela desconoció formalmente la sentencia en una intervención ante las Naciones Unidas.

En 1966, pocas semanas antes de la independencia de la Guayana Inglesa, se concertó entre Venezuela y el Reino Unido un acuerdo para adelantar negociaciones directas, para la solución del diferendo. Se incluyó una cláusula según la cual, a falta de acuerdo, el Secretario General de Naciones Unidas decidiría el procedimiento para resolver la controversia, que heredaría la nueva nación que adoptó el nombre de Guyana.

Las negociaciones continuaron entre Venezuela y Guyana con la mediación del Secretario General. En enero de 2018, después de décadas de infructuosos esfuerzos para propiciar un acuerdo, el Secretario General, de conformidad con la facultad que se le había otorgado en el acuerdo de Ginebra, puso la controversia a consideración de la Corte Internacional de Justicia.

Guyana manifestó su disposición de someterse a la Corte, no así Venezuela, que notificó que no participaría en el proceso y que la Corte no era competente, aduciendo que no había aceptado la jurisdicción de la Corte y que el Secretario General, no podía comprometerla en un proceso ante ese tribunal.

La Corte seguramente continuará el proceso sobre el asunto de fondo de la validez del Laudo de 1899. Es probable también que la Corte falle finalmente a favor de Guyana.

Maduro sabe muy bien que una eventual aceptación de un fallo favorable a Guyana, sería el colapso de su gobierno. En el rechazo están unidos al gobierno, los militares y la oposición de todos los matices.

Por lo tanto, el diferendo continuará indefinidamente, ya que Guyana jamás aceptaría que las dos terceras partes de su territorio queden en poder de Venezuela. Todos los países del Commonwealth, el Reino Unido y buena parte de los 116 países del Movimiento No Alineado estarán a su lado. Seguramente varias de las grandes potencias harían lo propio.