Un general que no renuncia

El general Óscar Atehortúa, director general de la Policía Nacional, debería renunciar a su cargo porque lo está utilizando para defenderse de un proceso disciplinario por corrupción que lo tiene contra las cuerdas en la Procuraduría. Ni siquiera el general Palomino puso a la institución ante semejante indignidad, porque se retiró del cargo antes de que le iniciaran el juicio disciplinario por el tema de la comunidad del anillo.

Sin embargo, el general Atehortúa piensa que la Policía sirve para todo, hasta de parapeto de sus vergüenzas. Atehortúa se ha atornillado a su cargo luego de que en marzo fue llamado por la Procuraduría a un juicio disciplinario por un caso de corrupción relacionado con la entrega de unas casas fiscales en el Tolima, cuando él era el director del Fondo Rotatorio de la Policía.

En el pliego de cargos se le acusa de faltas gravísimas a título de dolo, de tráfico de influencias, de abuso de poder y de intimidación a oficiales que investigaron los hechos de corrupción por los que está siendo procesado en el Ministerio Público.

Por si fuera poco, este organismo también encontró que el general no se declaró impedido en 2018 cuando asumió el cargo de inspector general de la Policía y recibió la instrucción de investigar las irregularidades en la construcción de esas casas fiscales que él habría recibido cuando era director del Fondo Rotatorio. La Procuraduría también encontró que el general usó su posición para intentar sacar al actual inspector general de la Policía, el general William René Salamanca, con el propósito de que quedaran al garete las investigaciones que tenía a su cargo, entre las cuales estaba el caso de las casas fiscales.

Atehortúa ha utilizado su cargo para tratar de manejar la investigación y favorecer sus intereses. Siendo director general de la Policía, Atehortúa llamó al capitán José Fernando Llanos, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Inspección de la Policía, para que le diera información del proceso en el que él estaba enredado. Y según mis fuentes, utilizó un avión de la Policía en plena pandemia el 31 de agosto para traer de Montería al capitán Andrés Moreno, que era el supervisor del contrato de las casas, con el propósito de que atendiera una diligencia en la Fiscalía que investiga en lo penal estos hechos. Abusando de su poder, dispuso de una oficina dentro del edificio de la Policía para el equipo que tiene a cargo su defensa, integrado por el exmagistrado Marco Antonio Velilla e Isnardo Gómez Urquijo. No contento con eso, ordenó también la entrega de vehículos oficiales de alta gama de la Policía para sus abogados (placas FHU170 y FXZ816), en contra de lo dispuesto por el Gobierno nacional. La Policía solo protege a los miembros de las ramas del poder público, previo estudio del nivel riesgos. No hay ninguna cláusula que diga que el director de la Policía puede hacer uso de esa medida para proteger a sus abogados.

Los investigadores que tenían a cargo la averiguación del caso de corrupción que enreda al general Atehortúa y que son testigos en su contra ante la Procuraduría, han recibido varias amenazas. Por ejemplo, el capitán Antonio Ortiz lleva cuatro amenazas de muerte. La primera fue el 22 de diciembre del año pasado, en momentos en que se realizaba la diligencia de la Procuraduría a la inspección general de la Policía en el marco de esta investigación. “Sabemos que usted está recibiendo a la Procuraduría… ¡No sea sapo… Cuídese porque si da papaya lo vamos a matar!”, fue la amenaza que le llegó por el celular.

La segunda fue mucho más directa. “Ojo con lo que va a decir, sabemos que va a declarar contra el director de la Policía, cuide mucho lo que va a decir”, le dijo una voz días antes de ir a declarar a la Procuraduría en contra de Atehortúa.

La tercera la hicieron a través de su madre. Y la cuarta le llegó por un mensaje de WhatsApp el 14 de septiembre después de que adelantó las investigaciones contra varios policías por los hechos que desencadenaron la muerte de Javier Ordóñez. La amenaza fue por un mensaje en Facebook en el que se veía la fotografía que aparece registrada en su hoja de vida en la Policía, lo cual significa que alguien de la institución accedió al sistema. Es decir que un policía ingresó, tomó los datos e hizo las amenazas en Facebook.

Ninguno de los testigos, pese a las amenazas e intimidaciones, se ha retractado ante la Procuraduría. Pero la Policía, a pesar de tener las herramientas para saber quiénes son los que están detrás de las amenazas, no ha hecho nada. Y el general Atehortúa sigue siendo un fantasma que carga su karma. Nunca estuvo presente en los disturbios de Bogotá, dizque porque tenía covid y ahora que ya no lo tiene se la pasa en las audiencias de su juicio, el cual ha ido dilatando y dilatando posiblemente apostándole a que sea Margarita Cabello, la nueva procuradora, quien lo absuelva.

En un momento en el que las encuestas dicen que el 64 por ciento de los colombianos no confía en la Policía, la institución tiene al frente de ella a un general que está sometido a un juicio disciplinario por haber cometido un acto de corrupción, por intimidar a los oficiales y a los investigadores que lo indagaron.

La gran pregunta es por qué el presidente Iván Duque no le ha pedido la renuncia. De pronto en Polombia termina condecorado.