Un giro judicial preocupante

La reciente volteada de la Fiscalía General de Colombia en el caso de Álvaro Uribe debe generar gran preocupación y escepticismo en todo el país. Durante tres largos años, la Fiscalía defendió tenazmente la tesis de que el caso de Uribe debía archivarse, solo para dar un giro abrupto y exigir que el expresidente sea llevado a juicio sin haber explicado el porqué de la determinación, sin conocidas nuevas evidencias y tras el cambio de fiscal general.

Esta repentina y radical reversión no solo socava la confianza en la institución judicial, sino que también establece un peligroso precedente para todos los colombianos. Muy grave.

El cambio de opinión de la Fiscalía, que tuvo lugar solo semanas después del relevo en el despacho de la fiscal general, genera inquietud por varias razones fundamentales. En primer lugar, socava la estabilidad y la credibilidad de las instituciones judiciales. La Fiscalía es la encargada de garantizar la imparcialidad y la coherencia en el sistema judicial, y su papel es crucial para mantener la confianza del público en el Estado de derecho. Sin embargo, este repentino cambio de rumbo arroja serias dudas sobre su integridad y objetividad, lo que mina la confianza en su capacidad para administrar justicia de manera imparcial. El periodo de la fiscal Luz Adriana Camargo arranca con un gran signo de interrogación en la cabeza.

Además, el giro en el caso de Uribe establece un precedente inquietante para todos los colombianos. Si la Fiscalía puede cambiar de opinión tan drásticamente en un caso tan importante y controvertido como este, ¿qué impide que lo haga en otros casos menos visibles, pero igualmente significativos? Este precedente crea un clima de incertidumbre y desconfianza sistémica, ya que los ciudadanos no pueden confiar en que las decisiones judiciales sean consistentes y justas. Un totazo brutal.

Otro aspecto preocupante de este cambio de rumbo es su impacto en la estabilidad política y social del país. El caso de Álvaro Uribe ha sido un tema divisivo que ha polarizado a la sociedad colombiana, y el giro de la Fiscalía solo sirve para exacerbar estas divisiones. La falta de coherencia y transparencia en el manejo del caso alimenta las teorías de conspiración y aviva las llamas del descontento público, lo que podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad del país. A Uribe lo odian muchas personas, pero es innegable que muchas otras lo adoran y agradecen. Esto genera un incendio que nadie sabe dónde puede acabar.

Hay que decirlo sin temor alguno y de manera contundente: el cambio de opinión de la Fiscalía es un hito profundamente preocupante que socava la confianza en las instituciones judiciales del país y establece un precedente peligroso para todos.

Es imperativo que la fiscal empiece a hablarles a todos los medios y no de manera controlada como ha arrancado, es crucial que se le explique a la opinión pública por qué el cambio de opinión del ente acusador y, además, se castigue, si así corresponde, a quienes hayan sostenido una postura equivocada. Y, por último, es necesario que se avance con la misma velocidad y contundencia en el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente, para confirmar o descartar las terribles sospechas que a muchos colombianos nos embargan.