Un monstruo de tres cabezas

En estos días que proponen eliminar entidades, con variadas y absurdas justificaciones, pero también con peligrosos caminos para llevar a cabo esas iniciativas, propongo que se evalúe, analice y hasta conozca qué es y a qué se dedica la Comisión Nacional del Servicio Civil.

El Artículo 130 de la Constitución Política dispuso, en dos líneas y un poquito más, que “habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”. Por obra y gracia de ese artículo, el Congreso aprobó la Ley 909 de 2004, que le concedió a dicha Comisión la facultad de hacer todo y de todo, por sí misma, sin rendirle cuenta de su verdadera labor a absolutamente a nadie.

La Comisión es dirigida en absoluto por solo tres personas, llamadas comisionados, que son nombradas, reemplazadas y seleccionadas por un reglamento que ellos mismos aprobaron. Pueden imponer multas a quienes no les hagan caso y hasta asignarse su propio salario que, por una razón u otra, decidieron que debía ser el de un ministro de despacho.

Esa Comisión, que para 2022 tiene un presupuesto asignado por la Nación de $ 118.291.632.941, y que a mayo de este año ya se había gastado el 42,78 % de esa cantidad, tiene el inmenso poder, sin vigilancia alguna, de elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera. También, para hacer el concurso, las pruebas o exámenes, calificar los mismos y, al final, elaborar las listas de personas con las que deben proveer empleos de carrera administrativa.

En definitiva, en manos de tres personas queda la facultad de ser elegido para alguno de los tantos miles de empleos que ellos manejan por la vía de los concursos, y también por la vía de la evaluación del desempeño para casi todos los servidores públicos de carrera.

En su propio reglamento proclaman que, dada su naturaleza jurídica, a la Comisión Nacional del Servicio Civil no le será aplicada ninguna de las normas de las ramas del Poder Público, salvo las excepciones de ley y el control fiscal a cargo de la Contraloría General y de los informes que envían al Congreso. Tienen el inmenso poder de decidir a quién se le otorga un empleo y a quién no. Para muestra, lo que dicen en su último informe al Legislativo. Empleos a ofertar: 33.453. Vacantes: 113.248. Vacantes por ascenso: 8.295. Vacantes en procesos abiertos: 104.953.

Que cientos de miles de empleos queden en mano de solo tres personas, bien sea por concursos ―en la mayoría de los casos los aspirantes tienen que pagar para participar― o cuando las entidades son obligadas a abrir convocatorias, nos debe preocupar a todos porque, salvo excepciones, quien hoy ocupa un cargo no tiene derecho a ningún pataleo cuando es reemplazado por un concursante seleccionado por la Comisión.

Si la gente que busca un empleo y la que lo pierde, por obra y gracia de un concurso, no tiene la garantía de saber cómo ganan unos y cómo pierden otros, precisamente porque la Comisión no tiene que rendirle cuenta a nadie para hacer lo uno o lo otro, significa, sencillamente, que estamos frente a un monstruo de tres cabezas.