Un presidente de ensueño

Imaginen un presidente que se enfrente a la criminalidad de frente, que utilice la política pública y el presupuesto nacional para garantizar el respeto por las instituciones y el imperio de la ley, por medio del monopolio legítimo de la violencia y un derecho penal efectivo.

Piensen en salir a la calle y tener la certeza de que regresarán a casa sanos y salvos. Estos hechos que pueden parecer irreales para el contexto colombiano, donde se nombra a terroristas urbanos como gestores de paz, donde la guerrilla se pasea por los municipios del país como si fuera su casa y donde se tiene un índice de impunidad de 97 %, que hace que los criminales se burlen de la justicia.

Claramente, pareciese que estuvieran soñando, pero la realidad es otra: estos hechos provienen de un gobierno que es ejemplo para toda Latinoamérica, estoy hablando de la gestión de Nayib Bukele, presidente de El Salvador (periodo 2019 -2024).

La política pública principal de Bukele es la seguridad. Recordemos que El Salvador es un país que, al igual que Colombia, se ha caracterizado por las guerrillas narcoterroristas, los procesos de paz fallidos, los pandilleros y la incapacidad del Estado de ejercer funciones básicas de seguridad en los territorios más periféricos del país. Esto ha sido así durante 30 años, dándole al estado centroamericano el título de uno de los países más peligrosos del mundo. Sin embargo, con la llegada de Bukele al poder en el año de 2019, el pequeño país de América Central ha recuperado su institucionalidad.

De hecho, según datos de la Policía Nacional de El Salvador, la tasa de homicidios bajó de 6.665 en todo el año 2015 a 1.240 en el año de 2021. Ese último año fue el más seguro en la historia reciente del país centroamericano. Estos logros son consecuencia de la utilización efectiva de las fuerzas armadas, que en pocos meses recuperaron los doce territorios que les pertenecían a los criminales de la región. Desde 2019, han capturado a un total de 65.000 criminales, dejando al resto de la escoria escondida, tratando de encubrir sus identidades.

Durante estos procesos se hizo una serie de modificaciones presupuestales al equipamiento y entrenamiento policial, lo que implica la utilización de una política retributiva absoluta de la pena, combinada con medidas preventivas de intimidación y algunos toques de ejemplificación, para que así los bandidos vuelvan a temerle al derecho penal.

Sin embargo, y sin querer proteger a la escoria de El Salvador, es importante describir que existen garantías y límites constitucionales, que por lo menos en Colombia deben tenerse en cuenta, como la proporcionalidad de las penas, la no deshumanización del individuo y el respeto por la vida digna que incluye condiciones de saneamiento básico. Estas últimas fueron garantías incumplidas por parte del gobierno salvadoreño, según ONG y organismos de derechos humanos que buscan proteger la integridad de los criminales debido a las quejas impuestas por los asesinos y narcotraficantes, presos por el gobierno de Bukele.

Por fortuna, los problemas de hacinamiento y condiciones degradantes de vida mencionados fueron en gran medida solucionados por la mayor obra de este presidente, estoy hablando de la creación de la cárcel más grande de Latinoamérica, también conocida como CECOT, con capacidad para 40.000 reos y 23 hectáreas.

Ese lugar cuenta con: espacios de talleres para la resocialización, siete torres de vigilancia, armerías y celdas de última tecnología que escanean el cuerpo del recluso en cuestión de segundos. Por último, esta nueva prisión está alejada de cualquier centro poblado para que así no se perturbe la vida de la gente honrada.

Es impresionante ver que El Salvador, con un PIB anual de 24.281 millones de euros, pueda crear este megaproyecto, mientras que Colombia, con un PIB anual de 265.654 millones de euros, el cual es diez veces mayor que el del país centroamericano, no cree nuevas cárceles, pero se dedique a invertir en proyectos como la ‘paz total’, incluyendo el salario de los nuevos gestores de paz y los millones que se gastarán los burócratas de las negociaciones en comida y alojamiento.

Teniendo en cuenta esos logros, le hago un llamado de atención al Gobierno nacional para que siga el ejemplo de los aspectos más positivos de la política de seguridad de El Salvador, ya que resulta contrario al interés de la Nación premiar a los criminales, en vez de dedicar el presupuesto a judicializarlos.

Nosotros, los colombianos, estamos hartos de tenerle miedo al ladrón y al terrorista, queremos un Estado coherente que NO ponga los derechos de los criminales por encima de los de un ciudadano honrado.

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