Una hecatombe llamada reforma a la salud

Hace menos de tres días se armó tremendo escándalo por la aprobación del 75 % de los artículos de la nefasta reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, que más que una reforma, es literalmente el acabar con el sistema actual el cual, a pesar de sus defectos, está catalogado como uno de los mejores del mundo. Uno de los artículos más cuestionados de esta reforma es el artículo 70 el cual propone que la Adres pagaría el 85 % del valor de las facturas en los 30 días siguientes a su presentación, mientras que solo el 15 % restante estaría sujeto a auditoría, o sea, no habría control alguno; pasarían sin revisión alguna. Esto llevaría al sistema de salud a retroceder en más de 30 años donde lo mismo sucedía en el Seguro Social. Esto también llevaría a un gasto desbordado que podría llevar al sistema de salud a la quiebra. Prácticamente los recursos de la salud de los colombianos quedarían en manos de los gobernadores y alcaldes de turno, o sea, los amigos. La corrupción será de gigantescas proporciones. ¿Tocará ir donde el alcalde de la ciudad o del pueblo para que de una autorización para poder ir al médico?

A parte de ser la debacle del sistema de salud actual, esto sería la cubanización de la salud de los colombianos. Como lo expresé en mi columna de febrero de este año sobre el desastre que podría traer esta reforma, también explico paso a paso cómo opera nuestro sistema de salud implementado por la ley 100 de 1993. Esta ley transformó un sistema de salud postcolonial, fragmentado, con un sistema nacional de salud con hospitales públicos, centros de salud, centros de beneficencia paupérrimos, mal dotados y sin capacidades, un gigantesco seguro social del cual gozaban los trabajadores formales y la medicina privada no regulada. La reforma fue superior a la de la época en Chile por ser más equitativa a través de los fondos creados y los planes obligatorios de beneficios.

El diseño institucional del sistema de salud colombiano se desarrolla en el marco de un modelo denominado “pluralismo estructurado” que organiza a los agentes en cuatro núcleos interdependientes definidos según sus funciones: regulación, financiamiento (Ministerio de Hacienda y Adres), articulación (aseguramiento EPS) y la prestación de servicios (IPS). Esto se enmarca en un modelo de competencia regulada entre las aseguradoras por afiliados y entre los prestadores de servicios para que las aseguradoras los contraten. La ley 100 es un modelo académico respaldado por entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Así lo manifesté en mi columna llamada “la cubanización de la salud”.

Otro punto muy importante que expresé en ese momento es el esquema de las EPS que corresponden a la función articulación, son aseguradoras, no intermediarias y cumplen con unas funciones específicas:

• Gestiona el riesgo de la enfermedad, financiero, operativo y estratégico, y crea redes con todas las especialidades de acuerdo con su población.
• Conectan y administran el proceso desde el financiamiento hasta la prestación del servicio.
• Debe encargarse de la atención primaria en salud.

Lo anterior derrumba la retórica del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional, los cuales dicen que las EPS son intermediarias financieras ignorando la tarea vital de aseguramiento. ¿Por qué quieren acabar con un sistema el cual tiene un índice de cobertura de más del 77% y que está al nivel de países como Francia, Alemania y España para llevarlo al fracasado sistema de salud cubano?

¿Por qué Gustavo Petro desea emular un sistema estatizado y politizado, borrando la experiencia y conocimientos acumulados en 30 años? Esto solo significa que él quiere dominar el derecho más vital del ser humano que es la salud, mostrando así su carácter totalitario. El llevar el sistema de salud al nivel del cubano es la evidencia del rumbo por el que quieren llevar a Colombia. No hay evidencia de que, los sistemas de salud estatizados provean servicios de mayor calidad que los sistemas mixtos. En cambio, en nuestra sociedad sí deja un altísimo riesgo de ineficiencia y corrupción. Las consecuencias de este radicalismo serían nefastas para el país. Esto abriría las puertas a:

• Intervención del mercado que puede alterar el equilibrio del sistema
• Burocratización del sistema
• Perdida de la autonomía medica
• Deterioro en la calidad de la atención
• La des estimulación del personal altamente especializado
• Insostenibilidad financiera
• Creación de círculos corruptos en las regiones
• Despilfarro de los recursos con subsidios (los hospitales serán un barril sin fondo)
• Desestimación de prioridades en salud en los planes territoriales de desarrollo.
• Inequidad en el acceso a la Atención Primaria en Salud - APS y complejidad desde regiones.
• Lo más grave: establecimiento de círculos corruptos crónicos con complacencia de las entidades de control.
• Los hospitales públicos son presuntamente la caja menor de alcaldes y gobernadores con la complacencia de la ciudadana.
• Escasez de contribuyentes.
• Mínima regulación ética a profesionales de la salud.
• Creación de IPS encadenadas al poder regional.
• Ausencia de planes estratégicos viables, verificados, socializados y consensuados.
• Escasez de medicamentos.

La estructura de gobernanza del sistema cubano es en esencia idéntica a la reforma de salud de Petro en razón de que, es un sistema público excluyente, totalitario que tiene el control desde el financiamiento hasta la provisión de los servicios donde, todo el poder de decisión concentrado en funcionaros públicos en su mayoría no idóneos, la cual minimiza la carga de enfermedad a través de un gigantesco cuerpo de atención primaria en salud con un talento humano esclavizado (las misiones médicas que se abrirán puertas en Colombia) y un 11% del PIB dedicado a este esquema que ahorra salarios justos con un máximo de $200.00 USD mensuales para los médicos especialistas y un mercado intervenido y controlado. Toda esta pantomima está dirigida bajo el principio de que la salud es un derecho social inalienable

Cuba se enfrenta hoy a la censura oficial de la información, a un deterioro e insanidad de los centros de salud, a escasez de medicamentos y equipos médicos al punto en el que los pacientes deben llevar sus propios insumos, alimentos, sábanas y hasta el agua que van a consumir, un cuerpo de profesionales desmotivados - explotados y un tratamiento especial a los extranjeros y a las élites políticas. Lo mismo sucede en Venezuela. ¿Esto es lo que queremos para nuestro país?

Cierro, no sin antes expresar que, más que acabar con un sistema que funciona a pesar de sus falencias, se deben hacer modificaciones a la ley 100. Trabajar sobre lo ya construido.