![Almirante Arango Bacchi](https://www.semana.com/resizer/v2/ID3WO6HVFRBNVOLENCMYKGSS7Q.jpg?auth=f76d4ce4af341c230fe02c25377515aa9e05c0a98f94ffdfaa1467cbd0cef965&smart=true&quality=75&width=480)
Opinión
Una infamia irreparable
Solo me resta decirle a Santos que las manzanas podridas de la institución con las que en un momento trató de involucrarme siempre las tuvo a su lado y no se dio cuenta.
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No deja de rondar en mi cabeza cuando, al término de una reunión de almirantes presidida por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el comandante de la Armada Guillermo Barrera, antes de salir del recinto, me dijo: “Espéreme un momento para hablar con usted”. Al cabo de un rato, entré a una sala donde Barrera y varios almirantes a su alrededor me esperaban. Me senté frente a ellos, y Barrera me espetó: “Almirante Arango, a partir del momento pasa a retiro”. Quedé impávido ante semejante noticia, y solo atiné a preguntar: “¿Se puede saber el motivo?”, respondiéndome: “Decisión del mando y del Gobierno”.
Lejos estaba de imaginarme que este sería el inicio de un terrible calvario, en el que un torbellino de falacias, testigos falsos y corrupción me llevarían injustamente a perder la libertad. Durante los dos meses siguientes, con una profunda tristeza en el alma y aún sin terminar de entender lo ocurrido, comencé con mi familia a organizar la nueva vida de retiro después de 36 impecables años de vida militar. Pero, ¡oh, sorpresa!, cuando en primera página del principal diario del país, y ante la insistencia de la opinión pública por conocer las razones de mi intempestivo retiro en el mejor momento de mi carrera, el ministro Santos se refiere a mí como una “manzana podrida” dentro la institución e informa que fui retirado del servicio activo por actividades relacionadas con narcotráfico y no podía dar más información al respecto para no entorpecer la investigación. ¿Investigación? Resulta que para ese momento no existía investigación alguna en mi contra. Ante la inexistencia de proceso alguno, pedí a la Fiscalía una declaración libre, pero el fiscal general Mario Iguarán solo atinó a abrir de inmediato una investigación formal.
Como salido del averno, aparece en el recién creado expediente judicial un recibo firmado con mi huella digital a supuestos narcos por 115.000 dólares; recibo que mantuvieron oculto el almirante Barrera y el almirante Echandía durante los cuatro meses posteriores a mi retiro de la Armada, pero que, a raíz del escándalo generado por las declaraciones de Santos en los medios, se vieron en la obligación de entregar a la Fiscalía como la supuesta prueba reina en mi contra. A los pocos días, me entero de que el almirante Barrera visitó afanosamente en su casa a la periodista María Isabel Rueda para mostrarle no uno, sino tres recibos de este mismo estilo que supuestamente me incriminaban. Extrañamente, dentro de la investigación solo apareció uno de esos recibos, del cual se determinó por parte de la Fiscalía que correspondía a una aberrante falsificación. ¿A qué persona se le ocurre firmar o colocar su huella en un recibo por recibir dinero a narcos? ¿No pensó en eso el ingenuo ministro antes de lanzarme a la picota? Con esa única prueba, que mantuvieron oculta y que solo fue remitida a las autoridades ante el gran escándalo mediático, había sido retirado de la institución.
Al caer la supuesta prueba reina me dije: “Acabó este suplicio”. Pero en cuestión de días y como brotando de la tierra, aparecieron tres falsos testigos, uno de los cuales fue recogido y llevado personalmente a la Fiscalía por el mismo director de Contrainteligencia de la Armada, capitán Luis Jorge Tovar Neira. El fiscal del caso, desechando por completo la trama que evidenciaba la falsificación comprobada de mi huella, me enfiló los horribles testimonios de comprobados delincuentes. Sentí que el mundo me caía encima. Aterrado me preguntaba: “¿Y mis hijos adolescentes? ¿Qué pensarán de su padre?”.
Una fuerza interior me animaba a enfrentarlos, porque sabía que yo tenía la verdad. Durante 11 meses luché incansablemente al lado de mis abogados, pero veía con profundo pesar que el fiscal delegado ante la Corte, quien erróneamente pensé buscaría la verdad, solo daba valor a los testimonios de los delincuentes, y mis declaraciones, que desmentían con hechos las acusaciones, no valían nada.
El 19 de junio de 2008 los medios nacionales informan la terrible noticia de la medida de aseguramiento. Con tristeza e incredulidad compruebo que la Fiscalía, con intenciones mediáticas, filtra a la gran prensa la decisión de privarme de la libertad antes de notificarme a mí como afectado. Me entrego en compañía de mis hijos a la Fiscalía en Cartagena, soy trasladado a Bogotá y recluido en una guarnición militar del Ejército, que generosamente me acogió durante 18 meses de detención. Después de una incansable lucha, alejado de mi familia y enfrentando innumerables ataques y acusaciones mediáticas terribles, soy llevado a juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Con la convicción profunda de haber obrado en mi vida siempre con la honorabilidad que recibí de mis padres, la rectitud inculcada en la Armada, el sólido apoyo de mi familia y sobre todo la seguridad que me daba ser portador de la verdad, me presenté ante la Sala Penal de la Corte en única instancia.
El 3 de diciembre de 2009, en fallo unánime (no hubo un solo salvamento), la Corte no solo dijo que las conductas delictivas nunca habían ocurrido, sino que había serios indicios de que todo el proceso judicial había sido orquestado por terceros y ordenó investigar, entre otros, al ministro de Defensa de la época, al almirante Barrera y a los tres falsos testigos. Es hora de que el fiscal general del momento, Mendoza Diago, le cuente al país qué pasó con esas investigaciones que ordenó la Corte. Igualmente, que el exvicefiscal Perdomo explique por qué ordenó archivar en dos ocasiones las investigaciones contra Barrera. De este horrible caso solo quedó: un falso testigo asesinado, otro actualmente procesado como reo ausente y uno condenado a ocho años con un sombrío preacuerdo que no lo obligó a contar la verdad.
¿Dónde quedaron los autores intelectuales de esto? ¿Quién responde por una infame tramoya que afectó el buen nombre de la Armada y acabó con una carrera militar de 36 años? Me rehúso a creer que los llamados a responder sean los colombianos con sus impuestos en virtud del fallo de esta semana proferido por el Consejo de Estado. Solo me resta decirle a Santos que las manzanas podridas de la institución con las que en un momento trató de involucrarme siempre las tuvo a su lado y no se dio cuenta.