MEDIO AMBIENTE
Una lectura sobre los compromisos climáticos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 tienen una característica que impide conocer el nivel de compromiso en materia de cambio climático y el aumento de ambición necesario para enfrentarlo en el país. Se trata de la compartimentación, en la que, desde los pactos estructurales, se remite a los transversales y así, sucesivamente.
En el diagnóstico del Pacto transversal por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo, específicamente la sección de Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, se resalta el informe sobre calentamiento global del 1,5 °C, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para sostener que aún es posible mantenerse bajo ese 1,5 °C si se toman acciones urgentes que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). ¿Pero, cómo se logrará esto en el país?: la respuesta a esta pregunta no es materia de la propuesta del Plan y más bien lo que se hace es contrariar el informe.
Si nos atenemos al texto citado del IPCC, a lo que se llama allí es a aumentar las ambiciones de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) de todos los países firmantes del Acuerdo de París, ya que, aun si se cumpliera con los compromisos pactados, estos serán insuficientes y nos llevarían a un aumento de 2 °C, con las funestas consecuencias para países como Colombia, que ocupa el 10º lugar entre los países más vulnerables al cambio climático, según el ranking mundial publicado por el banco HSBC en 2018.
Colombia, en sus NDC de 2015, se comprometió con una reducción del 20 por ciento de sus emisiones de GEI con respecto a la línea base, la cual sería si el país no hace nada por reducir las, (Bussiness as usual), y un 10 por ciento adicional, condicionado a que haya cooperación internacional, como en efecto existe. Es decir, ante la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, el compromiso de Colombia fue aumentar su ambición y clarificar, por sectores, los porcentajes de reducción de emisiones.
El PND 2018-2022 nos presenta como indicador el cumplimiento de la meta del 20 por ciento, pero si el único indicador de resultado numérico frente a la deforestación es “crecimiento de la deforestación a nivel nacional con respecto al año anterior”, lo que estamos diciendo, en realidad, es que el compromiso de este gobierno es aumentar la deforestación más allá de lo pactado y estabilizarla en cuatro años, en una cifra muy superior a la esperada en la NDC.
Aún más preocupante es encontrar que esa meta del 20 por ciento de reducción de emisiones de GEI solo aparece en el apartado “Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la nación” y que la Estrategia de Control Integral a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB) brilla por su ausencia en aquellos apartes donde se habla directamente de los motores y causas subyacentes de la deforestación, reconocidos en el mismo PND.
Es importante reconocer la importancia que los temas de deforestación tienen en los municipios considerados en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y plantear la priorización en estos del desarrollo de las acciones tendientes a reducir el fenómeno, pues corresponde a lo largamente estudiado y determinado por la EICDGB. Claramente, se planea continuar con esta estrategia, pues las acciones plasmadas en el Pacto transversal por la sostenibilidad no son otras que las ahí descritas, o aquellos hitos incluidos en la Declaración Conjunta de Intención que Colombia firma en 2015 con Noruega, Reino Unido y Alemania. ¿Pero, son suficientes estas medidas?, ¿nos llevan a pensar en un aumento de ambición en términos de cambio climático?, ¿responden al aumento dramático de la deforestación de los últimos dos años, aun sin tener la cifra oficial de 2018, y proyectando una cifra de deforestación de 200.000 hectáreas anuales para los próximos cuatro años?
Es decir, el PND nos deja con un panorama desolador en el que la deforestación legal y planeada se acepta y que se suma a la ilegal y no planeada que impera ya en Colombia. Y vuelve de cajón la frase: “Producir conservando y conservar produciendo”.
Más allá del tema de la deforestación, acciones a cargo de la Aerocivil como el Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional deben incluir monitoreo, control y verificación minuciosos, para evitar “el aire caliente” o doble contabilidad en las NDC. A nivel internacional, son numerosas las alertas generadas desde diversos sectores, ya que la aviación es uno de las mayores actividades generadoras de GEI y ha sido llamada a hacer reducciones considerables mediante cambios y acciones drásticas en tecnologías, uso de combustibles, etc., para no caer en la lógica perversa de que, quien paga, puede contaminar.
Creemos que la lógica de las propuestas sobre tasas retributivas, turismo sostenible que no incluye al comunitario, y ecoetiquetado debe rebasar lo económico, por cuanto va en contravía del tipo de ambición necesario para enfrentar el riesgo inminente del cambio climático.
En general, es preocupante que las acciones sean débiles, ambiguas, poco ambiciosas y claramente continuistas de modelos que han probado no funcionar en el nuestro y en otros países. Estamos de acuerdo en que, como se menciona a lo largo y ancho del plan, es necesario adelantar estudios, mejorar y actualizar cifras, pero llamamos a la acción en no prolongar dichos estudios de manera interminable; en generar actividades en terreno, en tomar decisiones, en cumplir con el espíritu del informe del IPCC, en actuar ya, ahora y de manera contundente. De hecho, la alarmante meta de llegar a casi 900 mil hectáreas de deforestación es todo lo contrario a las NDC, a las necesidades de reducción de emisiones y a enfrentar el cambio climático.
Frente al PND, proponemos que la transparencia en el seguimiento a las NDC se refleje en la fijación de metas cuantificables por sector que puedan monitorearse en el tiempo. Buscar que puedan tomarse acciones correctivas oportunas, en el caso de presentar escenarios contrarios a los esperados.
Debemos esforzarnos por un monitoreo, verificación y reporte de las metas frente a cambio climático, en especial la NDC.
Proponemos que se adopte de manera rápida un monitoreo al financiamiento climático que sea transparente y que pueda ejercerse con control de la sociedad civil y las comunidades étnicas y campesinas, habitantes de los bosques en nombre de los cuales se recibe la cooperación internacional.
En cuanto a la deforestación, primero, habría que revisar ese amplio margen proyectado que podría comprometer en forma irreversible, nuestro patrimonio natural. Asimismo, definir acciones contundentes frente a la degradación, dado su inmenso aporte en emisiones de GEI. Segundo, incluir la gestión comunitaria de los bosques como una forma real, no solo de frenar deforestación y degradación, sino de aportar tanto al desarrollo sostenible de esas comunidades, como del sector forestal del país en términos de PIB. Tercero, incluir componentes prospectivos de deforestación y degradación en todos aquellos proyectos objeto de licenciamiento ambiental, en especial, aquellos relacionados con actividades extractivas y de infraestructura y con agroindustria. Cuarto, es necesario que los pasivos ambientales tengan una escala mayor que permita vincular de manera permanente a aquellas empresas o entidades que los generen.
Este tipo de acciones podría validar y generar el impacto esperado, junto a las planteadas en términos de eco-etiquetado y tasas retributivas.