Una mirada de género a la corrupción

Hace una semana estuve en un evento en el que el procurador general de la nación y el contralor general de la república presentaron el trabajo que sus respectivas entidades vienen adelantando en materia de corrupción. Me sorprendió que ninguno de los dos hizo gesto alguno en materia de perspectiva de género: no usaron lenguaje incluyente, no había indicadores diferenciados por género y no había ningún análisis en materia de desigualdad.

Me quedé pensando que si este problema de la corrupción resultaba tan importante para el país, el procurador hablaba de miles de casos bajo investigación y el contralor de una propuesta para duplicar el tamaño de la planta de su entidad, ¿por qué las mujeres no estamos hablando de eso? Una revisión rápida de lo que hay disponible en internet me reveló varias cosas.

Primero, que Colombia tiene un problema realmente serio de corrupción. Si en muchos indicadores destacamos y alcanzamos a clasificarnos en los primeros lugares en América Latina, ocupando un decoroso lugar entre los primeros sesenta países del mundo, en corrupción estamos cerca al puesto 100. Segundo, que la corrupción tiende a perjudicar más a los que están peor en las sociedades que se ven afectadas por ella. En razón de la creciente feminización de la pobreza, la corrupción termina afectando de manera más significativa a mujeres y niños. Tercero, que la participación de las mujeres en cargos de dirección y manejo está directamente relacionada con la reducción de niveles de corrupción.

En efecto, los números cuando hablamos de corrupción en Colombia son grandes. Unos mencionaron la cifra de 27 billones de pesos como el costo anual de la corrupción en Colombia. Los promotores de la consulta anticorrupción mencionaron la cifra de 50 billones. También es importante el número de casos. Según un estudio de la Universidad Externado, reportado por CNN en español, entre 2009 y 2016 se identificaron 3966 casos de corrupción y se impusieron sanciones disciplinarias en 326 casos.

El Monitor Ciudadano de la Corrupción detectó 327 casos de corrupción reportados en la prensa entre enero 1 de 2016 y julio 1 de 2018. Según esta misma fuente, se iniciaron investigaciones penales en dos terceras partes de los casos, disciplinarias en poco menos de la mitad y fiscales en un 7 por ciento de los casos. Se impusieron sanciones penales y disciplinarias en un 47 por ciento de los casos, mientras que solamente se impusieron sanciones fiscales en un 6 por ciento de los casos. En este estudio, se estimó en unos 18 billones de pesos el costo de la corrupción de los 207 casos en los que se pudo hacer una estimación.

Los datos de Monitor Ciudadano también muestran que los sectores de educación, salud e infraestructura son los más afectados. Esto puede ser resultado de un sesgo de los periodistas que prefieren reportar sobre estos temas por ser más cercanos a los ciudadanos. Pero el dato resulta diciente de quiénes están siendo afectados por las conductas lesivas: los más pobres y los que más necesitan que el sistema funcione correctamente. Según un informe del Centro de Documentación en Corrupción de la Universidad de Bergen, a nivel mundial salud y educación son también dos de los sectores más vulnerables y en ellos las mujeres resultan más victimizadas directamente. Habría dos razones para esto, según estos investigadores: las mujeres están más vinculadas a estos sectores a lo largo de su ciclo de vida por su papel en el cuidado de los hijos; y las mujeres están fuertemente expuestas a exigencias de pagar favores sexuales a cambio de la prestación de servicios.

Muchos estudios, de otra parte, se han venido preocupando por entender la relación positiva entre el número de mujeres que ocupan cargos de poder y los índices de corrupción, que claramente muestran los datos disponibles: ¿será que las mujeres son menos corruptas que los hombres o que los sistemas menos corruptos permiten más igualdad a las mujeres? No se ha llegado a una respuesta definitiva sobre el tema. Creo que se han hecho unos descubrimientos interesantes: 1) a las mujeres las entrenan más para el servicio y le temen más a la persecución política, por lo que tienden a seguir de manera más cuidadosa las reglas; 2) los sistemas menos corruptos permiten a las mujeres acceder más fácilmente a cargos de poder.

En mi opinión, esta mirada de género ilumina varios giros que podrían empezarse a considerar en materia de corrupción. En primer lugar, es importante focalizar los esfuerzos y entender las dinámicas propias de cada uno para encontrar soluciones ajustadas a ellos. Si el principal problema es el de la contratación a nivel municipal, bajarle el salario a los congresistas no parece realmente importante. Pero tampoco es claro que homogeneizar la contratación pública, volviéndola más difícil, vaya a ayudar en sectores de alta capacitación de la mano de obra, como los de educación y salud.

En segundo lugar, deberíamos empezar a estudiar por qué las sanciones penales, disciplinarias y fiscales que se imponen a los funcionarios públicos no producen el anunciado efecto de “prevención” de la corrupción. Aunque siempre podría haber más sanciones, no debemos subestimar la eficacia sancionatoria en esta materia. La tasa de condena oscila entre 10 y 23 por ciento según los informes de la Universidad Externado y el Monitor Ciudadano; esto es mucho más alto que lo que se da para otros delitos, en donde las condenas no llegan ni al 1 por ciento del total de los casos. Finalmente, creo que vale la pena preguntarnos si parte del problema es el alto nivel de desigualdad de nuestra sociedad y el que el diseño de nuestras instituciones políticas no es sensible a este problema de desigualdad.

El sistema político es “ciego” a la diferencia, pero por eso mismo puede ser que esté capturado por los grandes intereses y por personas que priorizan el bienestar inmediato de sus familias frente a sus propias carreras políticas. Sobre este punto varios expertos han venido haciendo propuestas y algunos gobiernos las han acogido.

En Irlanda, por ejemplo, se estableció una asamblea ciudadana para hacer recomendaciones al gobierno en temas de aborto, períodos de los legisladores, cambio climático, referendos y envejecimiento. Los miembros de la asamblea fueron elegidos al azar, pero atendiendo a criterios de representatividad de clase, género, ubicación geográfica y edad. Sus recomendaciones se presentaron al gobierno, quien estuvo obligado, por ley, a responder frente a cada reporte. Por ahora, el principal logro de esta asamblea ha sido mostrar el abismo que existe entre la opinión pública y el trabajo del gobierno en materia de aborto: los ciudadanos no quieren leyes restrictivas y mucho menos leyes penales. En Irlanda esto finalmente cambió el debate jurídico.