Una peligrosa puerta que el Gobierno quiere abrir

Esta semana se conoció la intención del Gobierno nacional de impulsar la movilización y organización campesina, como una manera de apoyar la reforma agraria. A través del borrador de un decreto, el Ministerio de Agricultura puso a consideración de los colombianos un articulado en el que se reglamenta el funcionamiento de los Comités Municipales para la Reforma Agraria.

Estos comités son un espacio para la participación de los campesinos en los procesos que implicará esta reforma agraria. En principio, nada de esto tendría inconveniente, pues la participación ciudadana es la base de toda democracia. Lo peligroso es lo que viene más adelante en la propuesta: la promoción de la movilización campesina.

De acuerdo con esta propuesta de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, todas las entidades de todos los sectores de la Administración Pública deberán promover la movilización y organización de las Asambleas Campesinas por la Tierra.

Aunque la ministra insistió en diversos medios que solo se trata de abrir espacios de diálogo, se conoció un documento creado por un funcionario de la Agencia de Tierras, que establece un Plan de Trabajo de Movilización Campesina en apoyo a la Reforma Agraria.

Este documento es una guía de trabajo para lograr una movilización del campesinado en todo el país en favor de las reformas del Gobierno, en particular, la agraria. Propone realizar en septiembre 24 asambleas campesinas, preparatorias de una gran movilización nacional el próximo 27 de septiembre.

Para lograr las movilizaciones, se establece quiénes serán los responsables de cada una de estas asambleas en todo el país y los distribuye en las distintas instituciones del Estado encargadas del tema de tierras. Es así como a la Agencia Nacional de Tierras le corresponden las primeras asambleas en Apartadó (8 de septiembre), Aguachica (15 de septiembre), Sincelejo (16 de septiembre), Medellín (17 de septiembre), Montería (22 de septiembre), Riohacha (23 de septiembre) y Santa Marta (24 de septiembre).

Luego aparecen también otras asambleas que deberán hacerse en Arauca, Atlántico, Boyacá, Tolima, Meta, Norte de Santander, Santander y Vichada, pero a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural. Por último, se repite la tarea en Caldas, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca, pero en estos departamentos la movilización estará a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras.

Toda la institucionalidad de Colombia para regular el manejo de la tierra al servicio de marchas campesinas para reclamar una reforma agraria. Nadie duda que los campesinos son los primeros llamados a ser escuchados si se piensa en una reforma agraria, en un país en el que la tenencia de la tierra ha sido uno de los grandes generadores de violencia. Pero querer la participación campesina en la construcción de la reforma es algo muy distinto a incitar desde el Estado a la movilización para lograr unas reformas que tienen su espacio de debate no en la calle, sino en las instituciones dispuestas para ello.

Por supuesto que protestar, marchar y exigir a través de manifestaciones es un derecho protegido constitucionalmente, una ganancia de la democracia, la reivindicación de la exigencia del respeto de derechos de los ciudadanos frente al poderoso. Y este poderoso suele ser el Estado. Por eso promover desde el Gobierno la movilización ciudadana para dar una apariencia de aprobación ciudadana a sus iniciativas es un absoluto despropósito, carente de cabida en una verdadera democracia. Disponer dineros públicos para presionar una reforma a través de marchas es destruir los espacios institucionales que se han construido para esto. Las reformas que propone el Gobierno se discuten y acuerdan en el Congreso, no en la calle.

Es peligrosísima esta puerta que quiere abrir el Gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa habla además de impulsar con movilizaciones no solo esta reforma, sino las distintas reformas que pretende este Gobierno. ¿Quiere decir entonces que si no pasan en el Congreso las reformas laboral, pensional, de salud, de educación y agraria que quiere el presidente Petro, su Gobierno llamará a las calles a defenderlas? Este sería el primer paso del comienzo del desbarajuste de una institucionalidad, ya de por sí bastante frágil. Voces como la de José Félix Lafaurie se han levantado para advertir que estas marchas incitarán a las invasiones de tierras, por parte de distintos grupos, lo cual ha sido entendido por la ministra de Agricultura como un prejuicio inconcebible.

Razón tiene la ministra en protestar contra una preconcepción de la participación campesina como inherente a la ocupación de tierras. Pero es de una ingenuidad absoluta pensar que esta norma no va a alentar la invasión de tierras en Colombia.

Al inicio de este Gobierno, el solo discurso de que las tierras serían devueltas a los pueblos indígenas y entregadas a quienes las trabajaran desató una ola de invasiones que tuvo que ser frenada por el mismo Gobierno. Este solo anuncio hizo que muchos se sintieran con derecho a reclamar lo que consideraban suyo, por su propia mano. ¿Qué sucederá ahora que el Gobierno quiere pasar de un anuncio a organizar a los campesinos en todas las regiones y llevarlos a la calle a exigir una reforma rural? Todo se saldrá de control.

Se supone que el decreto estaría dispuesto para comentarios hasta este domingo 10 de septiembre. Pero el Gobierno no esperó. En las redes de la Agencia Nacional de Tierras publicaron un video donde se invitaba a la gente de Apartadó a participar de estas asambleas campesinas. Luego mostraron las imágenes de las calles de Apartadó, el viernes 8 de septiembre, llenas de campesinos marchando a favor de la reforma agraria. Así que ya empezaron las marchas a favor de una reforma de la que aún no existe texto, con fundamento en un decreto que aún no entra en vigencia, porque se supone está abierto a comentarios hasta este domingo.

Pero ya sabemos que a este Gobierno no le gusta concertar y que mandará a los campesinos a las calles, cueste lo que cueste.