Una reactivación necesaria pero no legitimada

Colombia vive el capítulo más trágico de la pandemia. (¡A hoy!)

Al día de ayer alcanzábamos un total de casi 3.700.000 casos confirmados de covid-19, de los cuales algo más del 30 por ciento corresponden a Bogotá. El país se ha mantenido increíblemente en el tercer pico de la pandemia desde abril de este año, con un aumento constante en el número de casos con alrededor de 20.000 nuevos registros diarios. ¡Impresionante!. Así mismo, estamos contabilizando más de 500 muertes diarias a causa de la pandemia llegando a un total de 93.000 fallecidos. En los análisis mundiales, en el último mes, unos días hemos ocupado el preocupante segundo lugar, y en otros días, el tercero, en la clasificación de países con los peores indicadores de morbilidad y mortalidad por coronavirus.

A la tragedia sanitaria se suma la degradación de la situación económica. Según las últimas cifras del DANE, el 42 % de la población se encuentra en condición de pobreza, lo que equivale a 21 millones de personas (¡3,5 millones más que en 2019!). El fenómeno es principalmente urbano, dado que en las principales ciudades la pobreza pasó de 32 a 42 %. Bogotá es la ciudad que lidera este flagelo aportando 1,1 millones de nuevos pobres. En general, la cifra global de pobreza en Bogotá es del 43 %. Y en materia de empleo, la situación no es más alentadora: en abril de 2020 la tasa de desempleo era del 19 % y durante el transcurso del año esta cifra ha fluctuado de acuerdo con los procesos de reactivación, los picos de la pandemia y coyunturas como el paro nacional, llegando a estabilizarse entre el 15 y el 17 %. Aún así en cualquier caso, esta cifra continúa lejos de aquel 10 % registrado en el mejor momento de recuperación económica antes de la pandemia.

Todos en la calle decimos que la situación no podría ser peor, pero la verdad es que sí podríamos empeorar más. Podría haber más enfermos y muertos, y podrían aparecer más pobres. Y el caos social podría ser más dramático. Aceptar el sofisma de que ya tocamos fondo, solamente ayudaría a profundizar la crisis sanitaria y económica porque nos llevaría a no comprometernos como sociedad a hacer los ajustes necesarios para salir de esta compleja situación. De ahí que resulte muy pertinente, aunque controversial, la estrategia del Gobierno nacional y de algunos gobiernos locales, de priorizar la reactivación económica, sin bajar la guardia en materia sanitaria. Sin embargo, no deja de parecer incoherente que quienes cerraron la economía cuando teníamos pocos casos, hoy estén promoviendo su apertura en medio de un panorama de peste. Queda la sensación de que, o se equivocaron en ese momento, o se están equivocando ahora.

Algunos dicen que está justificado abrir la economía porque estamos avanzando a paso firme en la vacunación de la población, pero esta hipótesis resulta controversial considerando que el grupo población que más dinamiza la economía -los menores de 50 años-, aún no está vacunado. Y la aparente incoherencia se valida con la situación que están denunciando los médicos de las UCI, al develar que las unidades están desbordadas en capacidad, que los profesionales de la salud se están agotando por el exceso de casos y por la insuficiencia de insumos, y que -contrario a la tendencia que traíamos- los que más están muriendo, en poco tiempo, son los jóvenes.

En este contexto de realidades contradictorias, las autoridades no deberían promover la reactivación del sistema económico de forma unilateral, como está sucediendo. Pocos dudan de la necesidad urgente de evitar el colapso socioeconómico, pero muchos quieren participar -con razón- del proceso de política pública que define la reactivación. Ignorar las señales de la sociedad, aun cuando haya potentes razones para reactivar, es poner en riesgo la estrategia porque sin validación social, habrá muchos palos en la rueda.

Desde este punto de vista es controversial la estrategia del Ministerio de Salud de crear el Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal (IREM) para darle piso científico a la reactivación económica mediante un indicador que medirá por municipio el avance en las coberturas de vacunación, la seroprevalencia y la capacidad de sistema de salud en el territorio. En otras palabras, el Ministerio está diciendo que la reapertura no debería ser nacional, sino regional. No sería inmediata sino progresiva. Y que debería irse ajustando en la medida en que el IREM lo justifique. ¿Pero por qué el regulador produjo este interesante índice sin el consenso que vimos en otros momentos con las asociaciones médico-científicas? No suena sostenible una estrategia de reactivación sin el respaldo de la comunidad científica…

Por otro lado, ¿están las autoridades administrativas, como los alcaldes de Bogotá y Medellín, teniendo en cuenta este índice para reactivar?, ¿No hay otra contradicción al hablar de progresividad desde el Ministerio de Salud y al mismo tiempo enviar el mensaje de reapertura -prácticamente total- desde las alcaldías de las ciudades más grandes que mantienen ocupación de UCI por encima del 85%? y ¿Cuántos colombianos podrán entender qué es el IREM, para luego presionar a sus autoridades administrativas a tomar decisiones ajustadas a este índice?

Es evidente que la reactivación requiere mejor comunicación y más legitimidad científica y política. Para hacerla sostenible, es imprescindible más armonización entre los instrumentos del regulador en salud y las decisiones de las instancias político-administrativas como las alcaldías y gobernaciones. También es necesario generar consensos con los grupos de expertos y con los operadores del sistema de salud, y no se puede dejar de lado a los sectores productivos a los que se les debería convocar a concretar un gran pacto por el autocuidado, porque ahora -más que antes- es necesario que las empresas y el Gobierno se comprometan con una agenda de compromisos que eviten el contagio. El famoso protocolo de bioseguridad no será suficiente en un contexto de reactivación total, como la que estamos viendo que promueven los desesperados alcaldes.