OPINIÓN
Una reforma ambiciosa y progresista
El proyecto de ley de Solidaridad Sostenible presentado por el Gobierno esta semana supondría un cambio sustancial y positivo en el arreglo social vigente en Colombia.
A la fecha, este arreglo ha permitido conquistas importantes, aunque insuficientes, en muchas dimensiones del bienestar de la población, pero ha sido poco eficaz en la reducción de las inequidades seculares que atraviesan nuestra sociedad. Las fuertes secuelas generadas por la pandemia han echado para atrás los avances en reducción de la pobreza y agudizado las desigualdades. Con una reforma ambiciosa, el gobierno busca aprovechar la crisis para paliar los efectos de la coyuntura e introducir cambios estructurales.
Lo más novedoso y progresista del proyecto es el objetivo de garantizar un ingreso mínimo a cerca de 19 millones de personas que viven en condiciones de miseria y pobreza. Esto se lograría ampliando y volviendo permanente el Programa de Ingreso Solidario, recogiendo otros programas de transferencias ya existentes y los subsidios a los servicios públicos. La meta de esta iniciativa es reducir la incidencia de pobreza extrema en 5,8 puntos porcentuales (más de la mitad) y la de pobreza en 2,8 puntos porcentuales, mejorando significativamente el indicador GINI de desigualdad. Su costo, y el de la compensación del IVA para los más pobres que lo complementa: un razonable 0,6% del PIB.
En cuanto a ingresos, el corazón de la reforma está en los impuestos de renta a personas naturales (+1,4% del PIB). En Colombia, el recaudo por este concepto es la mitad, en proporción al PIB, del promedio latinoamericano (mientras que lo recaudado por renta empresarial es un 40% mayor). Aunque incluye un esquema gradual para ampliar la base de contribuyentes con tasas muy bajas y por debajo del promedio regional, el mayor esfuerzo recae sobre el 10% de colombianos con mayores ingresos, y en especial sobre el 1% más rico. Igual, una persona con ingresos de $40 millones mensuales pasará paulatinamente de tributar un 17% de su ingreso en 2019 a un 22% en 2024 (las tarifas equivalentes en América Latina, EE.UU. y España son del 27%, el 35% y el 41%, respectivamente). En cuanto a las rentas de capital, el impuesto a los dividendos aumenta al 15% (a partir de un umbral más alto), y el impuesto marginal al patrimonio (deducible del de renta) sube al 2%, a partir de los $15.000 millones.
La muy mentada reforma al IVA quedó bastante acotada (+0,6% del PIB). El porcentaje de los artículos de la canasta familiar que tendrá tarifa plena solo aumenta de 17,7% a 20% (un 71,8% permanece con tarifa preferencial). Aquí es importante aclarar que el IVA a los servicios públicos para estratos altos es descontable de la sobretasa que ya pagan. El IVA a la gasolina se concibe como un impuesto ambiental (la reforma trae un componente ‘verde’ bien interesante), aunque seguro dará para gran debate.
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En lo que refiere a los impuestos a las empresas (+0,3% del PIB), la reforma elimina múltiples exenciones y beneficios particulares a ciertos sectores, pero ofrece incentivos a la generación de empleo (vía subsidios en las cotizaciones de seguridad social de nuevas contrataciones por 4 año), para todos, así como la extensión del Plan de Apoyo al Empleo Formal hasta junio de este año. Y plantea beneficios adicionales a las empresas más pequeñas, como una tarifa de renta que arranca en el 24%.
En resumen, el gobierno estima que la reforma aumentará los ingresos netos de los deciles 1, 2, 3, 4 y 5 (el 50 % más pobre) de la población en 68 %, 25 %, 14 %, 9 % y 3 %, mientras que la afectación a los deciles más ricos será de solo el 1 % al 7 y el 8, el 2 % al 9 y el 4 % al 10. Si estos pronósticos se cumplen, el proyecto será altamente transformador.
