Una renuncia necesaria

“En Colombia nos habían mostrado el edificio de la corrupción política, pero este escándalo es un tour VIP a las entrañas de la construcción”, así definió al aire don Juan Lozano en una emisión de La FM, todo este nauseabundo episodio de la UNGRD. Y tiene razón, nunca antes en la historia reciente del país habíamos sido testigos de la exposición del supuesto mecanismo mediante el cual los gobiernos mueven el Congreso y los legisladores pagan las deudas con los contratistas que los financian. Asqueroso.

Según la fiscal del caso, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Andrés Rodríguez Melo, Luis Carlos Barreto Gantiva y César Augusto Manrique Soacha lograron “conformar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en la contratación privada y expedita de la UNGRD”. La acusadora sostiene que “fue una organización criminal que tuvo como propósito direccionar la contratación de la entidad en aras de apropiarse de dineros del Estado en favor propio y de terceros”.

Según la fiscal, Olmedo López “dirigió con Sneyder Pinilla la operación tendiente a conseguir dineros y contratación ilícita de la Unidad con destino a congresistas; lideró la operación tendiente a dirigir contratos de la Unidad para que fueran adjudicados a determinados congresistas, otros funcionarios públicos y particulares señalados por estos. Usted delegó en Sneyder Pinilla y Pedro Rodríguez Melo (asesor de la UNGRD), entre otros, la consecución de contratistas a quienes se les adjudicarían las órdenes de proveeduría y contratos a cambio de las coimas en beneficio propio y de terceros”.

La fiscalía también habló claramente sobre cómo no solamente los implicados habrían pagado sus deudas, sino cómo también se habrían quedado con parte del botín. “Usted coordinó la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz Nova; y la entrega de 1.000 millones de pesos directamente al representante Andrés David Calle Aguas, quien para entonces era el presidente de la Cámara, conforme a las instrucciones que le dio Carlos Ramón González Merchán, quien para la época se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre”, dijo la fiscal.

Pero las cosas no terminaron ahí. En la primera audiencia de este inodoro de señalamientos, la fiscal le puso banderillas al mismísimo ministro de Hacienda: “Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente congresistas de las comisiones terceras del Senado y Cámara”.

En unas chapulinescas respuestas, el ministro trató de defenderse mientras acuciosamente le preguntaban Ricardo Calderón y Juan Roberto Vargas, de Noticias Caracol, y sostuvo que todo era un malentendido.

Lamentablemente para él, esas declaraciones no son suficientes. Aunque la presunción de inocencia es un derecho que tenemos todos los colombianos, también es cierto que ante la contundencia de las pruebas y la gravedad de los hechos se hace insostenible la presencia del doctor Bonilla en su cargo.

El Ministerio de Hacienda es la cartera más sensible a nivel internacional, no solamente porque representa el establecimiento económico de la nación, sino que también es la responsable de la credibilidad y confianza foránea del país. Si el propio ministro está envuelto en un caso de corrupción de tal calado, ¿qué se puede esperar de su cartera y del Gobierno que representa? El doctor Bonilla no puede ser el garante de transparencia, honestidad y cumplimiento que necesita Colombia frente a los entes multilaterales mientras exista tal duda sobre su capacidad, idoneidad e inocencia.

En las últimas horas, Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, presentó su renuncia para defenderse fuera de la institución que dirige. Hizo lo correcto y responsable. El ministro Bonilla debe hacer lo propio, por su bien, dignidad y, lo más importante, por la estabilidad económica del país.

Posdata: Me cuentan que a la lista de los desplantes y mala educación del presidente Petro se suma uno de talla mayor que explotará en las próximas horas. La molestia sería inmensa y el daño, prácticamente irreparable. Qué desastre.