Una sentencia que estaba cantada

Este Gobierno es un mar poblado de peligros. No hay día que no desate una tormenta que zarandea el país y pone a temblar a la mitad de la ciudadanía, que no avizora un salvavidas.Después de escuchar el vulgar chantaje del ministro de Transporte a la alcaldesa Claudia López, no creo que nadie pueda dudar de que los títeres del gabinete están dispuestos a todo para satisfacer la petromegalomanía.  

Por mucho que el presidente anhele un metro subterráneo, que habría sido lo lógico en su momento y debería ser la norma en el futuro, no puede continuar con esa deriva populista y autoritaria que le quita la razón y lo aleja todavía más de la Colombia que no le votó y le sigue temiendo. Sin descartar que quienes le otorgaron su confianza solo por derrotar al uribismo, se vayan sumando a la legión de arrepentidos.

Anunciar que adelantará su viaje a China para que la dictadura asiática le ayude a salirse con la suya es un gesto que confirma que no piensa modificar su avasalladora manera de gobernar. Y que siguen haciendo metástasis los voraces tumores de la prepotencia y el odio que guían sus pasos y que ni el mismo papa Francisco pudo extirpar.

Esa enfermiza obstinación ha provocado que el debate sobre el metro dejara de ser técnico para convertirse en arma arrojadiza contra los que matricula de enemigos por apoyar el proyecto que ya existe. Y que convierta el debate en su as bajo la manga de cara a los comicios de octubre. Agreguen al coctel el ansia de cercenar toda posibilidad de que la alcaldesa López inicie alguna obra de envergadura que lleve su propio sello. De ahí la amenaza con detener otros proyectos.

Y mientras Petro deja que su gente libre en Colombia una pelea barriobajera, a la que se incorpora con sus invectivas vía Twitter, Gustavo Bolívar se pasea por el mundo preparando su candidatura a la alcaldía. Solo dispone de diez meses tanto para embolsarse los millones que sepulten sus preocupaciones financieras, como para recibir una formación exprés en urbanismo con reputados expertos del planeta.  

Y pensar que solo llevamos seis meses y ya el presidente Petro aniquiló el anhelo colectivo de una Colombia unida. Vuela a velocidad del sonido y deja palpable en el aire la sensación de que sigue una senda trazada tiempo atrás y no está dispuesto a acortar ni desviar el camino.

Entretanto, sus aliados de las Farc ganan terreno con una permisividad irritante. No solo fotografían y luego asesinan a unos jóvenes en Campamento, Antioquia, algo habitual en sus quehaceres diarios. Ahora también se pasean por las calles de pueblos y veredas, y acuden a las escuelas a hacer apología del terrorismo sin que autoridad alguna los perturbe. A fin de cuentas, están logrando lo que Petro ansía: normalizar de tal modo a la guerrilla que cuando se siente a negociar, a nadie le preocupen las concesiones que hará.

Resulta irónico ver a esos criminales tan frescos en la misma semana en que la Corte Suprema ratificó la condena del exministro André Felipe Arias. Le habría ido mejor si fuese uno de esos autores de crímenes de lesa humanidad o un verdadero atracador de fondos públicos.

No se robó un peso, el 99,05 por ciento del programa Agro Ingreso Seguro cumplió su cometido. Benefició a 25.500 campesinos y solo 12 familias cometieron la irregularidad de fraccionar sus predios. Pero no solo devolvieron la plata, sino que habían hecho los distritos de riego y drenaje.  

Pero el famoso ‘Uribito’ no tenía escapatoria. Cometió el pecado de ser el alumno aventajado de su líder, su sucesor in pectore, una condición que lo condenó desde el inicio a una sentencia que incluso medios tan críticos hacia el exministro, como El Espectador, tildó de excesiva en su día.

El nuevo fallo de la Corte Suprema estaba cantado, no sorprendió a nadie. El magistrado ponente, Jerson Chaverra, ya había negado, diez años atrás, un testigo a la defensa de Arias cuando el expediente estuvo en manos del Tribunal Superior de Bogotá. Tampoco quiso escuchar a dos exministros que habrían confirmado que siempre el Ministerio de Agricultura recurría al mismo organismo internacional (IICA) para ese tipo de contratos, dada su dilatada experiencia en el sector.

Ni hablar del papelón que encomendaron al tercer magistrado de la sala, Fernando Bolaño. Tuvo 24 horas para estudiar el expediente y realizar una deliberación exprés con sus dos compañeros, porque se incorporó al caso el 31 de enero y firmó la sentencia al día siguiente.

Es un pesar que las altas cortes se hayan politizado al extremo de que sus sentencias se reciban con escepticismo acerca de su imparcialidad, máxime en casos que afectan a uribistas. Casi que replican la polarización política que divide a la sociedad.Nada en el horizonte señala que tengan intención de cambiar. Si acaso, harán como este Gobierno. Predicar el cambio para que todo siga igual.