OPINIÓN
UP: la muerte tiro a tiro
“Otro elemento clave de la revelación periodística es que pone de presente la percepción de que en Colombia aún hoy se siguen planificando desde las altas esferas del Estado crímenes contra quienes se oponen a los designios del establecimiento”.
Es extravagantemente irracional imaginarse a un presidente sentado con un mercenario extranjero para diseñar una estrategia dirigida a aniquilar a punta de tiros a la oposición política, en este caso a un partido de izquierda.
Pues bien, ¿en qué país ocurrió ese oprobioso acto? En Colombia, ni más ni menos. En la democracia más antigua de América Latina. En un gobierno liberal, el del “trapo rojo”, comandado por su presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990), este se sentó a manteles con un mercenario israelí, Rafi Eitan, a planear macabramente cómo exterminar una agrupación de izquierda: la Unión Patriótica. Partido que nació producto de un acuerdo de paz.
Pero más extravagantemente irracional es que consultado el entonces ministro de Defensa de la época por el propio Barco, el general Rafael Samudio Molina, sobre la estrategia, este se opuso a que una “fuerza extrajera” ejecutara el plan porque las Fuerzas Militares (FF.MM.) lo podían hacer.
Cuenta el periodista Alberto Donadío, en su columna “Virgilio Barco y el exterminio de la UP”, publicada en el portal los Danieles, que tras Barco aceptar, sin objeción “moral, ética, legales o políticas” la propuesta del matón israelí de “eliminar a miembros de la Unión Patriótica”, se encontró con una oposición férrea del alto mando militar en cabeza del Ministro de Defensa, no para evitar la masacre, sino para ejecutarla a través de las fuerzas armadas bajo su mando.
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El resultado de este genocidio fue: Dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de seis mil militantes asesinados , recuerda en su Twitter la exsenadora Piedad Córdoba.
Pero más adelante cuenta Donadío, periodista a quien admiro, que el entonces Consejero de Paz de Barco, Carlos Ossa Escobar, en un acto de decencia civil y democrática, quiso dejar constancia de un comentario que le hizo un alto funcionario del gobierno Barco y “oficializó en 2011 ante la notaría tercera de Bogotá que durante el gobierno del ingeniero liberal le expresó al ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, su preocupación pues todos los días estaban matando a un miembro de la UP. Samudio le contestó: ´a ese ritmo no van a acabar nunca´ “. Macabra respuesta que no sorprende, por supuesto.
Bien hacen los senadores Iván Cepeda y Aida Abella en reclamar una responsabilidad del Estado en este genocidio y anunciar una denuncia penal contra el general (r) Samudio Molina. Pero, además, ese abominable testimonio debe, de oficio, ser tenido en cuenta por la JEP como pieza fundamental en el macrocaso sobre la Unión Patriótica.
Sigamos con la historia del periodista Donadío. Por supuesto que su revelación iba a provocar la reacción de algunos sectores que no comparten la versión. La de los señores militares retirados era de esperarse, “es otro montaje contra las FF.MM”, dijeron; pero la que más me sorprendió fue la de algunos historiadores que citando apartes de un texto del inglés Malcolm Deas, en el que habla de unas relaciones fluidas entre Barco y miembros de la UP como si esta fuera la última palabra y cuestionan la versión dando por sentado que el extranjero tiene la razón. Cómo les duele a algunos académicos dedicados a contar el conflicto colombiano que un periodista les ponga en evidencia su falta de rigurosidad y compromiso con la verdad. Esos que nunca salieron de la historia oficial y nos han dicho verdades a medias.
Pero bueno, como en Colombia no existe la sana costumbre de otros países serios de que los presidentes cuando dejan sus cargos escriben sus memorias, así sea para decir mentiras o maquillar sus pésimos gobiernos, pues hay que destaparles sus fechorías así sea años después.
Otro elemento clave de la revelación periodística es que pone de presente la percepción de que en Colombia aún hoy se siguen planificando desde las altas esferas del Estado crímenes contra quienes se oponen a los designios del establecimiento. El asesinato de líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz, indígenas, comunidades raizales, ambientalistas y el desplazamiento de campesinos, no son casos aislados, detrás existe el propósito de generar miedo y zozobra para evitar que fuerzas alternativas desplacen del poder a unas oligarquías que se aferraron al poder hace 200 años.
Lo extraordinario de este relato del periodista Donadío, es que demuestra que esa estrategia no es una fábula y es perfectamente posible que hoy se esté fraguando algo similar a lo que pasó en el Gobierno Barco; esta débil democracia, hecha a su medida, no los detiene. Qué desgracia de país. Esto tiene que cambiar y nuestra gran oportunidad como colombianos decentes la tenemos en el 2022. Votemos bien, ni las masacres no pueden arrebatar ese sueño.