Uribe: muro de contención

El proceso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez podría resumirse en una sola palabra: arbitrariedad. Al exmandatario le han sido violados sus derechos procesales porque se ha encontrado con unos “administradores” de justicia que han manipulado con su ideología las leyes, en lugar de aplicarlas con rigor y técnica.

La nueva perla que puso en evidencia una de las tantas arbitrariedades apareció esta semana, cuando el abogado de la defensa, el doctor Jaime Granados, anunció en la audiencia preparatoria que los peritos habían establecido que del celular y el computador de Juan Guillermo Monsalve, testigo “estrella” en contra del expresidente, habían sido borrados más de 103.000 archivos.

¿Qué garantía pueden tener esos archivos si ya está demostrado que fueron manipulados? ¿Quién borró los 103.000 archivos del celular y del computador de Monsalve? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién dio la orden? ¿Cuál fue el criterio de selección? ¿Los archivos del supuesto reloj con el que dicen se tiene la prueba reina en contra del expresidente Uribe también fueron manipulados? ¿O no será más bien que todo era un burdo montaje y en alguno de los 103.000 archivos borrados yace la verdad?

Porque lo que es cierto es que el relato periodístico sobre el cual se creó la narrativa para condenar a Uribe se fundamentó en la grabación del reloj que tenía Monsalve, en la cual, según él, quedó registrada la supuesta presión que le estaban haciendo para que cambiara su versión. Pero ¿cuál es la versión real de toda esta historia? ¿Que un grupo de odiadores antiuribistas estaban dispuestos a todo con tal de meter preso al expresidente?

Lo espeluznante es que para poder acceder a la copia original de esos archivos sobre los cuales se creó el relato periodístico desde 2018, la defensa tuvo que esperar cuatro largos años. Hasta los pasados 25, 26 y 30 de septiembre, la defensa pudo terminar de acceder al material original que reposaba bajo custodia en la Corte Suprema de Justicia.

El material era bastante extenso: 854 gigabytes, los cuales, solo para su descarga, necesitaba de 164 horas continuas, casi siete días calendario. En ese orden de ideas, la defensa solicitó más días para tener total conocimiento del material, porque si se terminaba de descargar siete días después del 30 de septiembre, para el 2 de octubre era imposible que estuviera preparada. Pero a la jueza 44 penal del Circuito le pareció que esa solicitud era una suerte de artimaña de la defensa para ganar tiempo y ¡no permitió el aplazamiento de la audiencia del 2 de octubre! ¿Sesgo ideológico? ¿Dónde queda el derecho a la igualdad de armas? Porque si ya habían pasado al menos cuatro años sin haberle permitido a la defensa el acceso a los archivos de Monsalve, ¿qué de malo tenía esperar siete días más?

El doctor Granados tuteló solicitando la defensa de los derechos fundamentales al debido proceso de defensa y de contradicción de Álvaro Uribe Vélez, y el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del expresidente, regañó a la jueza 44 (¡qué vergüenza!) y protegió los derechos fundamentales de Uribe.

En este espacio hemos dicho que nadie puede estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo, y en este caso es evidente la malversación que la justicia ha tenido en contra del exmandatario, con algunas pocas excepciones, como cuando la juez 30 penal con función de Control de Garantías dejó en libertad al mandatario después de la arbitrariedad de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que lo privó de su libertad en agosto de 2020.

Hasta el día de hoy, otra de las arbitrariedades de este proceso es que las interceptaciones ilegales que le hicieron a Uribe siguen siendo ¡una prueba en su contra a pesar de la ilegalidad! Y la defensa no ha podido interrogar al testigo “estrella” Juan Guillermo Monsalve. ¿Por qué lo protegen tanto?

Recordemos que Monsalve es un exparamilitar condenado a 40 años de prisión por secuestro, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y que a pesar de este arsenal de antecedentes y de estar condenado le concedieron por prisión una casa fiscal en una guarnición militar, acceso a trago, celulares, computadores y muchos privilegios más.

Durante la audiencia de preparación en la que el doctor Jaime Granados dio lectura al fallo de la tutela a favor de Uribe para que se le respetaran sus derechos fundamentales, la expresión facial de desconcierto del senador Iván Cepeda fue monumental y complementada con la actitud de la jueza 44, que despectivamente le dijo al abogado defensor que ella no tenía conocimiento del fallo de la tutela y que, al parecer, él sí tenía más “información”.

La obsesión del comunismo disfrazado de “progresismo” por meter preso al expresidente Uribe se debe a que ha sido la única persona que en América Latina impidió que dictadores guerrilleros y fascistas, como Hugo Chávez, se tomaran el poder en Colombia. Ahí radica el odio hacia la única persona que es capaz de decirle a Gustavo Petro que, “mientras usted delinquía, yo trabajaba”. Tal vez los jueces de la patria no se han dado cuenta de que, tan pronto pueda, el “cambio” acabará con la rama judicial y que permitieron que al verdadero defensor del Estado social de derecho se le violaran arbitraria y sistemáticamente todos sus derechos fundamentales.