Vacuna colombiana: ¿para cuándo? (parte I)

Usando estadísticas simples y al alcance de todos, el veredicto parece claro: Colombia es uno de los lugares con más altos niveles de afectación por la crisis sanitaria de covid-19. Cuando finalice la emergencia y sea tiempo de balances comprensivos, muy seguramente nos acercaremos al top 5 mundial de países con el mayor número de casos totales, así como al top 10 mundial de países con el mayor número de muertes totales.

Lo anterior no cambia mucho al realizar controles por tamaño poblacional. Más aún, en las cifras locales, Bogotá será responsable de un tercio de los infectados del país, así como la ciudad con mayor incidencia del virus, según el número de casos por millón de habitantes. Todo lo anterior, tanto a nivel local como nacional, con las correspondientes consecuencias sociales, laborales y económicas.

En dicho contexto de alto impacto para nosotros, resulta de gran importancia la discusión sobre cómo garantizar el acceso oportuno a las vacunas que logren desarrollarse durante los próximos meses. Sobre todo por la necesidad urgente que tendríamos de dicha solución, llegado el caso de un segundo brote del virus como consecuencia de una implementación equivocada de la reapertura económica.

Ya empiezan a generarse alarmas a este respecto, en voces como la de José Daniel López, representante a la Cámara. No parece que el Gobierno nacional (ni tampoco el de Bogotá) esté asumiendo el desafío de consecución y aseguramiento de la vacuna con la prioridad y urgencia que se requieren.

Para empezar, Colombia no cuenta con la capacidad para generar su propia vacuna. Simplemente dependemos de lo que ocurre en otros países. Nuestra principal labor histórica ha sido servir de conejillos de indias para estudios clínicos de grandes farmacéuticas. Tal como será el caso del proyecto recientemente anunciado con Johnson & Johnson.

En segundo lugar, en el mundo de la cooperación internacional y la aplicación de mecanismos como la Plataforma COVAX (una suerte de ‘vaca’ entre muchos estados para financiar y adjudicar la nueva vacuna), Colombia no necesariamente será objeto prioritario como destino de la solución que se genere.

Esto debido a que somos lo que se denomina un “país de renta media”, lo que significa que no somos lo suficientemente pobres para ser considerados vulnerables, y por ende prioritarios como destino de la vacuna. Tampoco somos lo suficientemente ricos para contar con independencia farmacéutica o realizar compras anticipadas (a riesgo) de soluciones inmunológicas en proceso de desarrollo.

Por último, la ley estatutaria de salud (ver artículo 15) contiene prohibiciones taxativas para la compra de insumos en fase de experimentación. Eso significa que no podemos recurrir a las compras anticipadas antes mencionadas, como ciertamente sucede en otros lugares.

Siendo justos y considerando la forma exótica en que opera nuestra democracia, así no estuviera prohibido, a qué funcionario del Estado le podríamos exigir poner en riesgo su reputación, libertad y patrimonio, asumiendo semejante responsabilidad en medio de la incertidumbre del desenlace final.

Estamos entonces en el peor de los escenarios, lo que solo se agrava al notar la ausencia de claridad y liderazgo sobre este particular. Esto no es un problema exclusivo del Ministerio de Salud y Protección Social sino de todo el establecimiento público.

Los esfuerzos por implementar deben incluir a la gerencia para la atención de la pandemia, la Cancillería y las autoridades de comercio exterior, así como a las instancias de hacienda y crédito público. Ojalá también se incluya a los principales gremios económicos y líderes empresariales.

Nadie va a resolver esto por nosotros. Que la respuesta no termine siendo que nos toca hacer una fila de seis meses, o más, para lograr lo que tantos otros sí tuvieron la inteligencia de prever y la audacia de garantizar.