Vacunas: gobierno, déjese ayudar

La capacidad institucional de nuestro Estado y la realidad social y económica del país crean un contexto que todos conocemos y que hace muy difícil vacunar a un alto porcentaje de la población en un corto período de tiempo. Necesitamos el concurso de todos, incluyendo el sector privado y empresarial para lograr un plan de vacunación que sea ambicioso y realizable.

A punto de culminar el primer mes del año, el Ministerio de Salud y Protección Social aún no publica el decreto que define formalmente el plan nacional de vacunación contra la covid-19. Mientras países de todos los continentes ya iniciaron sus campañas, nosotros seguimos enredados en detalles técnicos y regulatorios. ¿De verdad no hemos tenido tiempo para resolver estos temas?

Más aún, la versión borrador de dicho decreto genera grandes preocupaciones. Para empezar, según su Artículo 22, la importación y comercialización de vacunas por personas del derecho privado no se permite sino hasta agotarse la fase I del plan de vacunación. Si bien esto podría parecer sensato desde las perspectivas de prioridad y equidad en el acceso a la vacuna, lo cierto es que esta provisión no es más que un tiro en el pie y una forma de garantizar el fracaso.

La primera fase del plan en referencia (en sus tres etapas) prioriza, entre otros, a los trabajadores de la salud, la población de adultos mayores y aquellos con comorbilidades. Aquí se espera vacunar a cerca de 12 millones de personas en el transcurso de 2021. Otros 20 millones calificarían para la vacuna gestionada por el Gobierno en 2022.

Si esto parece lento, la realidad puede ser peor. Es infortunado, pero fácil de predecir, que estaremos lejos del cumplimiento de estas metas, no solo por los problemas que ya se presentan en la distribución mundial de la vacuna, sino también por la complejidad que implican aquellas que requieren almacenamiento en ultracongeladores. Después de otro año de pandemia en 2021, podríamos estar lejos de alcanzar inmunidad colectiva y aún sujetos a cuarentenas y restricciones.

¿Qué podemos hacer? Para empezar, el Gobierno Nacional debería permitir la entrada de actores privados desde fases tempranas del plan de vacunación. Cualquier EPS y entidad de medicina prepagada desearía importar vacunas a su propia cuenta y riesgo para entregarlas gratuitamente a sus afiliados. No hay mecanismo más eficiente para que logren sus objetivos misionales de prevención, sin contar que en sus modelos financieros resulta bastante mejor invertir en dosis de 50.000 pesos que cubrir los multimillonarios costos del manejo de la covid-19.

Esta figura en sí misma no es ninguna perversión ni es promotora de inequidad. Por el contrario, serviría para liberar cargas y le permitiría al Estado focalizar sus recursos en aquellos más prioritarios y vulnerables. Quizá la discusión es sobre cómo armonizar, sin restricciones, a los diferentes agentes del sistema de salud para lograr el propósito común: más vacunas en menos tiempo. Máxime teniendo en cuenta que los cupos de vacunas que logren los privados no compiten, sino que complementan los ya logrados por el Gobierno.

Esto ya ocurre en el actual Programa Ampliado de Inmunizaciones, en el que el acceso al esquema de vacunación en el país es gratuito, pero en donde resulta común que afiliados del régimen contributivo, por razones de preferencia o conveniencia, opten por pagar sus inmunizaciones, incluso para el mismo agente biológico que se distribuye de forma gratuita. ¿Cuál es el problema?

En esta misma línea, es nocivo que según el decreto que se pretende promulgar, las personas de derecho privado que importen y apliquen vacunas, asumen la responsabilidad por los posibles efectos adversos. Sabiendo que las farmacéuticas se han blindado de sus responsabilidades durante las negociaciones con los gobiernos, nuestras autoridades de salud responden con lineamientos incomprensibles: ¡el fabricante no responde, pero el intermediario sí!

Ideal entonces si el Gobierno Nacional se deja ayudar. Entiendan que no van a poder solos, y que, con más colaboración, todos resultaremos beneficiados.

Corolario: en Estados Unidos e Inglaterra se lograron acuerdos de responsabilidad compartida entre los gobiernos y estas compañías, en caso de efectos adversos de las vacunas. Argentina, México y Chile las exoneraron de responsabilidades, mientras que nosotros estamos en el vecindario de los que fuimos más lejos y les ofrecimos garantías avaladas en proyectos de ley.