Vademécum del sistema de salud

El grave problema de la salud en Colombia parece estar en boca de todos. Sin embargo, como consecuencia del conocimiento limitado de los opinadores en un tema complejo y, sobre todo, de la actitud de quienes por su inclinación política desfiguran la realidad con tal de legitimar sus argumentos, no se ha logrado que el público en general se forme una opinión sensata.

Lo primero que hay que entender es que los costos de prestación de la salud los tiene que pagar alguien. Los salarios de los médicos, las enfermeras y el personal administrativo, los equipos especializados que tienen en clínicas y hospitales, y los medicamentos tienen un costo y la plata no cae del cielo. Ese costo se sufraga primero con dineros de los afiliados al sistema de salud y, segundo, porque el primero no alcanza, con dineros del Estado. En otras palabras, existe un subsidio del Estado a los afiliados en salud que sale de los impuestos que pagamos.

Como los aportes de los colombianos al sistema de salud son relativamente estables en el tiempo, cada vez que se incrementan los costos del sistema, el faltante ha sido asumido por el Estado. Una solución sencilla, pero impopular al problema, sería que el Congreso aumente las cotizaciones de los afiliados, de modo que el Estado tenga que financiar menos faltantes del sistema de salud.

La otra alternativa para solucionar este faltante es que el gasto en salud no se desborde. Ese es el rol actual de las EPS y hacen un muy buen trabajo al respecto. Evitan que se presten servicios innecesarios, negocian los precios con los prestadores de salud, promueven campañas preventivas y utilizan los recursos de los afiliados y el Estado para pagar los servicios. Sin ellas, el gasto del sistema de salud sería muy superior y no habría un control sobre la calidad de los servicios prestados por médicos, clínicas y hospitales.

Sin embargo, la labor de las EPS no es suficiente. El envejecimiento de la población y, sobre todo, el Estado garantista que nos dejó la Constituyente del 91 han hecho que cada vez se le exija al sistema de salud que atienda más y más casos sin tener en cuenta el impacto económico que generan al sistema. Si el control de las EPS sobre el uso de los servicios de salud no existiera, muy fácilmente los usuarios podrían excederse en su uso (ir al médico por cualquier dolor de cabeza) y hacerlo impagable.

Cierto es también que ciertas EPS, sobre todo las públicas, han estado expuestas a trazas de corrupción. Esta corrupción, afortunadamente, se ha mantenido a raya por las bondades del sistema y porque los usuarios tienen la opción de cambiar de EPS. Si una EPS es víctima de la corrupción y desmejora su servicio, los colombianos pueden, sin mayor dificultad, afiliarse a otra. Nadie es rehén de un monopolio con el esquema actual, que castiga a los malos prestadores de salud por medio del mercado.

La reforma a la salud propuesta por el gobierno pretende acabar el rol de control y optimización que ejercen las EPS, con la intención subyacente de tomar control de los fondos de la salud, lo cual genera para el presidente más poder político. Seamos claros: el gobierno no tiene la capacidad de controlar el sistema y, sin las EPS, el gasto en salud y, por lo tanto, el faltante, se disparará. Los usuarios no tienen garantía de la calidad del servicio, tal como sucede ahora, pero bajo el esquema propuesto en la reforma no tienen la opción de cambiar de proveedor, quedando atrapados, presos de la única opción que existiría: la Adres.

Como la reforma va andando a paso lento a pesar de los incentivos en contratación y en puestos que ha utilizado el gobierno en el Congreso, la estrategia del Ministerio de Salud se ha desviado por un camino peligroso: ha dejado de trasladar los fondos que está obligado a trasladar a las EPS, desbalanceando el sistema. Como consecuencia, los dineros de los afiliados al sistema de salud y los fondos del gobierno no alcanzan para pagarles a los médicos, a los hospitales y a los fabricantes de medicamentos.

Las EPS, que son intermediarias, no pueden responder por este faltante, ya que su función es pagarles a los prestadores, no con su dinero, sino con el dinero del sistema. No pueden obligar al gobierno a pagar, no pueden incrementar las tarifas del sistema de salud a los afiliados y, siendo un sistema eficiente el de hoy, no pueden disminuir más el gasto en salud, a riesgo de quebrar a los proveedores de salud. Estos últimos, al no recibir el pago, dejan de prestar los servicios, afectando a los afiliados.

Esta estrategia del gobierno, anunciada hace alrededor de un año por la exministra Corcho, tiene como consecuencia destrozar un sistema que para la gran mayoría de los afiliados ha respondido. Pero no funciona para solucionar el desbalance. Es como la estrategia del niño que, para no perder un partido de futbol, pincha el balón, dejando a todos los amigos metidos.

La solución al problema actual claramente pasa por otro lado. O se controla el gasto en salud, sobre todo el de las enfermedades de alto costo, lo cual está en manos de la rama judicial, o se fondea el sistema con más dinero, que provenga de subsidios del gobierno o de cotizaciones de los afiliados. Pero eso sí, el almuerzo gratis que nos prometen con la inconveniente reforma no existe.