Vendedores de humo

La desatinada demanda presentada por Dejusticia para forzar la reforma del estatuto tributario no es más que un saludo a la bandera que distrae la atención. Sin duda, la covid-19 nos va a obligar a aumentar el recaudo de impuestos. Pero si se aumentan las tasas, solo se logra que los pocos que siempre han pagado paguen aún más, y sean cada vez menos competitivos frente a los informales. Colombia necesita una propuesta realista para poner a pagar impuestos a los miles que no pagan y ponerle fin a la evasión.

En impuestos lo importante es la base de contribuyentes, que equivale al “todos ponen” de la pirinola. Ampliar el número de contribuyentes –para que todo el que tenga que pagar pague y que todos paguen lo justo– no se logra a punta de tutelas. La ley por sí sola no va a poner a tributar lo justo a las centrales de abastos, o a las subastas ganaderas, ni a las grandes haciendas, ni a los constructores, ni a los grandes evasores. Colombia necesita una reforma integral del sistema: desde cómo se crea y modifica la norma hasta cómo se aplica la ley y se identifican los contribuyentes. A estos últimos se les debe facilitar el cumplimiento voluntario, y reservar las sanciones solo para quienes actúan de mala fe.

El Estatuto Tributario es solo el marco formal y general de cómo se contribuye, pero, como sucede en el fútbol, las reglas no determinan la calidad del partido. El árbitro, el estado de la cancha, la iluminación, la formación y creencias de los jugadores y el público son condiciones que importan tanto o más que las reglas, y las condiciones de tributación en Colombia requieren atención urgente.

En primer lugar, urge reformar la manera en que se producen las leyes tributarias, pues los aportes que se proponen desde la politiquería y a gusto de los congresistas no contribuyen al fortalecimiento de un tema tan técnico y especializado. El Congreso debería limitarse a aprobar o no, luego de un largo proceso de aportes por parte de todos los expertos y de la documentación de la forma en que la norma afecta a cada actividad y segmento de contribuyentes; a informarse sobre nuevos procedimientos, formularios y sistemas, y documentar los impactos de la norma en el recaudo y su razón de ser, así como los beneficios esperados de cada exención y sus mecanismos de verificación. Es absurdo que a cada reforma tributaria se le cuelgue una selva de micos solo porque los procedimientos de la Ley Quinta así lo permiten. Y eso hace que se muevan miles de millones de pesos por cada uno de esos micos.

En segundo lugar, están los contadores. El eslabón más débil de la cadena; el jugador clave que registra, mide, informa y estructura los datos para poder saber los verdaderos resultados de una empresa. Ellos son como el VAR: ven el juego en cámara lenta, mientras nadie más puede ver el replay. Si los compran no hay juego justo. En Colombia la regla es buscar al contador y al tributarista para que minimicen el pago de impuestos, incluso si para lograrlo hay que hacer fraudes, comprar software para robarse el IVA o llevar dobles contabilidades. Algunos esquemas de evasión son sofisticados, otros son descarados. En este último grupo, el registro generalizado de nuestros lujos y gastos personales –empleada, conductor, mercado, celular, clubes, yates– como gastos de una empresa es lo común para los afortunados con altos ingresos. Con esta práctica evaden billones de pesos, y nada tiene que ver con la redacción del Estatuto.

El sistema de control de los contadores, como en el caso de la profesión jurídica, está politizado, y las más de las veces garantiza la impunidad para quienes se prestan a hacer fraude. Eso facilita que los tramposos se salgan con la suya. 

En tercer lugar, están la falta de coordinación y la poca sistematización de todas las entidades que participan en el control y registro de la actividad económica. La evasión en sectores como el ganadero es masiva, así como también lo es en las transacciones de inmuebles. Apenas una cuarta parte de las empresas inscritas en Cámaras de Comercio pagan algún impuesto, y los registros de la propiedad rural esconden más de lo que muestran. Una simple depuración del sistema mostraría que un alto porcentaje de las sociedades registradas en Colombia son de papel. Están creadas para vender facturas falsas, para soportar gastos ficticios de quienes no quieren pagar impuestos, y para ser fachada de importaciones de contrabando que sirven para blanquear los dineros del narcotráfico.

Finalmente, nada sirve tanto para poner a la gente a pagar impuestos como la calidad de la gestión del gasto público. Es necesario demostrarle a la ciudadanía que tener un buen Estado paga, que el sistema de salud sí puede sanearse y que la educación pública puede tener una oferta de calidad igual o mejor que la de la educación privada. Lograr recaudos del 30 por ciento del PIB requiere de hechos, de un Estado con instituciones eficientes y que funcionen, empezando por la Dian.