Violencia o convivencia

La irracional violencia que ha venido sufriendo Colombia en los últimos 70 años por parte de grupos armados ilegales —llámese guerrillas, paramilitares o narcotraficantes— para lo único que ha servido, es para agredir y empobrecer social y económicamente a la población y para justificar por parte del Estado, los enormes recursos económicos y materiales que se han invertido, incluyendo los de la comunidad internacional, en la lucha poco eficaz contra los grupos armados ilegales.

La existencia de esos grupos, hábilmente manejados por intereses muy concretos, ha sido un buen pretexto para que el establecimiento colombiano justifique el crecimiento desproporcionado del Estado y de las propias fuerzas militares y de policía, lo mismo que la no introducción de los cambios institucionales, sociales y económicos que tanto necesita Colombia para ser un país menos desigual, más democrático y donde predomine la convivencia pacífica.

Ahora que los antiguos jefes de la guerrilla de las Farc, en paz, se abrazan con antiguos jefes paramilitares también en paz y se piden perdón, una pregunta que tenemos que hacernos en Colombia, es: ¿qué hubiera pasado en nuestro país si esos encuentros fraternales se hubieran hecho cuando ellos estaban al frente de sus actividades ilegales, mucho más cuando tenían en común su origen humilde y popular?

En mi opinión, estos 70 años de violencia que hemos vivido en Colombia, nos han dejado un criminal muestrario de miles de víctimas, de personas desaparecidas y desplazadas de sus regiones de manera forzosa y una situación lamentable en materia humanitaria que obliga al Estado a encontrar los caminos de reparación y no repetición, pero también a los grupos armados ilegales que actualmente existen como el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como las denominadas disidencias de las farc y grupos paramilitares, como el llamado bloque de Urabá y otros que también están ligados al narcotráfico, a tomar la decisión más revolucionaria de manifestar públicamente que, de manera unilateral, toman la decisión de abandonar sus actividades ilegales, entre ellas la práctica del secuestro y reafirman su disposición de dialogar en los territorios rurales donde actúan con voceros tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regionales.

Lo anterior permitiría al Estado colombiano dedicar todos sus esfuerzos, con la colaboración de sus fuerzas militares y de policía, a garantizarle a la población un clima de seguridad y tranquilidad frente a la acción criminal de asaltantes callejeros, y así garantizar que las calles y los parques sean para el bienestar de los niños y las niñas, de los adultos mayores y de la gente en general, y no de los delincuentes y asaltantes urbanos y rurales.

Ese clima de tranquilidad y seguridad ciudadana debe complementarse con una política pública de empleo, de promoción de actividades culturales, deportivas, recreacionales y de ampliación de la cobertura en materia pensional, a fin de ir cambiando subsidios por derechos, pero, ante todo, de fomento de una verdadera política de responsabilidad social empresarial para lo cual son muy importantes las Cajas de Compensación Familiar y las Cámaras de Comercio que actualmente existen en varias regiones de Colombia.

Esos nuevos comportamientos tanto de los grupos armados ilegales como del Estado colombiano—en mi opinión— son los que permitirán construir un verdadero Estado Social de Derecho, donde predomine menos violencia y más convivencia y democracia en Colombia.