Una violencia silenciada

En 2004 un hecho parecido ocurrió en el Catatumbo sin que nadie se enterara. Una familia campesina estaba siendo intimidada por paramilitares que les exigían entregar su finca. El padre se niega y es asesinado. A los pocos meses los paramilitares regresan, lo hacen en varias oportunidades. Una tarde en que van a buscar a la madre y no la encuentran, violan a María, una de sus hijas. Ella es sorda.

Este segundo caso contiene varios elementos que hacen más complejo el crimen y que advierten un vacío que revictimiza a cientos de personas sordas en el país. Producto de esta violación y de las amenazas, la familia tuvo que desplazarse a un barrio al sur de Bogotá. Cuando van a presentar su caso en la Unidad para las Víctimas, no encuentran un intérprete que pueda tomar su declaración. La Unidad contrata un intérprete, pero éste no logra comunicarse con María, pues ella tiene un bajo nivel de Lengua de Señas. Y, como el intérprete era hombre, ella se sintió intimidada y se generó un proceso de revictimización.

En 2016 otro hecho que involucra a una persona sorda se presentó en Bogotá. En la entrega de los restos óseos de una mujer víctima de desaparición forzada, estaban sus hijos, uno de ellos, Andrés, era sordo. La mujer había sido desaparecida hace quince años en una vereda de Caquetá. Al igual que María, Andrés tenía un uso precario de la Lengua de Señas. Sin embargo, en esta oportunidad la Unidad para las Víctimas y el Instituto Nacional para Sordos solicitaron un servicio de interpretación que contó con un grupo más completo de profesionales. Este consistía en tres personas: un sordo nativo con capacidad de traducir los códigos lingüísticos de la víctima a la lengua de señas colombiana; adicionalmente, otros dos intérpretes que luego traducían de la lengua de señas al español. Este proceso permitió que, por primera vez, Andrés recibiera atención psicosocial y que pudiera comenzar un duelo que había mantenido quince años en silencio.

Estos tres hechos ponen de manifiesto los patrones de una violencia silenciada en el marco del conflicto armado. Las situaciones se presentan en territorios marginados en el que las personas sordas tienen un uso precario de la lengua de señas: Catatumbo, Arauca y Caquetá. Estas circunstancias les generan una doble condición de vulnerabilidad. Además, las violencias padecidas por las personas sordas son múltiples y provienen de distintos actores armados.

Finalmente, existe un vacío institucional en términos de registro y rutas que le permitan a esta comunidad denunciar de manera efectiva los hechos violentos y recibir la atención adecuada desde un enfoque diferencial. Este vacío se profundiza al momento de hacer el trámite ante la Unidad para las Víctimas, pues el formulario no diferencia entre discapacidad adquirida durante la guerra o si la persona la padecía con anterioridad. Además, si no existe una palabra en lengua de señas colombiana que hable específicamente de víctimas del conflicto y sus derechos ¿cómo puede una víctima sorda reclamarlos?

Narrar estos hechos, descifrar los patrones de comportamiento que hicieron posibles estas violencias y dignificar las historias de las personas sordas víctimas del conflicto armado es uno de los retos que tiene la Comisión de la Verdad. Visibilizar el daño a esta comunidad implica generar transformaciones en las instituciones que trabajan por las víctimas, en construcción de memoria y con personas sordas. Y, como sociedad, nos obliga a reinventarnos desde el lenguaje, porque el español no da cuenta de una violencia que ha sido dos veces silenciada.

*Columnista invitado. Politólogo, Profesional en Estudios Literarios, Mg. Estudios Culturales. Actualmente Coordinador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Ha colaborado con distintos medios abordando temas de memoria histórica, conflicto armado, educación, discapacidad auditiva y literatura. En 2016 fue nominado al Premio Compartir al Maestro.