Violentas elecciones

Es paradójico que mientras Gustavo Petro ganó la Presidencia en medio de una de las elecciones más pacíficas de la historia del país, durante su Gobierno estemos viviendo una de las campañas más violentas de la historia reciente. Sí, gracias a que la democracia colombiana estaba siendo salvaguardada por unas fuerzas armadas y un Gobierno, el de Iván Duque, respetuoso de la Constitución de 1991, de la ley y de lasinstituciones, millones de ciudadanos salieron a las urnas a votar por las promesas del “cambio”. Un año después, y en medio de la ausencia de una política de seguridad en el Gobierno de la “potencia mundial de la vida”, el Estado social de derecho y la ley han sido arrodilladas ante la criminalidad y los grupos armados que hacen fila para ser indultados como “gestores de paz”, y que descaradamente apoyan candidatos a corporaciones públicas en distintas zonas del país.

En menos de una semana se han presentado hechos que podrían pensarse aislados, pero que tienen un común denominador: llenar de miedo a la población. La estrategia, que se siente sistemática y muy organizada, parece buscar la activación de la “primera línea” y “correr las líneas éticas” con el único y perverso propósito de generar zozobra.

Varios ejemplos ilustran esta realidad que el “cambio” oculta con cómplice silencio. En Bogotá, incendiaron el CAI de La Gaitana y casi incineran a los policías que estaban en su interior. En Cali, los candidatos a la alcaldía fueron provocados por un grupo que se autodenominó “la resistencia”, que son los mismos que sitiaron a la ciudad durante el violento paro de 2021 que el entonces candidato Petro llamaba “estallido social” y que resultó más una organización criminal para afectar la propiedad privada y la economía del país. En Cúcuta, el candidato a la alcaldía de Bogotá Diego Molano fue atacado por la “primera línea” en medio de la presentación de su libro. En Medellín, al expresidente Álvaro Uribe Vélez se le aparecieron unos muchachos con el cartel de “¿quién dio la orden?” para sabotear un evento de campaña del Centro Democrático. En Taminango, Nariño, fue asesinado el concejal del Partido Verde Silvio Rocero. Y, para acabar de rematar este oscuro panorama, esta semana un grupo de hombres armados, al parecer pertenecientes al Ejército, amenazaron a la población de Tierralta en Córdoba.

Los candidatos de oposición para alcaldías y gobernaciones denunciaron que están siendo atacados con la “estrategia Guanumen” que ya el país vivió durante la campaña de Petro: noticias falsas, bodegas que “cruzan la línea ética” y atacan con mentiras, difamación, portales de “noticias” dedicados a sembrar odio y división, y, el más grave de todos: el apoyo de algunos de los gobiernos regionales que están obsesionados con mantener su poder de contratación y sus abusivos privilegios.

Las elecciones de octubre serán decisivas en varias ciudades de Colombia. La verdad es que los ciudadanos de Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales y Cartagena, solo por mencionar algunas, están hastiados del desgobierno y la falta de resultados de los mandatarios “progresistas” que destruyeron la seguridad, el bienestar y el progreso de los habitantes y que, en muchas ocasiones, dejaron las arcas de las ciudades arrasadas por su pésima administración y corrupción.

Mientras tanto, el Gobierno nacional observa y poco hace. Colombia tiene un inoperante ministro de Defensa que, eso sí, de manera diligente, ha limitado el accionar de las fuerzas armadas. El resultado es que hoy no hay quién defienda a los colombianos respetuosos de la ley, porque los delincuentes parecen tener la sartén por el mango. ¿Esta es la política de “paz total”? ¿La que premia con privilegios y dinero a los criminales más violentos, mientras que condena a la sociedad al miedo, la zozobra y la inseguridad? ¿La que negocia a escondidas el Estado de Derecho con los criminales del ELN? ¿No suena eso a un pacto con la criminalidad, como el de la Picota? ¿No están felices los criminales al saber que el Gobierno colombiano está arrodillado a sus caprichos y oscuros intereses?

¿Puede sobrevivir la democracia si los ciudadanos van a ser obligados a votar bajo la presión de los grupos armados y el narcotráfico para elegir a los candidatos de su conveniencia? ¿Esta es una nueva forma de lucha en que todo vale si favorece a los hampones?

Peor aún, ¿puede la democracia sobrevivir ante el ataque permanente de un presidente que persigue a la prensa y a los periodistas que no lo alaban ni le esconden los escándalos de su Gobierno y de su familia? ¿No debería el presidente dedicarse a gobernar y someterse al escrutinio de sus electores y de la sociedad como dice la Constitución?

Las elecciones regionales están en riesgo, las mentiras y noticias falsas están por doquier. La estrategia de desprestigio, difamación y ataque a los candidatos y sus familias ha sido desplegada. La política del odio implementada desde la Casa de Nariño ha triunfado: los colombianos están divididos.

El próximo 29 de octubre, la democracia colombiana enfrenta su desafío más notable. Un presidente que ha mostrado complacencia con la criminalidad, desprecio por la clase media y los empresarios, por la Constitución, por la ley y por la iniciativa privada, está al mando de Colombia. No es una exageración decir que en estas elecciones el sistema democrático y la concepción pluralista y respetuosa de los derechos de los colombianos están bajo amenaza. La responsabilidad es absoluta: votar con conciencia, prudencia y conocimiento. En el voto de los colombianos, como nunca, está el futuro de Colombia. ¡No hay excusas! .