Visas: cuestión de ricos y pobres

Si nos remitimos al “Informe sobre Derechos Humanos” emitido en el año 2000 por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, “las desigualdades globales en ingresos se incrementaron en el siglo XX hasta órdenes de magnitud totalmente desconocidos anteriormente. La distancia entre los ingresos del país más rico y el más pobre era de alrededor de 3 a 1 en 1820, 35 a 1 en 1950, 44 a 1 en 1973, y 72 a 1 en 1992.” ¿En cuánto irá esa distancia actualmente?

 

Cuando las cifras arrojan esos resultados que son realmente el sustento de fenómenos y situaciones como las que Colombia atraviesa en estos días, cualquier cosa puede suceder: i) Que en una invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos, nuestro país y sus fronteras se constituyan en el patio donde se guardan las armas, los tanques, las municiones y todas las herramientas necesarias para la guerra con el vecino que hasta hace poco llamábamos “hermano”; ii) Que la economía gire en torno al precio del petróleo de acuerdo a las necesidades financieras de América; iii) Que nos impongan las formas de pensar, de vestir, de comer, de caminar, etc.; iv) Que nos quiten las visas.

 

Lo oprobioso e infamante es que los estadounidenses no se están metiendo con cualquier parroquiano, sino con los miembros de las altas cortes, probado está que por sus decisiones que adoptaron o adoptarán respecto de temas como el glifosato, la política de paz y las extradiciones.

 

Y lo triste es que no hay nada que hacer. Sentarnos a llorar como el que pierde un partido con un gol como el que le hicieron al Barcelona FC en la Champions. Nada, no hay nada que hacer, porque si los magistrados se sienten heridos y se pronuncian, por ejemplo, retando a los americanos para que respeten la autonomía e independencia de la rama judicial colombiana, con seguridad les sobrevendrá investigaciones a sus bienes, a sus familias y a sus decisiones, y con certeza de una sanción a futuro.

 

El poder del grande se come al pequeño, o mejor, al pobre. Mientras en Estados Unidos el producto interno bruto per cápita es muy superior al de un ciudadano de los países latinoamericanos, las teorías de la igualdad serán nulas para siempre. ¿Cuál cooperación internacional? ¿Cuáles planes Colombia y ayuda militar y estratégica para acabar con las drogas y su comercialización?

 

A los norteños no les interesa el bienestar común de nuestras sociedades latinoamericanas, sino contar con aliados para que dictaduras ciegas e ignorantes como la de Maduro no se extiendan. Somos títeres del imperio y caemos en el juego de ellos con novelones como el de las ayudas humanitarias para los venezolanos y campañas libertarias de ese país.

 

Estados Unidos juega en nuestro escenario interno con probada amoralidad, porque como decían Grocio y Pufendorf, “las relaciones entre Estados, igual que el resto de los asuntos humanos, están reguladas por el derecho natural, es decir, por leyes morales vinculantes que imponen límites normativos a los Estados”, y porque actúa violentando los derechos de la comunidad internacional, entre ellos, la soberanía nacional. Quitarle las visas a quienes deciden en contra de sus intereses es amoral desde todo punto de vista. La cuestión se reduce a un tema de dignidad, porque el atropello deviene solo por la condición de "rico" del victimario, y de "pobre" de la víctima.

 

No es digno, aún sobre la base de la autonomía e independencia en el manejo de las relaciones internacionales de cada país, que se les quite la visa a personas que por su cargo ameritan un trato con respeto, máxime cuando les asiste principios fundamentales como a la presunción de inocencia y al debido proceso, en el eventual caso de pesar sobre ellos investigación alguna.

 

Si bien no podemos hacer nada porque la pobreza nos abriga tristemente y licencia al rico a que nos maltrate, sentamos nuestra voz de protesta contra las políticas humillantes para con nuestros conciudadanos, y seremos solidarios en la defensa de la autonomía e independencia de las ramas del poder público, particularmente, de la rama judicial.

 

(*) Abogado Constitucionalista.