Vuelve y juega

El inicio de esta nueva legislatura 2023-2024 presentó dos sorpresas para la justicia penal y la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. La primera, la insistencia en la presentación del proyecto de ley de humanización de la política criminal y penitenciaria y la propuesta de la nueva política contra las drogas (2023-2033) que generó unas apreciaciones negativas por parte de la Fiscalía General de la Nación en el Consejo Nacional de Estupefacientes.

En cuanto al proyecto de ley de humanización, debe señalarse que esta iniciativa vuelve al ruedo en el Congreso, toda vez que fracasó por la multiplicidad de dudas que generó el semestre pasado. Recordemos que se incluía una disposición que procuraba despenalizar la cadena productiva del narcotráfico. También buscaba la torpe despenalización del delito de inasistencia alimentaria, el incesto y pretendía sacar de las cárceles a personas que cometieron delitos muy graves en medio de la protesta social. Incluso, se incluía la noción de protesta social en el tipo penal de terrorismo. Afortunadamente, la iniciativa no avanzó.

Ahora, según se ha informado por el ministro Osuna, se volverá a presentar corrigiendo sus errores previos. El texto llegó a las manos de la Fiscalía para rendir su concepto ante el Consejo de Política Criminal. Al analizarlo se advirtió una suerte de “aval” para beneficiar con libertad a narcotraficantes y terroristas. Es decir, en vez de resolver la problemática penitenciaria y carcelaria, se introduce una norma para intentar “camuflar” un posible sometimiento a la justicia de grupos de criminales sin naturaleza política.

La norma incluida –artículo 24– señala que debe dárseles principio de oportunidad o perdón judicial a jefes, cabecillas, determinadores, organizadores, promotores o directores de organizaciones criminales, además de cualquier persona de esas organizaciones que hayan cometido delitos de narcotráfico, bien sea comercializadores o importadores de sustancias psicoactivas como la cocaína, la heroína o drogas sintéticas como puede ser el fentanilo. El proyecto incluye una nueva causal para justificar esta acción que se presenta “cuando la persecución penal disuada indirectamente la expectativa ciudadana de poder ejercer de manera libre un derecho constitucionalmente protegido”. En términos simples, si existe temor de un delincuente por la posible acción de la justicia y quisiera ejercer el derecho de la paz, podrá solicitar la libertad.

Esta norma ambivalente y genérica es un engaño, incluso, para las organizaciones criminales porque es inconstitucional y no permitirá hacer un sometimiento colectivo, que, como lo he indicado reiteradamente, sería necesario en el marco de la paz total. Desde el semestre pasado, luego de las conversaciones que sostuve con el presidente Gustavo Petro, se llegó a un acuerdo para presentar un proyecto de sometimiento colectivo al que la Fiscalía le formuló algunas recomendaciones. Estas no se incluyeron en su integridad, pero aun así el proyecto no se tramitó en la anterior legislatura y se hundió. Sería fundamental que, en vez de hacer tantas piruetas legislativas con párrafos e incisos soterrados, se presentara y se discutiera un proyecto de ley de sometimiento en el cual el ente acusador dejaría sus líneas de pensamiento reflejadas en la discusión.

Un segundo aspecto tiene que ver con la presentación por parte del Ministerio de Justicia del proyecto de política nacional de drogas para los próximos diez años. El texto nos fue remitido agradeciéndonos la colaboración para su implementación. Luego de revisarlo en su integridad, se observó que más allá de una política antidrogas es un plan social y ambiental que carece de lineamientos, estrategias y acciones para luchar contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

También se dificulta su implementación porque existen elementos que podrían ser contradictorios con el ordenamiento jurídico penal, lo que llevaría a que los fiscales inaplicaran algunos tipos penales.

Ante estos argumentos de la Fiscalía, la respuesta del ministro de Justicia fue que aprobarían el texto porque tienen la facultad legal y porque, a su juicio, las estrategias para la lucha judicial contra el narcotráfico y las organizaciones criminales se encuentran en otra política, que es la de seguridad. Al revisarla no encontramos atisbo alguno de esa afirmación. Es decir, no importan los argumentos de la Fiscalía porque harán lo que quieran, ya que la ley los faculta.

Es clave afirmar que la política social y ambiental frente a la lucha contra las drogas es vital. De hecho, desde el año 2016 los consumidores no son objeto de persecución penal. El 21 de junio de 2023 se profirió una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (M. P. Myriam Ávila) que estableció que “el porte de sustancias estupefacientes relativamente superiores a la dosis personal y que no tenga fines de fabricación, comercialización o tráfico, no debe ser considerado delito, siempre y cuando el propósito sea el consumo derivado de la enfermedad o adicción del portador”. Con esto el tema quedó resuelto judicialmente y la Fiscalía acompaña esas posiciones. En lo ambiental también, pero esos planes deben estar acompañados de lo punitivo.

En síntesis, tanto la política nacional de drogas como el proyecto de humanización y la misma paz total deben hacerse sobre la base del consenso y el diálogo institucional y no por el camino de la imposición. La Fiscalía está lista para conversar sobre todos los temas, pero con respeto y en democracia.