Vulnerabilidad climática y paz territorial

La polémica mundial que suscitó el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Paris contrasta con la ratificación de este en Colombia. Se siente un alivio de soberanía nacional y se perciben los pasos hacia una reforma rural integral baja en carbono. Esta ruta de país sucede justo cuando el gobierno anuncia que no se volverá a las fumigaciones de cultivos de uso ilícito pues afectan la salud de familias campesinas, dañan bosques y aguas y no resuelven el problema del narcotráfico.

Entre alivios, nuevas incertidumbres y resistencia civil para no dejar desestabilizar la paz, vivimos la conmoción que generó el feminicidio en el baño del Centro Comercial Andino. Este hecho violeto destapó otra vez, viejos rencores, imaginando culpables que buscan desestabilizar el proceso de paz, otros que quieren mantener la hegemonía de negocios oscuros a toda costa. En medio de especulaciones y desconcierto por la muerte de tres jóvenes mujeres y varios heridos, se anuncia una lluvia de decretos presidenciales para la paz. Se oye la reacción en altavoz de la oposición que busca ganar réditos políticos en este río revuelto entre la tragedia y los avances de paz.

Ante esta avalancha de eventos internacionales, nacionales y locales, nace un paquete de Decretos para la Paz que amerita destacar. Constituyen la puesta en marcha de acciones climáticas locales concurrentes con las metas del Acuerdo de Paris. El Decreto 893 sobre Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y el Decreto 884 Plan Nacional de Electrificación Rural, (se refieren al acceso a tierras, sustitución de cultivos y desarrollo rural) y el Decreto 870, Incentivos a la Conservación Ambiental, que busca vincular a las empresas, particulares y comunidades en el proceso de paz al Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales.

Estos Decretos, entre otros, contribuirán a facilitar el aterrizaje del Acuerdo de Paris en las regiones más vulnerables y exigen una ambiciosa estrategia de información y pedagogía a nivel local para explicar sus alcances. Su puesta en la escena local deberá ser de carácter vinculante, teniendo en cuenta la complejidad socio-ambiental y geográfica de cada territorio. Los Decretos de Paz deberán tener su propia cartografía regional, adaptada a las condiciones de riesgo y vulnerabilidad climática.

Se requerirá también una monumental campaña educativa para socializar los contenidos y alcances de los Decretos. Surge la pregunta: ¿Quién diseñará la campaña, cuándo, cómo, cuánto costará y con quién se ejecutará?

Las tareas educativas deberán enfocarse en hacer entender a los campesinos y comunidades rurales, de manera amigable, las metas y resultados esperados del compromiso internacional avalado por el país frente a la crisis climática global, y conectar este con propósitos locales contenidos en la Reforma Rural Integral y los decretos reglamentarios. Si el propósito es hacer entender las responsabilidades adquiridas en espacios globales, nacionales y locales, se hace necesario identificar las zonas rurales prioritarias que estén interconectadas, con el fin de optimizar los medios para poder llevar la información, sean celulares, kioskos digitales, radios comunitarias, televisión pública y otros medios de comunicación alternativos en lenguas que utilizan comunidades étnicas en varias regiones del país.

El panorama de la conectividad y de la comunicación de los mensajes de paz territorial se complejiza con la geografía terrestre y marina. Las víctimas y desplazados por la violencia y el cambio climático en regiones apartadas, deberán ser los primeros beneficiarios de campañas y programas educativos que relacionen la vulnerabilidad climática global y local y la utilidad de nuevos instrumentos jurídicos que deben concretarse en acciones para el buen vivir local. La construcción de sinergias entre las metas globales del Acuerdos de Paris y los propósitos de reforma rural integral del Acuerdo Final de Paz en zonas rurales no interconectadas, aisladas y distantes de centros urbanos, constituye un desafío mayor, sobretodo en pleno año pre-electoral.

A este reto se suma el ambiente que generan las Consultas Ciudadanas, que en muchos municipios ya han expresado posiciones ante la exploración minera y de hidrocarburos. Crece la conciencia campesina frente a los riesgos de proyectos minero-energéticos y de infraestructura, incluidas las grandes represas hidroeléctricas. Estos megaproyectos se han convertido en una piedra en el zapato para los que viven de sus pequeñas fincas en el campo. Hacen falta ejemplos seductores que ilustren los beneficios directos de una minería generosa con el paisaje y con la vida del campesino minifundista, de pescadores y agricultores que sufren de la contaminación del mercurio o del carbón, de resguardos que han sufrido las consecuencias de la coca con usos ilícitos, de la fumigación con glifosato que ha contaminado aguas, cultivos y rebaños.

¿Quién administrará con transparencia el Pago por Servicios Ambientales para que le llegue a quienes lo necesitan? Ahora hay que pasar del papel a la acción concertada.

La creación del Sistema de Pagos por Servicios Ambientales deberá ser una opción de ingreso para mantener a los jóvenes contentos, trabajando y estudiando en sus veredas. Estos Pagos deberán incluir el trabajo de excombatientes en el cuidado y restauración de bosques, en la puesta en marcha de proyectos agro-silvo-pastoriles y como guardabosques en Parques y Reservas Forestales.

Tal como reza el Decreto 870:”Las modalidades de Pago por Servicios Ambientales se refieren a los servicios ambientales que se buscan generar o mantener mediante acciones sujetas al reconocimiento del incentivo de pago por servicios ambientales. Dentro de estas modalidades se destacan los pagos por servicios ambientales de: calidad y regulación hídrica, culturales y espirituales, reducción y captura de gases de efecto invernadero, y conservación de la biodiversidad.”

Habrá entonces que diseñar una ambiciosa pedagogía para explicar los alcances de este Sistema de Pagos por Servicios Ambientales en las regiones, y el acompañamiento de estrategias de comunicación para cambiar el chip energético que impera en el campo colombiano. El Decreto 884 sobre La “Electrificación Rural” se puede interpretar como el paso firme hacia el uso de energías renovables en zonas no interconectadas. Se trataría de innovaciones tecnológicas como construcción de pequeñas represas que produzcan electricidad y reservorios de agua lluvia para las necesidades locales y otras formas de producir energías limpias.

La vulnerabilidad climática invita a “electrificar” el campo de forma distinta a las tradicionales redes y torres de alta tensión que cruzan el paisaje rural. Se abre el espacio para introducir energías eólica y solar y otras fuentes locales utilizando residuos de material vegetal y animal, de fomentar emprendimientos, ecoturismo bien planeado y servicios sociales de proximidad.

En esta visión de un desarrollo rural integral sostenible, es oportuno el lanzamiento de la Política Nacional de Cambio Climático y la presentación en sociedad de los aportes de la 3a Comunicación Nacional del IDEAM: el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático para los municipios de Colombia. Estos estudios abonan argumentos científicos para cumplir con la meta nacional de desarrollo bajo en carbono de mediano plazo: la reducción progresiva de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero de 20 % (y hasta un 30 % condicionada) respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030.

Para que se pueda poner en práctica la Política Nacional de Cambio Climático, se proponen las estrategias territoriales de desarrollo urbano, desarrollo rural, manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos, resilientes al clima y bajos en carbono. Se sugieren dos estrategias sectoriales relacionadas con temas que potencialmente tienen consecuencias altas en términos de riesgos asociados al cambio climático en todo el territorio nacional: desarrollo minero-energético y desarrollo de infraestructura bajos en carbono y resilientes al clima.

Habrá mucha tela que cortar para negociar estas estrategias con sectores tan sensibles como el minero-energético, el de infraestructura y el de urbanización. Reducir la vulnerabilidad climática y concretar la paz territorial implicará mucha generosidad de parte de los que concentran la tierra, ser consecuentes con los compromisos pactados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y prácticos con las metas locales del Acuerdo de Paris asociado al Acuerdo Final de Paz.