¿Y ahora qué?

El Gobierno empujó las últimas fichas de dominó y no quedó con la mesa vacía para poder construir el sistema de salud que quisiera. Desafortunadamente, dejó un inmenso desastre, del cual parece no darse cuenta, o no quiere percatarse. No hay una hoja en blanco para arrancar desde cero: inmenso error. Ahora, le corresponde reconstruir desde la debacle. Gigante tarea de impredecibles, pero muy factibles resultados negativos para todos los colombianos.

Irónicamente, ese fue el escenario que, durante al menos dos décadas subsecuentes, los diferentes ministros de salud luchamos por evitar. Ningún antecesor quiso destruir para reconstruir por una sencilla razón: nadie visualizaba un diseño de nuevo sistema que compaginara un derecho –casi infinito– a la salud, con la limitación de recursos que representaba disponer de apenas $ 1,400 dólares anuales por cada colombiano, para cubrir el amplio plan de beneficios más lo no incluido y que, de manera irremediable, llegaba a través de tutelas.

No fue que los ministros anteriores no hubieran hecho nada –como se ha querido dar a entender a los incautos–. Se hizo mucho. El objetivo siempre fue buscar, hasta debajo de las piedras, los recursos necesarios y suficientes para que el sistema siguiera funcionando, mientras se efectuaba la reestructuración de largo plazo que se requería. Ningún “técnico” fundamentado emprendería o recomendaría un cambio “de golpe” que afectara el acceso de la población a los servicios. Ahora lo tenemos de frente y sin anestesia.

Ningún sistema de salud en el mundo puede cubrirlo todo. Algunos países segmentan los servicios y dejan a muchas poblaciones, usualmente las menos favorecidas, sin una real garantía de cobertura. Latinoamérica reúne muchos de esos casos, los pobres terminan pagando de su bolsillo, haciendo colectas por lo poco que los hospitales públicos les brindan. Muchos mueren por la deficiente atención de sus problemas de salud. En países donde impera el Estado de bienestar –Europa y Canadá–, la demanda se modula mediante las listas de espera de meses o años para una cirugía, y donde la norma es el racionamiento implícito de medicamentos.

En Colombia esto no ocurrió porque hemos tenido un Estado garantista donde la tutela nos empujó siempre a entregar servicios y medicamentos. En ese entorno, fuimos capaces de ofrecer muchos servicios con tan pocos recursos. Esto tuvo consecuencias como tiempos largos para el pago de carteras y sistemas inadecuados de contratación del recurso humano.

El gran problema que enfrenta el Gobierno es que mató el tigre sin poseer un plan sobre cómo resucitarlo. La reforma era tan absurda que se cayó por antitécnica, no por política. Ahora pretenden traer otro tigre. El problema es que la enfermedad subyace en el tigre muerto y va a contagiar al nuevo inmediatamente antes de que pueda reaccionar. No será con la prevención que se resolverá el problema, como tozudamente se enfatiza en la narrativa.

La prevención, con excepción de las vacunas que ya están incluidas en el plan vigente, son las únicas estrategias preventivas de efectos inmediatos. Ninguna otra solucionará, de la noche a la mañana, la enfermedad de más de ocho millones de diabéticos, enfermos de cáncer, renales e hipertensos que tiene el país en la actualidad. La plata para atenderlos no está solo en la UPC, está en los mecanismos de pago e incentivos de los contratos de compra de servicios de las EPS. Pero nadie parece entenderlo.

El antígeno prostático es buen ejemplo. Es tan inespecífico para diagnosticar el cáncer de próstata que algunas asociaciones científicas norteamericanas recomiendan no hacerlo. Se requieren resonancias, biopsias, consultas especializadas con urólogos para llegar al diagnóstico certero y eso cuesta. En el sistema actual, eso está cubierto y es posible brindarlo porque las EPS, a través de años y negociaciones informadas, lograron llevar los precios de esos procedimientos a valores pagables. Pero ahora, con el derrumbe del dominó, eso se perdió y todos barajarán de nuevo y querrán crecer en el precio y la ´tajada´. Al final, todos perderemos. Solo ganarán quienes diseñen pólizas de seguro privado para los pocos que puedan pagarlas. Irónicamente, veremos cómo el mayor esfuerzo para estatizar la salud terminará con un sistema más privado e inequitativo que hayamos visto en la historia de nuestro país.

Esa derruida mesa de dominó, en manos de la Superintendencia Nacional de Salud, es el escenario más oscuro que se pueda imaginar. La ‘Súper’ tiene limitaciones para ejercer la vigilancia y control del sistema, pero nunca fue diseñada para administrar el aseguramiento en salud de los colombianos. No tiene los conocimientos; no cuenta con los procesos; no tiene la gente ni mucho menos la experiencia. Ya la intervención de SaludCoop mostró elocuentemente cómo no cuenta con las capacidades idóneas de intervención para manejar directamente el aseguramiento. Es imposible controlar las decisiones de interventores públicos con chequeras gigantes y nulos controles.

En el manejo de la salud de 25 millones de los colombianos, ¿quién controlará a la Superintendencia de Salud? Con evidentes conflictos de interés, quedó súbitamente transformada en administrador general del sistema. Sin que nadie la ronde, sin que un tercero revise y pueda actuar frente las quejas de los usuarios de las EPS bajo su intervención, nadie diferente a ella revisará los contratos de prestación de servicios: una puerta completamente abierta hacia la corrupción.

Durante el gobierno anterior, las actuaciones de la Superintendencia se dirigieron a intervenir para liquidar las EPS consideradas inviables, esas sí, con su respectivo estudio completo y verificable. No es cierta la actual narrativa que se ha querido vender de que las 13 intervenciones del Gobierno Duque son lo mismo que las intervenciones de hoy.

Existen dos diferencias fundamentales frente a esas erradas interpretaciones. La primera es que las EPS que acaba de intervenir el actual gobierno son viables, si el Gobierno cubre las deudas que les tiene. La segunda, en el gobierno anterior, sí existía un plan, diseñado desde la campaña del presidente Duque: Se depuró el sistema con la liquidación de las EPS inviables después de largos procesos de vigilancia, planes de recuperación, medidas cautelares de giro. En el caso de Coomeva, por ejemplo, se tomó posesión por solo dos meses, para conocer información y se tomó decisión de fondo.

Para atender la situación financiera del sistema, se ejecutó durante tres años un programa de pago de las deudas atrasadas conocido como Acuerdo de Punto Final, donde se pagaron los 7 billones, prácticamente la totalidad de las cuentas que tanto las EPS como las IPS pudieron presentar y que no estuviesen en litigio en los juzgados. Todo para reducir el aseguramiento a aquellas EPS viables y con capacidades financieras reales. Casi 10 millones de afiliados de las EPS intervenidas se redistribuyó a mejores EPS, mejorando la calidad de la atención.

Y con ese sistema ‘inviable’, como se tilda hoy sin evidencia, se logró atender la pandemia, que fue considerada la peor crisis de salud pública en toda la historia de Colombia. Tremenda responsabilidad histórica asumió ahora el actual gobierno con la salud de los colombianos. ¿Y ahora qué?