¿Y Juan Manuel Santos qué?

El próximo lunes 10 de julio, la Fiscalía General de la Nación les imputará cargos a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David por el ingreso de dineros de la multinacional de la corrupción Odebrecht, en la campaña presidencial de 2014.

Los audios que fueron revelados por revista SEMANA son demoledores. Zuluaga sabía que esos dineros entraron y, según las conversaciones que sostuvo con Daniel García Arizabaleta, en el Consejo Nacional Electoral todo fue arreglado para que se silenciara el escándalo.

Pero no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Zuluaga nunca imaginó que sería su interlocutor el que entregaría las grabaciones en las que se revelan los presuntos delitos que hoy los tienen a él y a su hijo con un pie en la cárcel.

Pero no solo ingresaron dineros de Odebrecht a la campaña de Zuluaga. Hay indicios de sobra de que sucedió lo mismo en la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. De hecho, esta semana la exministra (ahora eximpoluta) de Transporte Cecilia Álvarez fue imputada por la Fiscalía por el contrato de Ocaña-Gamarra, en el que se pasaron por encima todo el articulado de las leyes de contratación, con el objetivo de darle el contrato a la multinacional brasileña. ¿Ese contrato era un pago de favores?

Para Odebrecht era irrelevante quién ganara y por eso apostaron por los dos candidatos, porque la “paz” era lo de menos (como siempre), lo que importaba eran los negocios.

Está claro que Roberto Prieto, el gerente de las dos campañas de Santos, aceptó en una entrevista para Blu Radio que Odebrecht pagó unos afiches por 400.000 dólares y que no fueron registrados en las cuentas de la campaña. Es claro también que cuando se supo todo esto, Santos se dirigió a la nación para pedir disculpas y, al mejor estilo de Ernesto Samper, decir “me acabo de enterar”.

Pero lo de 2010 es un tema menor comparado con lo que pasó en 2014. El exfiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió que la plata de Odebrecht entró a las dos campañas. El único que pagó cárcel fue Roberto Prieto, pero no por la campaña de Santos, sino por el contrato de 2010 adjudicado a Yuma Concesionaria, cuyo socio mayoritario era la firma italiana Salini Impregilo, para la construcción de un tramo de la Ruta del Sol.

Los investigadores que interceptaron la línea telefónica de Prieto, grabaciones que revelaron en su momento Vicky Dávila y Jairo Lozano en la W Radio, dejaron ver que a Prieto lo dejaron solo y que él decidió defender al expresidente Santos, como se evidencia en conversaciones que sostuvo con Claudia Castro, mano derecha de María Clemencia de Santos, y Enrique Riveira, secretario privado del exmandatario (o sea el Laura Sarabia de Santos).

En esas grabaciones también se conoció que Roberto Prieto le pidió a la auditora general de la campaña, Araceli Rojas, que destruyera documentos de la contabilidad de la campaña y hasta se supo que el propio Santos le habría pedido (a Araceli) que no fuera a la cita con el Consejo Nacional Electoral; mejor dicho, que guardara silencio. Igualito que lo que le pidió Óscar Iván Zuluaga a Daniel García.

Pero hay más. El Ñoño Elías, desde la prisión, no se cansó de decir que a la campaña de Santos de 2014 ingresaron dineros de Odebrecht, pero que solo a unos cuantos los dejaron pagando cárcel: al Ñoño, a Prieto y a Otto Bula, quien confesó que le hizo llegar a Prieto un millón de dólares en medio de la campaña.

La plata también habría entrado a través de empresas como Gistic Soluciones S. A. S., de Andrés Sanmiguel, quien permitió que le girarán 3.850 millones de pesos de la multinacional para luego supuestamente entregarlos a Esteban Moreno, el enlace con la campaña de Santos. A pesar de todas las pruebas en contra de Moreno, ha sido imposible que la Fiscalía le impute un solo delito desde 2019.

Hoy, el contexto político ha cambiado y mucho. El petrismo, que tanto cuestiona las decisiones de la Fiscalía que dirige Francisco Barbosa, ha guardado silencio desde que se conoció la imputación de cargos en contra de Óscar Iván Zuluaga. Los audios revelados por revista SEMANA no fueron cuestionados por las barras bravas del actual Gobierno y, por el contrario, alzaron su dedo acusador, como era obvio, en contra del uribismo.

Óscar Iván y su hijo deben pagar por los delitos que cometieron. Pero hay demasiados indicios que muestran que Juan Manuel Santos tiene cuentas pendientes con la justicia y que son más graves que los delitos cometidos por Zuluaga, porque Santos era el presidente de la república.

Queda claro que la Fiscalía General de la Nación está actuando con independencia. Con la imputación a Zuluaga y a Cecilia Álvarez, Francisco Barbosa cumple con su palabra de que en el caso de Odebrecht habría resultados. Ojalá le alcance el tiempo para determinar si hubo plata de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos y si el exmandatario sabía o no. Y ya que la Corte Suprema de Justicia negó la recusación que interpuso Nicolás Petro en contra de Francisco Barbosa para evitar que lo investigara, pues que el fiscal aproveche estos últimos meses de su administración y produzca resultados para que el país sepa si el hijo del presidente recibió platas de exnarcotraficantes y si estas llegaron o no a la campaña del actual mandatario. Y que se haga justicia y los responsables de estas actuaciones paguen en la cárcel por sus delitos.