¿Y la plata de los corruptos qué?

Los ‘indignómetros’ del país se dispararon esta semana por cuenta de las libertades condicionales y las detenciones domiciliarias concedidas respectivamente a Guido Nule, Mauricio Galofre y Emilio Tapia, protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá.

Los colombianos y ciertas autoridades le cargaron toda la responsabilidad a los jueces que aplicaron normas que –nos gusten o no– existen en la legislación penal colombiana. Claro, culpar

a los operadores judiciales siempre es la salida fácil para evitar que hablemos de los temas que de verdad importan y de las fallas que existen en el enfoque que le estamos dando a la lucha contra la corrupción.

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Ahora que vuelven las voces del populismo punitivo, que piden que se endurezcan las penas y se restrinjan los beneficios penitenciarios para quienes cometen delitos contra la administración pública, vale la pena recordar que la cárcel no es el coco de los corruptos, no les da miedo y no los disuade; sobre todo, porque saben que sus centros de reclusión son distintos al del resto de presos y que más temprano que tarde podrán recurrir a las siempre convenientes ‘depresiones’ o enfermedades graves para que los jueces les concedan determina/dos beneficios.

A los Nule o a Samuel Moreno pueden tenerlos detenidos de por vida y, sin embargo, siempre habrá una razón para creer que sus actos de corrupción estarán bien compensados. Esa razón tiene que ver con que el Estado es incapaz de perseguir sus bienes o que, en el mejor de los casos, los procesos de extinción de dominio o de indemnización a las víctimas terminan en embargos que duran años sin que los dineros que se robaron puedan ser efectivamente recuperados.

¿De qué nos sirve tener 8 o 10 años más a los Nule presos si no hemos sido capaces de que le devuelvan al Distrito los 360.000 millones de pesos que le deben, o los otros 13.000 millones de indemnización a los que fueron condenados inclusive con una ratificación de esta sanción por parte de la Corte Constitucional? ¿En qué nos resuelve la vida a los colombianos meterlos a la cárcel de por vida si todavía no hemos sido capaces de concluir la extinción de dominio de sus dos apartamentos en Miami o de recuperar los 7.000 millones de pesos en bienes de estos bandidos en Bogotá, Sucre y Cartagena?

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Otro tanto sucede con los famosos juicios de responsabilidad fiscal emprendidos por la Contraloría General. Samuel Moreno, por ejemplo, pasa sus días rodeado de espacios verdes en una sede de la Policía Nacional, y no le saldrá una cana más por cuenta de esa reclusión mientras siga tan tranquilo sin pagar su deuda por más de 174.000 millones de pesos a la que fue obligado por el ente de control.

Ni hablar del controvertido Carlos Palacino. Le debe a la Nación, con una condena fiscal ya ejecutoriada, más de un billón de pesos que no ha pagado ni pagará nunca porque el Estado carece de herramientas efectivas para sancionar a estos pillos en donde más les duele: sus bolsillos. Ni qué decir del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, que por sus fechorías en la industria licorera de ese departamento fue condenado a pagar algo más de 40.000 millones de pesos que no ha devuelto ni devolverá. Todos fueron a parar a una cárcel, pero no existe en ningún caso una reparación patrimonial efectiva.

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¿Seguimos pensando entonces que el problema es la cárcel y no la plata? ¿Queremos verlos pudrirse en unos centros penitenciarios que, entre otras, pagamos los colombianos de nuestros impuestos, pero no les exigimos a las autoridades que los despojen de sus bienes y nos devuelvan con intereses lo que nos quitaron?

Estamos equivocando el debate y, mientras tanto, los corruptos se ríen en nuestra cara porque saben que en el análisis de costo-beneficio sus actos siempre habrán valido la pena. ¡Es la ley de extinción de dominio contra los corruptos la que hay que endurecer y cambiar; no el Código de Procedimiento Penal!