¿Y las otras plataformas digitales para cuándo?

La definición de procrastinar consiste en aplazar responsabilidades que deben atenderse por otras actividades que resultan más agradables pero que son intranscendentes. Sucede lo mismo con la regulación de diversas plataformas digitales en el Congreso de la República que están hace años inmersas en la economía.

Las plataformas tecnológicas ofrecen comodidad, tiempo y costos para usuarios en el sector transporte (Beat, Cabify, Didi, Uber); en el hotelero (Airbnb, Booking, Homeaway); en el servicio de domicilios (Rappi, Mensajeros Urbanos) e incluso la televisión pública (Netflix), pero también generan un malestar permanente en la economía formal por falta de orden y dirección del Estado.

A la falta de regulación por años, se presentan hoy cuatro proyectos legislativos que buscan regular y legalizar las plataformas de transporte. Incluso senadores como Álvaro Uribe y Jorge Enrique Robledo entraron en el debate.

A nivel mundial se afirma con frecuencia que las plataformas maltratan los marcos regulatorios, encontrando la comba y fallos a la norma: es parte de la ya conocida visión del negocio expansivo de Travis Kalanick, en el cual el tire y afloje ante los gobiernos nacionales y locales para reglamentar su oferta de transporte es aprovechada con cierta atonía de los poderes públicos. No en balde, amenazó Uber con irse del país y en pocos días estuvo de vuelta.

Se argumenta también que las plataformas aumentan el tráfico en las calles, más que lo que prometen reducirlo. Y con base en un sistema exitoso soportado en, dejen hacer, dejen pasar, desata una carrera a la baja de las condiciones laborales de conductores legales e ilegales, pero no se ve reflejado igual en los precios para los usuarios.

Las discusiones en el Congreso se darán en un país donde las plataformas llegaron para quedarse, y en medio de una crisis económica sin precedentes, deciden agremiarse para fortalecer su posición. La experiencia internacional demuestra que tienen la capacidad de reclutar para su causa a usuarios, conductores, anfitriones, domiciliarios y hasta legisladores. En términos de regulación ya está todo inventado para nivelar la cancha con experiencias internacionales. Los proyectos de ley serán acumulados por unidad de materia, convirtiéndose en una única propuesta para su trámite. Quizás ese proceso de unificación de proyectos con legisladores tan opuestos termine nuevamente en nada.

Hasta el momento los cuatro proyectos de ley apuntan a diversos asuntos que de una u otra manera contrapesan las reglas del juego en el transporte: coinciden en que las plataformas sean consideradas servicio público; promueven su registro y formalización ante autoridades de transporte; restringen el número de oferta de vehículos en circulación; proponen mayor intervención de las alcaldías en la planeación del transporte público individual; garantizan los aportes de seguridad social, de tributación y controlan las tarifas. En el control de tarifas castiga los precios a favor de los usuarios; sin embargo, favorece la presión a sus competidores (los taxis), para que el músculo financiero y especulativo no los lleve a la quiebra.

En el sector turismo, se ha avanzado en construir datos públicos sobre la penetración de plataformas de hospedaje. Estudio del Instituto Distrital de Turismo señala que únicamente en Bogotá se tienen identificadas 20.650 propiedades en alquiler. Otros estudios señalan que las plataformas de hospedaje vendieron, únicamente en Bogotá, más de 40 millones de dólares en cuatro años. En condiciones similares están otras ciudades turísticas del país y con especial atención, la isla de San Andrés, que ha sufrido de una explosión incontrolada en construcción de “posadas nativas”.

La expansión vertiginosa de Rappi es mostrada como caso exitoso en detrimento de los problemas que genera a diario sobre espacio público, seguridad y condiciones laborales. Eso sí, hay que reconocer, que la plataforma de las maletas naranjas se convirtió en soporte de ingresos de la migración venezolana. La televisión pública ha señalado en reiteradas ocasiones que las inversiones millonarias no compiten en igual condiciones a la expansión que han tenido plataformas como Netflix al interior de los hogares colombianos.   

La estrategia de todas las plataformas ha sido negarse a ser reguladas hasta donde más sea posible y, cuando los vientos en contra son más fuertes, deciden dar un paso al lado y promover regulaciones que generen formalización y les permitan continuar con el próspero negocio.

Esta no es una invitación al oscurantismo en la era digital. Al contrario, es un mandato imperativo, en momentos en que nos encontramos con desempleo superior al 20 por ciento, y aumentando, se creen condiciones para que las plataformas contribuyan a la recuperación económica; como alternativa de ingresos para desempleados, estudiantes e inmigrantes; en nuevas fuentes de tributación y de acceso a mayores datos para tomar adecuadas decisiones de política pública.