¡Ya basta!

La cámara de representantes de Estados Unidos acaba de pasar un proyecto de ley que condiciona la ayuda para la lucha contra el narcotráfico a Colombia por cuenta de que esta se estaría desviando para chuzar y hacer seguimientos ilegales a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. Así lo ha denunciado la revista SEMANA desde hace mucho tiempo.

Lo que nos está diciendo la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es que hay un serio problema en nuestras Fuerzas Militares y en nuestros organismos de inteligencia que necesita ser urgentemente revisado y que la tesis planteada por el Gobierno Duque de que se trata de unas simples manzanas podridas es ya inaceptable.

“No vamos a permitir que se utilicen dineros de los impuestos de los norteamericanos para hacer seguimientos ni interceptaciones ilegales. ¡Ya basta!”, exclamó el congresista demócrata Jim McGovern, autor del proyecto de ley, en una explosiva entrevista que le hice el jueves pasado para Semana en vivo, en la que también confesó que este proyecto lo ha debido presentar desde hace mucho tiempo, cuando se presentaron los primeros escándalos de chuzadas y de seguimientos en el DAS bajo el Gobierno del presidente Uribe. “Si por mí fuera, yo estaría de acuerdo en congelar la ayuda a Colombia”, dijo, como si se les hubiera agotado ya la paciencia con las Fuerzas Militares colombianas y los organismos de inteligencia.

Si el proyecto es aprobado por el Senado –lo que es muy probable–, se debería de inmediato crear una comisión de investigación que tendría que entregar un informe en los 120 días siguientes a la firma de la ley con el objeto de establecer si se utilizaron dineros de la ayuda en los seguimientos y chuzadas ilegales denunciadas por la revista SEMANA. La comisión deberá investigar las ayudas a Colombia desde el año 2002 –fecha en que llegó Álvaro Uribe al poder– hasta hoy (especial énfasis se hace en los años 2018-2019, cuando estalló el escándalo publicado por The New York Times en el que se denunció que bajo el general Nicacio Martínez se habría reintroducido la doctrina militar que se utilizó en la administración Uribe y que produjo los falsos positivos). Para José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, esta es la primera vez que se le impone a la ayuda de un país aliado un tatequieto con tan severos condicionamientos.  

Aunque en el proyecto se alienta a la justicia colombiana para que haga las investigaciones pertinentes, es evidente que la creación de una comisión de investigación en la que deberán intervenir todas las agencias del Gobierno norteamericano indica que el Congreso ha decidido actuar e investigar por su propia cuenta ante la incapacidad que ha demostrado el Estado colombiano para frenar los escándalos.  

Esto al menos nos debería poner a los colombianos a reflexionar sobre el país que tenemos y sobre el hecho innegable de que no solo hay una crisis profunda en nuestras Fuerzas Militares, sino en nuestra justicia y en especial en nuestra Fiscalía.

Un Estado y una Fiscalía que son incapaces de investigar lo que sucede en las Fuerzas Armadas y que prefieren mirar para otro lado no son los mejores cimientos para una democracia basada en el derecho que dice respetar los derechos humanos.     

Durante más de diez años la revista SEMANA, en cabeza de Ricardo Calderón, ha venido denunciando chuzadas y seguimientos ilegales a periodistas, políticos de la oposición y defensores de derechos humanos sin que las investigaciones en la Fiscalía hayan arrojado mayores luces sobre la red que las impulsa. La sociedad colombiana, que se ha vuelto indiferente ante las atrocidades, se ha ido acostumbrando a estos escándalos como si chuzar y perfilar a periodistas y a defensores de derechos humanos fuera parte de nuestro paisaje. Sobre las chuzadas en la sala gris, nada se sabe. Sobre las de la sala Andrómeda tampoco. Lo mismo sucede con las de la Dipol y con el escándalo más reciente, que es el de las Carpetas Secretas.

Resultó siendo la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la que terminó exponiendo la crisis de nuestras Fuerzas Militares que este Gobierno todavía niega. ¿Cuál va a ser la reacción del presidente Duque ante este proyecto de ley que fue aprobado por abrumadora mayoría? ¿Acaso los van a señalar de castrochavistas por querer dañar la buena imagen de nuestras Fuerzas Militares? ¿Maduraremos algún día? ¿O acaso va a permanecer en silencio como si nada hubiera sucedido?

Vaya paradoja: mientras en Colombia estas denuncias de chuzadas y de seguimientos se nos han vuelto pan de cada día, y se están apolillando en la Fiscalía, en la Cámara de representantes de los Estados Unidos no las van a permitir más. Mucho menos si estos seguimientos ilegales se están haciendo con la ayuda que se le da a Colombia para combatir el crimen y la droga.

Uno no sabe si reír o llorar.